El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, uno de los principales espacios culturales de Estados Unidos, cerró este miércoles su edificio principal por decisión de la junta directiva controlada por Donald Trump, luego de que la Justicia volviera a impedir que el nombre del mandatario fuera colocado en su fachada.
Durante la mañana se instalaron vallas alrededor del complejo, ubicado a orillas del río Potomac, mientras el personal de seguridad bloqueó el ingreso del público. La junta había aprobado la clausura casi por unanimidad un día antes, con el argumento de que existen problemas estructurales que obligan a realizar reparaciones de manera inmediata.
Sin embargo, el cierre profundizó la polémica debido a que se produjo pocas horas después de que el juez federal Christopher Cooper rechazara un nuevo intento de incorporar el nombre de Trump al edificio. El presidente advirtió que las obras no comenzarán mientras la Justicia mantenga esa prohibición.
“El proceso de reconstrucción no puede comenzar hasta que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia se pronuncie sobre el nombre aprobado por la junta”, sostuvo Trump en su cuenta de Truth Social. Además, anticipó que, si el fallo vuelve a ser adverso y no es revertido por la Corte Suprema, la renovación directamente no se realizará.
El Congreso estadounidense ya destinó u$s257 millones para las refacciones del complejo, afectado por décadas de mantenimiento postergado. Trump también aseguró que reunió otros u$s17 millones para el fondo patrimonial de la institución.
Las razones del cierre y las sospechas de la oposición
Las autoridades del Centro Kennedy aseguraron que la clausura responde exclusivamente a cuestiones de seguridad. Como prueba mencionaron el desprendimiento reciente de una parte del techo en uno de los pasillos principales, que cayó cerca de un empleado de seguridad.
La vocera del establecimiento, Roma Daravi, afirmó que las fallas acumuladas en la infraestructura dejaron al edificio en una situación crítica y que el cierre era inevitable. La oposición, en cambio, cuestionó ese diagnóstico y acusó al mandatario de utilizar las reparaciones como una herramienta de presión.
Los abogados de la congresista demócrata Joyce Beatty, integrante de oficio de la junta y responsable de la demanda contra el cambio de nombre, señalaron que los consultores citados por las autoridades nunca concluyeron que el complejo estuviera imposibilitado de continuar abierto.
Beatty solicitó una audiencia judicial de emergencia para frenar lo que calificó como una “clausura ilegal”. Sus representantes alertaron además que las autoridades podrían comenzar a bloquear accesos o modificar partes del edificio antes de que finalice el litigio.
La legisladora también mantuvo un fuerte cruce con Trump durante la reunión virtual de la junta. Según relató, el mandatario la llamó “incompetente” y la responsabilizó por cualquier accidente que pudiera producirse si el recinto continuaba funcionando.
La disputa por el nombre del Centro Kennedy
El conflicto comenzó después del regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. El republicano reemplazó a gran parte de la conducción del Centro Kennedy, desplazó a sus antiguas autoridades y se convirtió en presidente de su junta directiva.
Desde entonces criticó la programación del complejo por considerarla demasiado “woke” y promovió una reorientación de su oferta cultural. Los cambios provocaron renuncias, cancelaciones de artistas y una fuerte caída en la venta de entradas.
La nueva administración llegó a colocar el nombre de Trump sobre la fachada del edificio. No obstante, Cooper ordenó retirarlo al considerar que la denominación del centro está establecida por una ley federal y solo puede ser modificada por el Congreso.
En agosto, la junta buscó una fórmula alternativa y aprobó una inscripción que presentaba al complejo como “restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”. También propuso rebautizar la plaza ubicada frente al edificio y sumar una referencia al fondo de donaciones creado para financiar su recuperación.
El juez bloqueó todas esas iniciativas y sostuvo que las autoridades no pueden instalar homenajes a Trump ni a ninguna otra persona sin la aprobación del Poder Legislativo. Según el magistrado, la resolución impulsada por la junta contradice tanto una orden judicial previa como la legislación que convirtió al edificio en un memorial dedicado exclusivamente a John F. Kennedy.
La decisión provocó críticas de la familia Kennedy. Maria Shriver, sobrina del expresidente asesinado en 1963, calificó el enfrentamiento como una “tragedia” y cuestionó que Trump condicione la reparación de un edificio público a la posibilidad de colocar allí su nombre.
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