Desde su estudio de Pergamino y frente a los equipos jurídicos del Estado, Marcelo Risso lleva años dando una batalla que él mismo compara con la de “David contra Goliat”. Productor agropecuario y abogado, presentó un amparo para cuestionar el cobro de las retenciones. Perdió en primera instancia y ante la Cámara Federal de Rosario, pero decidió continuar. Llevó su reclamo hasta la Corte Suprema y ahora espera que el máximo tribunal acepte analizarlo. “Estoy luchando contra prácticamente todo el departamento jurídico de ARCA, que son cientos de abogados que tienen todos los recursos a la mano, y yo soy acá solito en mi estudio con una computadora y nada más”, contó a LA NACION.
La familia de Risso se dedica a la producción agropecuaria en Pergamino desde hace cinco generaciones. Además de seguir ese camino, también se recibió de abogado, lo que le permitió encargarse de su propia demanda.
“Soy el único productor que, a título individual, promovió un amparo contra las retenciones. No conozco que haya habido otro que se la juegue para ir a pelear una guerra al mejor estilo David contra Goliat”, expresó. La disputa que derivó en su presentación judicial, que se materializó con un amparo el año pasado, se remonta a 2021 cuando el Congreso rechazó el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Alberto Fernández. Para Risso, con esa decisión también venció la facultad delegada al Poder Ejecutivo para fijar las retenciones. “Dije: ‘La Justicia dice que los que tienen que promover esto son los agricultores a nivel individual; voy a meter una acción a nivel individual’”, recordó.
En 2025 presentó el amparo ante el Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, contra el Poder Ejecutivo Nacional y ARCA. Pidió que se declararan inconstitucionales los decretos con los que distintos gobiernos mantuvieron o modificaron las alícuotas: primero cuestionó el 851/2021 [Alberto Fernández fijó retenciones al inicio de su mandato] y el 38/2025 [cuando Javier Milei dispuso una reducción temporal por seis meses] y luego incorporó, como hecho nuevo, el 526/2025 [se hizo permanente una reducción de alícuotas]. Además, reclamó la devolución de US$84.169 que consideró cobrados de más entre 2022 y 2024.
LA NACION accedió a la demanda, la contestación de ARCA, la sentencia de primera instancia, las apelaciones, el fallo de la Cámara Federal de Rosario, el recurso extraordinario y la queja ante la Corte Suprema. Para sostener su reclamo, Risso se apoyó en “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388), una sentencia de 2014 en la que la Corte estableció que los tributos deben ser creados por una ley formal y fijó límites a las facultades que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo. Según el productor, ese criterio también debe aplicarse a los derechos de exportación.
Pero su presentación no se limitó a discutir quién tiene la facultad de fijar las retenciones: también buscó demostrar que, aunque formalmente el derecho de exportación lo paga el exportador, su costo termina trasladado al productor mediante un menor precio por los granos. Para respaldarlo, acompañó liquidaciones de operaciones con soja, maíz y trigo, junto con las planillas de la Secretaría de Agricultura con los valores FOB. “Queda patente que el costo de la retención no lo paga el exportador, sino que lo paga el productor a través de una traslación del impuesto al precio”, afirmó.
El Poder Ejecutivo ni siquiera contestó la demanda y quedó en rebeldía, según se explicó. ARCA sí lo hizo y pidió que el amparo fuera rechazado por considerar que no era la vía adecuada. Además, sostuvo que el productor carecía de legitimación para reclamar porque el sujeto obligado a pagar el tributo es el exportador y no quien produce el grano. Frente a ese argumento, como se dijo Risso buscó demostrar que el costo del impuesto, aunque formalmente lo pague el exportador, termina recayendo sobre el productor porque se descuenta del precio de los granos.
La sentencia de primera instancia llegó el 31 de octubre de 2025. El Juzgado Federal de San Nicolás le dio la razón a ARCA, aunque reconoció expresamente que el costo del impuesto “se traslada” al precio que cobra el productor, tal como sostenía Risso. Pese a ello, rechazó el amparo al considerar que carecía de legitimación para reclamar porque no era el sujeto obligado a pagar el tributo.
Es decir, la Justicia reconoció su argumento, pero rechazó el amparo por una cuestión formal. Risso apeló y, el 5 de mayo de 2026, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó el fallo porque consideró que no había probado una relación directa entre el tributo y el precio cobrado. ARCA también citó un fallo que rechazó un reclamo similar de la Sociedad Rural de Junín. Así, la Justicia no analizó la legalidad de las retenciones, sino si el productor estaba habilitado para cuestionarlas.
Risso presentó entonces un recurso extraordinario federal, que la propia Cámara denegó el 6 de agosto de 2026 por considerar que no había cuestión federal suficiente. El 13 de agosto presentó ante la Corte Suprema un recurso de queja para que el máximo tribunal revise si ese rechazo fue correcto. “Estoy justamente en esta instancia. Hay un expediente en la Corte Suprema para que analice si el rechazo al recurso fue bien o mal denegado”, explicó. Si el máximo tribunal acepta la presentación, podrá estudiar el caso. Si la rechaza, la sentencia quedará firme y terminará su camino judicial.
Risso contó que decidió volver a la Justicia después de que no se cumpliera, según indicó, una promesa de campaña de Javier Milei de eliminar las retenciones. Como muchos productores, esperó durante 2024 y buena parte de 2025, pero consideró que las bajas parciales resultaron insuficientes. “Milei ganó en 2023 y las retenciones las van bajando de a poquito. Y la verdad es que esto es como que ya no sirve, sobre todo porque en los últimos dos o tres años hubo una escalada brutal de los costos en el campo. Era muy necesario que el Gobierno realmente bajara las retenciones a cero”, afirmó. Además, sostuvo que los márgenes de la actividad se vienen achicando por el aumento de los costos. “Cuando se gana, se gana poco y cuando se pierde, se pierde todo”, señaló.
En este contexto, después de escuchar a Nicolás Pino decir que la Sociedad Rural Argentina (SRA) buscará alcanzar “retenciones cero por ley y para siempre”, Risso decidió que era el momento de contar su historia y dar a conocer la batalla judicial que sostiene desde hace años. “Siempre me pareció que este es un tema de estricta justicia y por eso decidí dar este paso”, concluyó.
LA NACION buscó una opinión de la Secretaría de Agricultura sobre el caso del productor, pero declinaron hacer comentarios.
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