El fiscal de la causa Contratos Truchos, Ignacio Aramberry, se refirió a la detención de Alejandro Almada, acusado de ser uno de los principales recaudadores de los fondos públicos desviados de la Legislatura de Entre Ríos con el mecanismo de los contratos.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Aramberry sostuvo que se enteraron de la situación de vida del imputado “a partir de una información muy reciente con la que contábamos en estos días y teníamos cierta sospecha de que el imputado no se encontraba en el domicilio que había constituido en la ciudad de Paraná”.
“Obviamente nos llamó la atención y el paso seguido fue corroborar las restricciones que pesaban sobre él y sobre varios de los imputados, y en este caso al ausentarse de la ciudad de Paraná, debían dar aviso, contar con el consentimiento de la Fiscalía o con autorización judicial en caso de que nosotros no compartamos el motivo del abandono de la ciudad. Frente al tenor del dato con el que contábamos, que básicamente no era solo haberse ido sin requerir autorización, solicitamos los ingresos y egresos del país y nos dimos cuenta de que era una situación muy poco habitual porque no era solo irse sin avisar, sino que corroborando los distintos pasos, la frecuencia, las estadías, comprobamos que durante el primer año, en el 2020, fueron más de 300 días, lo que nos daba cuenta de que había una radicación del imputado en una zona de Triple Frontera, con lo cual el domicilio que había aportado de residencia en la ciudad de Paraná era meramente formal y falso”, explicitó.
Aclaró que el cambio de domicilio de Almada “no se nos dio la oportunidad de considerarlo, como sí pasó con otros imputados, que han informado de viajes y nosotros hemos dado el consentimiento, por ende, no han necesitado autorización judicial. En este caso, obviamente llama la atención de que una persona esté radicada en ese lugar, y quizás de conocerlo no hubiésemos conferido la autorización respectiva”.
De todos modos, reveló que “Almada sigue afirmando que su domicilio es en Paraná, que no lo había mudado al domicilio, pero los datos objetivos y documentados indican otra cosa”.
Consultado por la actividad laboral de Almada en Foz do Iguazú, Aramberry aclaró: “No contamos con esa información; la única información con la que contamos, que es la que se dio a conocer en la audiencia y que ha sido pública a través de distintas noticias, es que algún familiar, como la pareja y su cuñado, tienen varios emprendimientos comerciales en Foz do Iguazú, Brasil, y según lo que refirió Almada aquí recibe un sueldo de la Cámara de Diputados, y dijo que trabajaba home office porque no podía ingresar a la Cámara de Diputados por la restricción que le habíamos impuesto en su momento”.
En tanto, estimó que las inversiones de la pareja de Almada, Micaela Banegas, serán objeto de investigación: “Calculamos que sí; este tipo de inversiones son inusuales también y generan cierta sospecha en el sentido de que tanto Banegas como el propio Almada están inhibidos en la causa Contratos, cuentan con inhibición general de bienes, y obviamente el hecho de tener inversiones en otro país donde no los alcanza la inhibición general genera sospechas”.
En cuanto a las posibilidades de investigar esas inversiones, señaló que “hay dificultades de acreditación de este tipo de inversiones cuando se generan en otro país; esto dificulta ampliamente la investigación, pero existen ya ciertos canales de comunicación y de recolección de información, inclusive de instancias de investigación que pueden facilitar esto a través de la cooperación internacional, y esperemos que sea pronto la información que podamos llegar a recolectar”. “Por lo pronto tenemos la sospecha seria de estas inversiones a través de los registros públicos de Brasil y es la información que consideramos fidedigna a estos efectos. Obviamente dependerá de una investigación y la situación está atravesada por una complejidad desde el punto de vista de que la información se debe requerir a otro país”.
Sobre el posible delito de lavado de activos, que investiga la Justicia Federal, explicó que “hay casos en los cuales la causa de lavado de activos o de encubrimiento puede ser competencia provincial cuando está ligada directamente a una causa con competencia provincial. En ese punto, si es un lavado de activo liso y llano, sería discutible, pero si en este caso las sospechas de lavado de activo están vinculadas a una causa provincial, prima facie podría tratarse de una competencia provincial el tema del lado de activo también”.
Consultado por el futuro de Almada al cumplirse los 30 días de prisión preventiva acordada, el fiscal sostuvo que “lo vamos a ir evaluando llegado al momento; vamos a ir evaluando si existe margen para solicitar alguna medida más reforzada fuera de lo que es una simple restricción. De todas maneras, la idea de esta preventiva es para analizar alguna salida alternativa respecto de la situación de Almada, en el sentido de analizar algún juicio abreviado. Esta idea ya ha sido transmitida a la defensa que hará lo suyo para que sigamos dialogando al respecto”.
Por último, aclaró que la situación actual de Almada no afecta el cronograma previsto para la causa Contratos: “No afecta en el sentido de que la remisión de la causa a juicio tiene alguna instancia recursiva, porque se discutieron hasta hace poco pedidos de sobreseimientos denegados por la jueza de Garantías, fue en apelación el reclamo y la jueza de Apelación confirmó la decisión de la jueza de Garantías. Con lo cual, lo que estamos esperando es que la decisión de la jueza de Garantías de remitir el caso a juicio adquiera firmeza, lo cual es un tiempo en el cual la causa no tiene actividad, más que la recursiva. Por lo cual esto no obstaculiza y no retrasa el trámite original que tiene la causa porque estamos hablando de una incidencia, algo que está fuera del trámite propio de la causa donde se discuten los hechos de la acusación”.
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