El fiscal de la Unidad Fiscal Penal Juvenil de Entre Ríos, Franco Bongiovanni, afirmó que la nueva ley amplía la responsabilidad penal desde los 14 años, pero advirtió que la provincia aún debe adecuar los lugares de detención, especializar la intervención estatal y reservar la judicialización para los casos que realmente la ameriten. En la entrevista con el programa El Séptimo Día, en Radio Plaza, abordó este nuevo escenario a una semana de la entrada en vigencia de Ley 27.801, explicó el alcance de la norma, así como los criterios que guiarán la actuación del Ministerio Público Fiscal. También, Bongiovanni contextualizó la problemática de la delincuencia juvenil como herramienta de los criminales adultos: “A medida que el Estado se retira de algunos territorios, estas organizaciones ganan terreno y usan a toda la población, pero particularmente a los más vulnerables, porque son los más fáciles de captar: los adolescentes”, afirmó.
Sobre el principal cambio introducido por la ley, el fiscal señaló: “Las personas de 14 y 15 años antes también se veían involucradas en supuestos comportamientos ilícitos penales, pero con la diferencia de que, a partir de ahora, podrían eventualmente ser sancionadas. La novedad principal tendrá que ver con la hipótesis de que un adolescente de 14 o 15 años pueda estar involucrado en hechos graves, como homicidios o abusos sexuales, en los cuales ahora la ley habilita su procesamiento y eventual juzgamiento por su responsabilidad penal”.
En relación con la infraestructura exigida por el nuevo régimen, Bongiovanni advirtió: “Ese es probablemente el mayor desafío que la ley plantea, porque ya entró en vigencia y lo cierto es que no solo Entre Ríos, sino el resto de las provincias del país, tampoco cuenta con esa estructura, sobre todo en lo que tiene que ver con los lugares de detención de los adolescentes”.
Al precisar las condiciones que deberían reunir esos espacios, sostuvo: “Ningún adolescente podría compartir lugar de detención con un adulto. Los adolescentes merecen lugares de detención separados y que cumplan con los requisitos de la ley. Al día de hoy, no sé si la provincia de Entre Ríos está lista para garantizarlo; quizás es una cuestión de ir construyéndolo. También hay que garantizar lugares separados entre varones y mujeres. La nuestra es una provincia grande: es probable que necesitemos un lugar en la costa del Uruguay y otro en la costa del Paraná. Es un trabajo por hacer, esa es una realidad”.
Respecto de los centros cerrados que ya funcionan, el fiscal explicó: “Es muy probable que esos lugares sigan funcionando como lugares de detención. El Poder Ejecutivo tendrá que decidir si siguen dependiendo del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia), si dependerán de alguna forma del Servicio Penitenciario o si incorporarán personal penitenciario, pero siempre dirigidos al fin del sistema penal juvenil y a lo que la propia norma reconoce como finalidad del encierro: la reinserción social, sin interrumpir los procesos educativos y, eventualmente, los procesos de inserción laboral. Son institutos de detención especializados”.
Sobre las modalidades de encierro previstas, Bongiovanni indicó: “Dentro de las hipótesis de encierro, la ley prevé un abanico de sanciones posibles dependiendo de la gravedad del delito. Cuando los delitos superan los diez años de prisión —homicidios, homicidios agravados y abusos sexuales, por citar los más conocidos—, la única opción es el encierro. Ese encierro puede ser en instituciones de detención, en el propio domicilio o en institutos abiertos. La ley prevé esas tres posibilidades para penas de prisión”.
Investigación, detención y participación de adultos
Al describir la tarea investigativa, manifestó: “En lo estrictamente investigativo, las medidas que se toman no son tan distintas de las de los adultos, porque los fiscales tenemos a cargo el establecimiento del hecho y la determinación de los responsables. Hay una decisión de parte de la Fiscalía de que esta ley no nuble el objetivo principal, que es identificar a todos los partícipes del delito”.
Acerca de la intervención de adultos en delitos atribuidos a adolescentes, agregó: “Una persona que no ha alcanzado los 18 años puede ser detenida portando un arma o determinada cantidad de sustancias estupefacientes. Ahora esa persona, aun teniendo 14 años, podrá ser eventualmente procesada y juzgada. El tema es que claramente ese delito es más complejo y tiene adultos participando, instigando, proveyendo la sustancia o el arma, generando una red de criminalidad en la que el chico es instrumentalizado. La Fiscalía está decidida a avanzar en relación con eso porque creemos que es lo político-criminalmente correcto”.
En cuanto a una eventual detención preventiva, el fiscal detalló: “Los fundamentos que podrían justificar una medida de detención o una medida cautelar son los mismos que los de los adultos, obviamente con mayor excepcionalidad. Cuando se trata de jóvenes, se procura que las medidas sean todavía más excepcionales”.
Sobre el alojamiento transitorio en Paraná, explicó: “Cuando nos anotician de la aprehensión policial de un adolescente, los fiscales tenemos que decidir si es necesario mantenerlo detenido. Hoy, el lugar en el que se alojan provisoriamente es la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos, que también deberá acondicionar sus instalaciones para recibir a los jóvenes de la forma en que la ley propone, pero ese es un alojamiento claramente transitorio”.
Al referirse a la prisión preventiva, precisó: “Si la investigación amerita que el joven permanezca detenido preventivamente, se solicitará ante el juez de Garantías en vista de que haya un riesgo concreto para el proceso: que pueda eliminar pruebas, amenazar testigos o irse. En esos casos muy excepcionales y en hechos graves que lo ameriten, podríamos solicitar una prisión preventiva que, al día de hoy, entiendo que deberá cumplirse en las residencias de régimen cerrado que ya existen”.
Incidencia del delito y criterios de desjudicialización
Consultado por la incidencia de los delitos juveniles en la provincia, Bongiovanni aclaró: “No existe, o al menos yo no he tenido acceso, a estadísticas concretas en relación con la delincuencia juvenil en Entre Ríos. Lo que sí puedo decir, con mucha seguridad, es que, en relación con la realidad de otras provincias, concretamente Buenos Aires, la incidencia es muy inferior”.
Sobre la evolución de los hechos violentos, sostuvo: “Se nota una reducción general de los delitos, sobre todo de los más violentos y con uso de armas. Fui fiscal juvenil en 2014 y 2015 y, si bien existen y probablemente seguirán existiendo hechos de mucha violencia cometidos por menores, se nota una diferencia a la baja en delitos con armas de fuego contra otras personas. Quizás hoy la delincuencia juvenil está más vinculada a delitos contra la propiedad. También advierto un claro crecimiento de delitos contra la integridad sexual y delitos de género; esto es general, pero también se nota en la delincuencia juvenil”.
Ante la percepción social sobre la inseguridad, remarcó: “Existe delincuencia juvenil y esta ley es una herramienta nueva para tratarla, pero no es la problemática de mayor incidencia en lo que tiene que ver con la seguridad común en la provincia de Entre Ríos”.
Al explicar qué puede ocurrir ante delitos leves, señaló: “La nueva ley incorpora que ya no hay delitos no punibles. Una persona de 14 años técnicamente es punible también por una lesión leve, una amenaza o un hurto. Pero nosotros, como fiscales, mantenemos facultades de oportunidad: podemos analizar de qué se trata el hecho y, si tiene poca relevancia social, decidir directamente el archivo”.
Sobre las alternativas a un proceso penal, agregó: “Cuando el caso supera ese umbral, tenemos a disposición salidas alternativas y la ley es bastante explícita: mediaciones, conciliaciones o remisiones del caso para que organismos administrativos u otras instituciones se ocupen de la situación. El principio internacionalmente reconocido para el subsistema penal juvenil es el de la desjudicialización”.
En ese sentido, Bongiovanni puntualizó el criterio de la Fiscalía: “Es una decisión limitar los casos que van a estar judicializados, sobre todo en personas de 14 y 15 años, y elegir muy bien cuáles son los que ameritan ser procesados y eventualmente llevados a juicio. Esto va a tener que ver, sobre todo, con hechos graves, con homicidios y abusos graves. Esos son los delitos que imagino que van a terminar en un juzgamiento”.
Sobre el riesgo de estigmatización, afirmó: “Está la responsabilidad de la Fiscalía de elegir cuáles son los casos que ameritan ser judicializados. Los hechos graves generan mayor repercusión social y también hay víctimas que necesitan respuesta. Las víctimas de hechos graves cometidos por adolescentes requieren algún tipo de respuesta y el sistema penal hoy tiene herramientas para darles, al menos, la posibilidad de juzgamiento”.
Al considerar el acompañamiento institucional, añadió: “También estará el correcto funcionamiento de los demás resortes, y con eso estoy hablando del Copnaf e inclusive de organizaciones no gubernamentales que puedan dar cauce a las salidas alternativas, justamente para que los chicos sean pasibles de judicialización en la menor cantidad posible”.
Implementación institucional y vulnerabilidad social
En relación con la coordinación para aplicar la norma, informó: “Desde el momento en que fue sancionada la ley, la Procuración ha mantenido reuniones con otros sectores del Poder Judicial. Se han elaborado protocolos que ya están vigentes para la puesta en práctica de la nueva ley. Ya tenemos fecha para reunirnos con la División Minoridad y, de a poco, vamos a ir conversando con los demás sectores del Estado responsables de la implementación”.
Sobre la actuación en toda la provincia, precisó: “Lo que nos apremiaba era generar pautas de actuación para todos los fiscales, porque, más allá de que haya una unidad especializada en Paraná por la cantidad de casos, los fiscales de toda la provincia se enfrentan con situaciones de delincuencia juvenil. La Procuración comunicó un protocolo de actuación en ese sentido”.
Consultado por la capacitación del personal de la Policía de Entre Ríos para sus actuaciones a la hora de detener a adolescentes, respondió: “Desconozco si la hay; lo ideal sería que la hubiera. Paraná tiene una División Minoridad que, si no cuenta con una capacitación especial, por lo menos tiene la capacitación de la experiencia diaria en cómo tratar con menores. Saben cuál es la normativa que los regula”.
Sobre la necesidad de capacitación en otras jurisdicciones, agregó: “Es necesario que la Policía en general, sobre todo la de otras jurisdicciones que tiene una intervención más general, se forme en las pautas vinculadas con el trato de jóvenes en la calle, especialmente en los casos excepcionales en que haya chicos de 14 y 15 años en situación de detención, en el trato que requieren y en las condiciones que la ley exige”.
Al describir la situación social de muchos adolescentes que llegan al sistema, Bongiovanni expresó: “Esta es una herramienta que procuró dar una respuesta, pero por sí sola jamás será suficiente. El sistema penal nunca será suficiente por sí solo; de hecho, es la última ratio del Estado. Esto se nota en todos los casos, pero sobre todo en el sistema penal juvenil”.
En cuanto a las vulnerabilidades que observa, detalló: “Tenemos una población de justiciables que, en su mayoría, está comprometida con el consumo abusivo de sustancias, fuera del sistema escolar, con problemas familiares internos e involucrada en una lógica de violencia familiar. También existen muchos casos de chicos detenidos portando armas o trasladando estupefacientes, en una lógica que evidentemente responde a una criminalidad organizada”.
Como cierre, el fiscal vinculó esa situación con la presencia estatal en los territorios: “A medida que el Estado se retira de algunos territorios, estas organizaciones ganan terreno y usan a toda la población, pero particularmente a los más vulnerables, porque son los más fáciles de captar: los adolescentes”.
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