
Después de décadas de concentración de población, empleo e industria en el Gran Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei proyecta un desplazamiento en sentido inverso: 4 millones de personas se irían del área metropolitana hacia el interior del país en tres décadas, según afirmó Federico Sturzenegger al Financial Times.
El diario británico especializado dedicó un extenso reportaje titulado “Milei’s great free trade experiment” al plan del Gobierno para abrir la economía, reducir el peso del Estado y potenciar las exportaciones de energía, minería y agro, con consecuencias dispares para la industria local.
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La hipótesis oficial es que ese traslado estaría ligado a la expansión de actividades extractivas y energéticas fuera del área metropolitana. Sturzenegger estimó que 2 millones de personas podrían radicarse en la región petrolera y gasífera de la Patagonia, mientras que otras 2 millones lo harían en las provincias del norte asociadas a nuevos proyectos mineros.

El programa de apertura fue precedido por un fuerte ajuste fiscal, la primera etapa de la gestión de Javier Milei. El Gobierno exhibe como principal resultado la desaceleración de la inflación, que pasó del 289% a comienzos de 2024 al 34%, aunque el recorte de subsidios y del gasto público impactó sobre los ingresos disponibles de los hogares.
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La administración libertaria apuesta a que las exportaciones permitan superar la recurrente escasez de dólares de la economía argentina. Las ventas al exterior de energía, minería y agro alcanzaron niveles récord durante la gestión y Sturzenegger sostiene que, a partir de las inversiones en marcha, el país podría triplicar sus exportaciones en un plazo de cinco a seis años.
El potencial energético se concentra en Vaca Muerta, donde la cartera de nuevos proyectos supera los US$100.000 millones, mientras que el norte del país concentra expectativas por cobre, litio, plata y otros minerales. El oficialismo considera que esas actividades pueden generar empleo directo e indirecto, además de impulsar industrias asociadas, como fertilizantes y petroquímica.
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El contraste está en los sectores que producen para el mercado interno. Desde fines de 2023 cerraron unas 3.400 empresas manufactureras y se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo formales, según los datos citados en el informe. La industria textil quedó entre las más afectadas por la reducción de aranceles y el avance de importaciones de menor precio.
Los empresarios industriales cuestionan que la apertura se lleve adelante sin una baja previa de impuestos, sin acceso suficiente al financiamiento y frente a denuncias de contrabando y competencia desleal. El Gobierno rechaza esos reclamos como pedidos de protección para compañías que, según su visión, se beneficiaron durante décadas de las restricciones comerciales.
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La discusión adquiere una dimensión concreta en casos como el de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró en febrero y dejó a 920 trabajadores sin empleo. Mientras el Gobierno plantea que las nuevas inversiones modificarán el mapa productivo del país, empleados y sindicatos dudan de que las actividades extractivas puedan reemplazar, en el corto plazo, los puestos industriales perdidos en el Gran Buenos Aires.

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