Consejeros, académicos, jueces, legisladores y organizaciones de la sociedad civil participaron del conversatorio “Una nueva ley para el Consejo de la Magistratura”, donde coincidieron en la necesidad de avanzar en reformas para regularizar la situación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección, transparencia y rendición de cuentas.
A casi cinco años del fallo de la Corte Suprema que instó al Congreso a sancionar una nueva ley, el encuentro volvió a poner en agenda una deuda pendiente: fortalecer una institución fundamental para el funcionamiento de la Justicia.
1.500 días
Julián Alfie, director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), señaló que “el Consejo está hace 1500 días regido por una ley derogada”. “Es una situación irregular con consecuencias prácticas nocivas. Una nueva ley debe reducir la arbitrariedad de los procesos de selección, mejorar los procesos disciplinarios, reducir la cantidad de consejeros, exigirles dedicación permanente y asignarle al Consejo las facultades de administración que la Corte conserva inconstitucionalmente”, consideró.
“Un Consejo atravesado por las lógicas del poder”
Celeste Fernández, directora Ejecutiva de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), consideró que “el Consejo de la Magistratura se fue deteriorando hasta reducirse a algo muy lejano de lo que los constituyentes tuvieron en miras cuando lo crearon. Nos habituamos a ver cómo está completamente atravesado por lógicas de poder: la falta de transparencia es funcional a la falta de rendición de cuentas y permite que esas lógicas sigan gobernando el organismo sin ningún costo. Por eso, necesitamos que se prevea la obligación de transparencia”.
“Construir consensos en el Congreso”
Esteban Paulón, diputado de la Nación marcó que “el Consejo fue una institución novedosa en la Constitución del 94, pero hoy, a 32 años, requiere una revisión profunda. Hay que trabajar en la posibilidad de avanzar en un proyecto de ley con el mayor consenso posible. Ojalá logremos dotar de transparencia, independencia y profesionalismo al Consejo de la Magistratura y, por ende, al sistema de justicia y al Poder Judicial de la Argentina”.
“Procesos interminables y discrecionalidad”
Mauro Benente, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de José C. Paz, preguntó: “¿Para qué gastar tantos recursos y tanto tiempo si todo puede terminar borrado por una decisión discrecional? La discrecionalidad, además de ser un problema en sí mismo, hace que el proceso sea interminable. Si se revisan los concursos realizados desde que el Consejo empezó a funcionar, se ve que su duración triplica el plazo legal, en parte porque cuando todo se resuelve mediante acuerdos de pasillo. Todas esas deficiencias del proceso de selección deberían quedar resueltas en la propia ley”.
“Una magistratura abierta”
César Grau, consejero de la Magistratura de la Nación en representación de la abogacía consideró que “en cuanto al perfil del juez, debería al menos equilibrarse el acceso de los abogados de la matrícula a la magistratura. Esto oxigenaría realmente la función judicial y dejaría de ser lo que denomino la casta judicial, porque se ha transformado en una casta anquilosada, inmodificable, cerrada y endógena, que impide que llegue alguien ajeno a ese”.
La megaestructura del Consejo
Lionella Cattalini, diputada provincial Santa Fe manifestó que “el Consejo de la Magistratura, lejos de cumplir lo que los constituyentes pensaron como una solución democrática para salir de una Corte adicta y de un proceso de selección totalmente viciado, contribuyó a generar una megaestructura de la que nadie conoce con precisión la cantidad de empleados, cuáles son sus sueldos, ni qué hace la mayoría de quienes trabajan ahí. Y generó y alimentó un entramado de corrupción que resta claridad a los procesos de selección y enjuiciamiento”.
Concursos públicos y transparentes
José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza propuso “reducir la cantidad de miembros del Consejo, y que esos miembros no tengan otra función que la de miembros del Consejo, sin ningún poder extra. Además, hay que garantizar que los concursos sean públicos y transparentes, y que se cumpla estrictamente con un sistema de selección con menos márgenes de discrecionalidad. El método de selección actual es, en los hechos, un método de disciplinamiento”.
Concursos anticipados
María Fernanda Vázquez, consejera de la Magistratura y Decana Universidad Nacional de Lomas de Zamora contó que “junto con la consejera Tolosa y el consejero Molea presentamos un proyecto para modificar algunos aspectos esenciales del trámite de los concursos. Fue muy puntual: no elaboramos un reglamento con 150 artículos, sino que apuntamos a dos o tres cuestiones centrales vinculadas con las distintas instancias de evaluación —una etapa de evaluación general, inicial y previa a todo concurso—, y luego sí el concurso específico de las destrezas y aptitudes propias del cargo que se concursa”.
¿Qué justicia queremos construir?
Francisco Marull, rector de la Universidad Nacional de La Pampa planteó: “Para lograr acuerdos, la discusión sobre quién controla o quién integra el Consejo no es tan importante como la discusión sobre qué justicia queremos construir. Hay que pensar en un verdadero órgano de gobierno judicial, y superar esta concepción meramente administrativa del Consejo: un Consejo que se comprometa en la definición de lineamientos político-institucionales del Poder Judicial, que se fije objetivos, que produzca información, que evalúe resultados y que diseñe una política de selección y formación coherente con el perfil de juez que el sistema de justicia necesita”.
Las intervenciones dejaron una conclusión contundente: el Consejo de la Magistratura de la Nación, tal como funciona actualmente, no cumple con los objetivos para los que fue creado. Ante su deterioro institucional, la falta de transparencia y las deficiencias en la selección y el control de magistrados, reformarlo ya no admite más demoras.
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