El juicio oral por los Cuadernos de las coimas lleva menos de un año de desarrollo y en los cinco meses destinados a las declaraciones testimoniales, por el estrado pasaron ya más de 100 personas. Aún restan alrededor de 500, pero esa cifra podría reducirse si la tendencia a desistir de algunos testigos se acentúa durante el proceso.
“Lo que iba a durar años al final no va a durar tanto. Se avanza mucho más rápido de lo que se pensaba”, considera una de las más de 60 defensas involucradas.
Así, sin sobresaltos, el caso que tiene a Cristina Kirchner imputada como jefa de una presunta organización que cambiaba coimas por obra pública, se asienta lentamente sobre la instrucción del fiscal Carlos Stornelli.
En el juicio, por ahora, no surgieron grandes sorpresas que patearan el tablero ni elementos que hicieran tambalear los pilares de la acusación, que son dos: los cuadernos del chofer Oscar Centeno, con la dinámica de un presunto mecanismo de recaudación, y las declaraciones de los arrepentidos, que abarcan a exfuncionarios y empresarios de primer nivel, publicó el diario La Nación.
En lo que va de debate, las defensas buscaron minar esas bases. Lo hicieron con planteos que en general ya habían sido tratados antes del juicio −y que ahora fueron nuevamente rechazados por el Tribunal− y con duros interrogatorios.
Esa es la razón por la cual la declaración de Diego Cabot, que se extendió por 13 horas, y la de Jorge Bacigalupo, que se dividió en dos jornadas de ocho horas cada una, fueron las más extensas: el periodista del diario La Nación, que lideró la investigación y el policía que le entregó los cuadernos debieron afrontar un bombardeo de preguntas lanzadas desde casi todos los frentes mientras contaban los inicios del caso.
Al periodista Cabot, inclusive, se lo presionó para que revelara una de sus fuentes, pero el Tribunal Oral Federal 7 se interpuso y lo impidió.
A raíz de esos y otros interrogatorios, la fiscal Fabiana León denunció en distintos tramos una estrategia de las defensas para “criminalizar” a los testigos y “victimizar” a los imputados.
También cuestionó lo que definió como un intento de auditar la instrucción y de realizar, en definitiva, un “juicio dentro del juicio”, por los constantes pedidos de las defensas de poner en marcha nuevas medidas de prueba durante el juicio.
En su indagatoria, la expresidenta ensayó una defensa política, desacreditó el proceso −habló de “circo” y “persecución política”− y no respondió preguntas. Visiblemente molesta, sí debió contestar las de rigor, formuladas por el presidente del tribunal Enrique Méndez Signori, que le ofreció el mismo trato cordial que al resto. Nombre, profesión, antecedentes penales.
“Ahhhh bueno….¿Antecedentes penales? Si usted me deja hablar le voy a contar…”, respondió la expresidenta, que quería pasar directamente a su descargo.
Arrepentidos
Los imputados de mayor peso que brindaron información clave como arrepentidos se negaron ahora a contestar preguntas o incluso a declarar y sus aportes se incorporaron al juicio oral como prueba silenciosa.
Fue un punto que generó un rechazo extendido entre las defensas: son confesiones que incluyen señalamientos y muchos buscaban confrontar esas acusaciones con preguntas.
Algunas son demoledoras. Ernesto Clarens, el financista arrepentido que ofició de nexo entre los Kirchner y algunos empresarios, reconoció su rol y haber recaudado cerca de 30 millones de dólares. El empresario Carlos Wagner ofreció porcentajes y validó la maniobra. El funcionario Claudio Uberti explicó sus inicios y habló de valijas con millones de dólares en el departamento de los Kirchner, detalló el diario La Nación.
Por eso, un eje que las defensas no abandonan es sostener que todas esas declaraciones fueron arrancadas bajo amenazas por el fiscal Stornelli.
El exsecretario de Obra Pública José López, en tanto, contó como arrepentido que Cristina Kirchner estaba al tanto de todo y que los célebres 9 millones de dólares del convento eran de la “recaudación”.
En el juicio ofreció una declaración ambigua, que se notó calculada: sin contestar preguntas y sin correrse de su confesión, dijo que nunca “vio a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita”.
Los testigos
Un bloque de testigos se conformó con contadores de la AFIP que trabajaron en el caso y fue afianzando la idea de que algunas de las empresas que pagaban las coimas utilizaban facturas truchas para justificar las salidas de dinero.
En otro tramo, por el estrado desfilaron pilotos y trabajadores de los aviones presidenciales y ratificaron, en general, que funcionarios de extrema confianza del matrimonio Kirchner, como Daniel Muñoz, viajaban a Santa Cruz con valijas cerradas que sorteaban los controles.
Un capítulo aparte fue el la empresa Techint, que no forma parte del caso. Sus directivos admitieron haber realizado pagos ilegales al funcionario Roberto Baratta, pero quedaron por fuera del juicio oral porque la Justicia entendió que las entregas no eran contraprestaciones a la obra pública, sino pagos que se enmarcaban en un conflicto puntual del grupo empresario en Venezuela, durante la expropiación de una de sus firmas, publicó el diario La Nación.
Esos directivos declararon ahora como testigos y lo que dijeron generó distintas lecturas: como admiten haber realizado pagos ilegales, sus testimonios son de enorme peso para corroborar la existencia del esquema; pero como la admisión de aquellos pagos no los llevó al juicio oral, su situación, para algunas defensas, daría cuenta de una instrucción selectiva.
El portero que se desdijo
Una declaración sí generó sorpresa en los tribunales. Fue la del portero del edificio de los Kirchner en el barrio de Recoleta. Según la acusación, los cuadernos y varios arrepentidos, esa era la primera parada del dinero, antes de llegar a Santa Cruz.
Durante la instrucción, Julio César Silva, el portero del edificio, afirmó que, con frecuencia semanal, veía ingresar al secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, con bolsos en sus manos. Pero al declarar en el juicio cambió su versión y dijo: “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije. Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”.
El testimonio del portero fue celebrado en el Instituto Patria, en una conferencia que encabezó Oscar Parrilli junto al abogado José Manuel Ubeira. “Las causas grandes nunca se voltean de un golpe. Es ladrillo por ladrillo, portero por portero. Cacho por cacho, Bacigalupo por Bacigalupo. Los tenés que romper de a uno”, celebró el letrado.
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