La procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia desestimar los recursos defensivos de Sergio Uribarri, Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera y el resto de los condenados en el megajuicio de corrupción, y habló de las implicancias de la medida.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Goyeneche dijo que están “muy satisfechos” en el MPF “de que finalmente haya llegado la sentencia que estábamos esperando”. “Sabíamos con total certeza de que esto iba a ser así porque, de hecho, consideramos siempre que no se le debían haber concedido estos recursos extraordinarios federales y que esa concesión de recursos fue simplemente una gracia que lo puso en dos años de espera, pero finalmente todo llega, hay que tener la suficiente paciencia y se confirmó que todo el trabajo estuvo bien hecho y que esta condena es jurídicamente válida y valiosa”, definió.
Sobre los próximos pasos a seguir, indicó que “atento a la decisión de la Corte, ayer los fiscales ya pidieron que se proceda a ejecutar la pena, y quienes tienen que resolver esto son los jueces que lo condenaron, la Cámara que lo condenó que ya no está integrada por José María Chemez, que presidía la Cámara y que se jubiló poquitos meses después, y se completó con el doctor Julián Vergara. Vergara, Castagno y Garzón van a ser los que tienen que decidir la ejecución de la pena que ellos impusieron. Algo que va a ocurrir seguramente en breve. Seguramente el expediente está todavía en la Corte, pero inmediatamente que se notifiquen formalmente de esta decisión van a tener que disponer a la ejecución de la pena”.
Consultada respecto a la posibilidad de que las defensas puedan realizar alguna presentación que pueda cambiar el curso de las cosas, Goyeneche afirmó que “ahora tiene que ejecutarse la pena. Presentaciones no tengo ninguna duda que van a existir porque el derecho a peticionar es un derecho que tenemos todos y, obviamente, si uno está en una situación crítica de tener que empezar a cumplir una pena en la Unidad Penal, entiendo que seguramente sus abogados van a tratar de gestionarle alguna alternativa”.
“Lo que tampoco veo posible es que esas alternativas sean eficientes para evitar cumplir la pena en la Unidad Penal que les corresponda, porque las decisiones judiciales se basan en estándares, se basan en criterios que más o menos se tienen que respetar con cierta coherencia. Y, por lo que yo sé, no hay ningún motivo para que estas personas sean excepcionadas de lo que tiene que padecer cualquier otro condenado. Estas personas, más allá de la situación de poder que tienen o han tenido, y de lo triste que es que un exgobernador tenga que cumplir pena de prisión, en el sentido del Sistema Penitenciario o del sistema de ejecución de penas, no tienen una condición que los diferencie del resto de los penados”, advirtió.
En cuanto al tiempo que puede llevar la comunicación desde la Corte hacia la justicia entrerriana, explicó que “son todos expedientes digitales, con lo cual la bajada de autos es algo que se resuelve en dos o tres movimientos en una computadora. Puede llevar horas, pero hoy es un viernes y puede ser que ocurra hoy, puede ser que ocurra el lunes, puede ser que los vocales de la Cámara entiendan suficiente la comunicación de la sentencia que se ha realizado ya que la Corte la publica en la página oficial. Son los jueces los que deciden, yo no lo puedo aventurar”.
Desde el punto de vista de lo que deberá disponer el Servicio Penitenciario para alojar al exgobernador, la fiscal señaló que “como cualquier otro penado, una cama y un lugar con las mismas condiciones de dignidad que cualquiera de los otros penados”. “Vivimos en un país donde lo primero que rige es una regla que es la igualdad; esto es una democracia. Entonces, así sea exgobernador o exmendigo, las condiciones de igualdad son todas las mismas para todos y tiene que ser la cárcel tan digna para uno como para otro, y si no lo es para uno o para otro, estamos en un problema. Con que tenga una cama, un baño y un lugar donde ducharse son más o menos las condiciones que tratan de respetarse; por supuesto tienen que garantizarle la seguridad, pero no veo ningún motivo por el cual esto sea un problema”.
Respecto del lugar de alojamiento de Urribarri, recordó que “en su momento él estuvo en la Unidad Penal 1, pero no quiere decir que esto vaya a ser el lugar de cumplimiento definitivo. En general, se trata de respetar las posibilidades de cercanía con los familiares y a esto seguramente él o sus abogados lo gestionarán en su momento, donde él considera más conveniente, más adecuado o más cómodo poder mantener esos vínculos y en qué unidad penitenciaria de la provincia eso se satisface”.
En cuanto a un eventual arresto domiciliario, marcó que “a partir de los 70 años –que no los tiene Uribarri- se puede disponer el arresto domiciliario. La jurisprudencia ha sido muy enfática en los últimos años, incluso la del Superior Tribunal de la Provincia Entre Ríos, en considerar que esto es una posibilidad, no es una obligación para los jueces a los 70 años hacer cumplir en domiciliario la pena. Así que eso es algo que, en su momento, cuando ocurra, tendrá que valorar la jueza de ejecución y los fiscales que intervienen, por supuesto”.
“El ejemplo más contundente ha sido el de todas las personas condenadas en los delitos de lesa humanidad. En esos casos fue que se sentó la jurisprudencia sobre cómo resolver estas situaciones. Y en realidad, obviamente, a mayor edad de una persona hay que estar más atento a sus condiciones de salud y a sus condiciones de dignidad en la ejecución de la pena, porque un deterioro muy importante de la salud puede hacer que la pena, que tiene que ser un lugar de cumplimiento digno, deje de serlo. Hay un montón de personas con problemas de salud en la Unidad Penal, muchísimos, con muchas enfermedades muy diversas, y también hay mucha gente mayor de 70. Tener una enfermedad o tener más de 70 no genera la prisión domiciliaria; el valor que se tiene en cuenta allí es el respeto de la dignidad del penado y si su condición física hace que seguir en la Unidad Penal sea un trato cruel. En ese caso se dispone a domiciliario”.
Por otra parte, consultada sobre lo que implica la decisión de la Corte, Goyeneche aseveró que “para nosotros y para todos los fiscales del país es un espaldarazo de mostrarnos algo que es muy necesario poner sobre la mesa en estas democracias latinoamericanas tan vapuleadas, que es válido y es necesario que los fiscales defiendan su autonomía, su independencia. Y no solamente los fiscales porque este es un trabajo de fiscales, de empleados de Fiscalía, de profesionales que trabajaron en la causa dando sus conocimientos para esto e incluso de los testigos que se animaron a decir la verdad, que es algo que también nos cuesta mucho en ámbitos como este, que los testigos se animen a decir las cosas. Es mucho más fácil encontrar gente olvidadiza que testigos que dicen la verdad. Entonces, para todos los que sentimos que hicimos lo que teníamos que hacer aún a costa de sacrificios posteriores, esto es una revalidación y es un bálsamo que llega y nos confirma que tenemos que seguir por ese camino, digamos. Me parece muy valioso socialmente también”.
“Es importante para cualquier causa que implique investigar a alguien que tiene en el momento de la investigación una cuota de poder importante. Creo que también para la comunidad. Una de las cuestiones más nocivas para el mantenimiento de las condiciones de la democracia, es esta sensación que tenemos todos como ciudadanos de que siempre gana la impunidad. Esa sensación es muy deteriorante institucionalmente, dejamos de confiar en nuestras instituciones porque tenemos esa sensación de que no vale la pena investigar o ir a decir la verdad como testigo. Acá mostramos en un caso muy importante y con mucha trascendencia pública que sí vale la pena”, analizó.
En ese marco, resaltó que “por ejemplo, con la sentencia que quedó firme ayer se concretan los decomisos. El inmueble o los inmuebles donde estaban las imprentas en calle Racedo fue decomisado y a partir de ahora ese inmueble pasa a poder del Estado provincial, y ojalá que los gobernantes decidan darle un fin muy vinculado al bien común. Además, a partir de ahora la Fiscalía de Estado tendría que recuperar el dinero sustraído en esta causa que eran como 9 millones de dólares. Entonces, vale la pena. Vale la pena porque nosotros queremos seguir viviendo en esta democracia que es, sin lugar a dudas, la mejor forma que hemos encontrado para organizarnos los humanos. En ese sentido me parece que son muy valiosas estas situaciones”.
Consultada por la estructura judicial para llevar adelante este tipo de investigaciones, la fiscal sostuvo que “en Entre Ríos, desde hace ya muchos años, la Procuración General decidió priorizar las investigaciones de corrupción, y esa es una decisión que no fue solamente discursiva, sino que fue de volcar recursos. Entonces, nosotros acá en la Procuración General, lo que hacemos es gestionar escasez; tenemos muy poquito personal en el Ministerio Público, cada fiscal tiene un empleado y medio empleado más que colabora, y tenemos muy escaso personal. Pero en corrupción se ha tratado de volcar todo lo que se pueda de personal. No obstante, en algún punto se ha mejorado desde que yo fui suspendida en el cargo, porque en este momento tenemos dos fiscales en la ciudad de Paraná que se dedican exclusivamente a llevar causas de corrupción y tenemos cinco contadores en el Ministerio Público que nos ayudan. Eso, si lo comparamos a nivel de las provincias argentinas, es una panacea prácticamente”.
“Obviamente que son investigaciones muy lentas, un poco porque uno tiene pocos recursos, pero más todavía porque se requiere mucha producción de prueba que es engorrosa, que la documental está en oficinas públicas, que no necesariamente tienen demasiadas ganas de colaborar en algunos momentos, sobre todo cuando todavía está en el poder el investigado, y además porque las defensas muchas veces se orientan a tratar de que pase el tiempo con la expectativa de que cambie el estado de cosas y que los fiscales se cansen, pierdan la información o que pase un milagro. Todo eso hace que las causas se demoren muchísimo; el ejemplo son las causas que se remitieron a juicio entre el año pasado y este: la causa Contratos y la causa de Cardona Herreros, el empresario paraguayo que colaboró con Urribarri para robar un montón de dinero de contrataciones de software. La audiencia de remisión a juicio de esa causa duró dos años, siendo que esa audiencia está programada en el sistema procesal para que dure un día o dos días. Esto no es casualidad, esto no es que dure dos años porque tiene que ser así, sino que dura dos años porque es una disfuncionalidad buscada. Es decir que muchas veces tienen que ver los investigados en la búsqueda de la demora”.
“Por eso la situación en esto es de cultivar la paciencia, y esta condena que ayer se confirmó, nos muestra un poco que también vale la pena, aun cuando pase mucho tiempo”, concluyó.
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