Créditos, tarifas y salarios: el Gobierno activó seis medidas para recomponer el poder adquisitivo y apuntalar el consumo

Foto de archivo: Una persona cuenta billetes de pesos argentino en una tienda en Buenos Aires, Argentina. 11 dic, 2025. REUTERS/Francisco Loureiro
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Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales y Javier Milei aseguró que no modificará el rumbo del programa económico con el objetivo de ser reelegido, en las últimas semanas el equipo económico adoptó medidas orientadas a recomponer el poder adquisitivo de los argentinos y reactivar la actividad económica.

Entre las iniciativas figuran una inyección de pesos al mercado durante la última licitación a fin de reducir las tasas de interés en un contexto de mora en niveles récord y una actualización de las tarifas de septiembre por debajo de la inflación.

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Si bien en junio los salarios registrados aumentaron en promedio 2,4%, por encima de la inflación, hay sectores que vienen más golpeados en términos del ingreso como es el caso de los empleados públicos y, en menor medida, los trabajadores registrados privados.

Más pesos, menos tasas

En el plano financiero, en la última licitación de deuda pública, el Ministerio de Economía cambió la estrategia y liberó pesos al mercado al renovar solo el 95,96% de vencimientos que sumaban $12,67 billones. El resultado implicó el pagó en efectivo más de $500.000 millones. Esta inyección de pesos aportó liquidez al sistema y sirvieron para moderar las tasas de interés.

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Luis Caputo - conferencia de prensa

Que los rendimientos se reduzcan es clave para la reactivación del crédito, sobre todo a nivel familiar. La mora bancaria se acercó a 13% en julio, según un informe de la consultora 1816 basado en datos del Banco Central. En ese sentido, una reducción de las tasas de interés permite aliviar la situación de la morosidad y, en simultáneo, reactivar los préstamos para estimular el consumo.

Salario mínimo garantizado

Por otra parte, la Secretaría de Trabajo busca que las negociaciones salariales posteriores a la reforma laboral incorporen un piso de ingresos superior a un millón de pesos. La referencia que promovió el Gobierno para agosto de 2026 fue un salario mínimo garantizado de 1.070.000 pesos.

Fuentes de la cartera que conduce Julio Cordero indicaron que ese valor deberá surgir de los acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales. Una vez cerradas las paritarias, la Secretaría de Trabajo deberá homologarlas.

El planteo ya fue transmitido, en particular, a los sectores cuyos salarios se encuentran por debajo de ese umbral, como maestranza, construcción y sanidad. Según la óptica oficial, la recomposición sugerida para esas negociaciones colectivas no tendría efectos sobre la inflación.

Impulso a la construcción

Pero esa no fue la única medida. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó dos anuncios vinculados que apuntan a reactivar la construcción y a impulsar su impacto sobre otros sectores. En primer lugar, el titular del Palacio de Hacienda anunció una flexibilización de los créditos en dólares para empresas, a partir de cambios en los requisitos para acceder a ese financiamiento.

Con la nueva disposición, los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas que no generan divisas. Además, se eliminó la obligación de presentar una garantía para acceder a esos créditos. Hasta ahora, las compañías debían acreditar ingresos en moneda extranjera o contar con una garantía, una condición que restringía el acceso a los préstamos en dólares otorgados por las entidades bancarias.

La segunda medida consiste en destinar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los bancos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. La licitación de plazos fijos a largo plazo comenzará en los próximos días. El objetivo es que las entidades cuenten con más fondos para prestar a quienes buscan comprar una vivienda. Según la estimación oficial, la medida podría alcanzar a entre 17.000 y 18.000 familias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Techo a las tarifas

En cuanto al peso de los servicios públicos, el Gobierno resolvió ajustar las tarifas energéticas por debajo de la inflación proyectada en septiembre. Las facturas de electricidad tendrán un aumento promedio de 1,75% este mes para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el caso del gas, el ajuste promedio será de 1,40% con alcance nacional. Según proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, septiembre cerraría con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1,8 por ciento.

Pero no fue la única medida. Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía anunció un aumento de las bonificaciones extraordinarias para el servicio eléctrico. El beneficio adicional pasó al 25% y, sumado al descuento base del 50%, la reducción total alcanzó el 75 por ciento. Al comunicar la decisión, el Gobierno afirmó que buscaba aliviar el impacto en los hogares más vulnerables sin alterar el proceso de normalización de las tarifas ni las metas fiscales.

Postergación de actualizaciones

Al mismo tiempo, en medio de la escalada del precio internacional del petróleo, con un barril de Brent que volvió a ubicarse por arriba de los USD 90, el Gobierno decidió postergar la actualización del impuesto al combustible para no generar una presión adicional. A través del Decreto 829/2026, publicado en el Boletín Oficial el lunes, la administración nacional extendió hasta el 30 de septiembre los importes impositivos que rigieron durante agosto.

La prórroga alcanza tanto al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) como al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Ambos gravámenes tienen montos fijos y la normativa establece actualizaciones trimestrales de acuerdo con la evolución del IPC. El Gobierno viene postergando o aplicando parcialmente esos ajustes. Con la nueva norma, los valores de agosto se mantendrán durante septiembre.

Aumentos fuerzas de seguridad

Pese a que el gobierno libertario utilizó los salarios de los empleados públicos como una variable de ajuste, en los últimos días se otorgaron incremento salariales para las fuerzas de seguridad federales. Las subas se llevarán a cabo desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

La iniciativa prevé una suba acumulada de 12,22% sobre los haberes entre septiembre y diciembre de 2026. El ajuste se distribuirá en cuatro tramos mensuales consecutivos. El primer aumento será de 6,9% desde el 1° de septiembre. Alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas, sin distinción de grado ni jerarquía, y también a los suplementos calculados sobre esa base.

Los incrementos abarcan a trabajadores permanentes y no permanentes del Estado incluidos en el convenio colectivo homologado por el Decreto 214/06. Las disposiciones formalizaron modificaciones que se gestionaron durante las últimas semanas. El esquema salarial contempla aumentos sucesivos desde septiembre. El porcentaje acumulado de 12,22% se aplicará sobre los haberes del personal comprendido por las normas publicadas.

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