La Fiscalía Federal de Paraná inició la investigación por presuntas irregularidades en una auditoría sobre pensiones no contributivas por discapacidad que se realizó entre el 1 y el 8 de agosto de 2025 en la capital entrerriana. El operativo había sido dispuesto por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hoy transformada en Secretaría Nacional de Discapacidad.
La denuncia señala posibles ilícitos en el procedimiento, entre ellos el uso indebido del sello y la firma de un médico que aseguró que su nombre y su firma fueron falsificados en auditorías similares en localidades de Misiones. En el expediente también figura la mención a una consultora privada que habría participado de las tareas.
Siete organismos provinciales, municipales y del Poder Judicial presentaron las denuncias ante la Justicia en septiembre: el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (dependiente del Ministerio Público de la Defensa), la Defensoría del Pueblo de Paraná, la representación de Entre Ríos ante el Consejo Federal de Discapacidad, la Dirección de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná, la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental, el equipo técnico del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).
Consultado por Cuestión de Fondo (emitido por Canal 9), el fiscal federal Leandro Ardoy confirmó que la causa está en etapa de investigación. “Se han enviado pedidos de información a ANDIS y el organismo no ha respondido. Más allá de ello, está identificada la consultora”, señaló.
Ardoy añadió que uno de los escenarios posibles es que en algún momento se discuta la competencia territorial de la causa. En ese marco, advirtió que podría declararse la incompetencia territorial, ya que una investigación anterior con los mismos actores se inició en la provincia de Misiones y en la Justicia de Pergamino, tras la denuncia del médico cardiólogo Leandro Peñaloza, cuya firma y sello falsos aparecieron en constancias entregadas por los auditores tanto en Paraná como en Misiones.
La investigación podría extenderse durante varios meses. Por ahora, la falta de respuesta del organismo nacional a los pedidos de información es uno de los primeros obstáculos para avanzar.
El médico Peñaloza denunció que le falsificaron la firma y el sello.
La auditoría que terminó investigada
Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental —dependiente del Ministerio Público de la Defensa y uno de los firmantes de la denuncia— contó que tomaron conocimiento de que ANDIS estaba citando a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad a una auditoría que se realizaría en el Hotel Paraná entre el 1 y el 8 de agosto.
Al presentarse en el lugar para acompañar a los beneficiarios, constataron que la auditoría no la realizaban funcionarios del organismo nacional, sino un grupo de jóvenes que dijeron trabajar para una consultora contratada por ANDIS. “Nos dijeron que pertenecían a una consultora, pero no se dieron a conocer. Vimos que si bien eran chicos muy amables y accedían a las propuestas que le hacíamos, lo único que hacían era hacer un registro de quienes se presentaban y tomar nota de los diagnósticos. Pudimos ver que no eran evaluaciones por profesionales de la salud. Eso nos llamó la atención”, relató.
“Luego nos enteramos por medios nacionales que, en Misiones, esta consultora fue denunciada. La sorpresa fue mayor cuando tomamos conocimiento que el médico decía que no tenía nada que ver con estas auditorias. Fue así que todos los organismos que estábamos interviniendo presentamos la denuncia ante la Justicia Federal”, agregó.
La preocupación de los beneficiarios
Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), señaló que durante los operativos se observaron irregularidades. “Después de tanta expectativa y angustia, el trámite era presentarse en un hotel, mostrar el certificado de discapacidad y retirarse a los pocos minutos. A muchas personas les decían que serían citadas nuevamente”, explicó.
“Nosotros vimos una cuestión compulsiva con la quita de pensiones. Se sabe que había citaciones en forma pésima a persona que nunca le llegó. La quita indiscriminada de pensiones. Todo mal. Fue una situación con mala intención. Vemos que hay muchas otras maneras de recaudar dinero, pero parece que discapacidad era uno de los fines que se planteó para recaudar fondos. Me parece bien que se hagan auditorias por todos lados, pero no con malas intenciones como se hizo con discapacidad”, añadió.
“Las personas con discapacidad están teniendo muchos problemas con las prestaciones y los prestadores tienen problemas para cobrar. Es lo mismo con las pensiones: no es que de un momento a otro vayan a reintegrar las pensiones que cayeron. El trámite es engorroso. Para muchas personas con discapacidad, significa no sólo pasarla mal, sino interrumpir medicamentos y eso tiene una consecuencia mortal”, cerró.
El antecedente del escándalo en Misiones
Las irregularidades detectadas en Entre Ríos tienen antecedentes en operativos realizados en Misiones, en localidades como San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo, entre otras. Medios de esa provincia consignaron que los procedimientos estuvieron a cargo de cinco auditores: Luciano Mangone, Andrés Báez y Laura Báez, de Mar del Plata; Caín Iokich, de La Plata; y Guadalupe Luján Guanes Texeira, de Posadas. Los nombres de Caín y Guadalupe aparecen mencionados en Paraná, porque se presentaron ante algunos de los funcionarios que prestaron colaboración a las personas con discapacidad durante el operativo de agosto de 2025.
En Misiones, durante los operativos se registraron episodios de tensión, agresiones a un periodista y enfrentamientos con autoridades municipales. También se detectaron irregularidades en certificados y documentación. Como consecuencia, el gobierno de Misiones presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir la restitución de pagos de pensiones que habían sido suspendidos.
En esa investigación en Misiones surgió el nombre de la consultora privada contratada para la auditoría: la firma MEDICSYS S.A., constituida el 27 de agosto de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre del mismo año. Sus socios son Darío Alberto Tagliavini y Carlos Patricio Cilibrizzi.
La empresa se presenta como prestadora de servicios de salud, auditorías y gerenciamiento médico, aunque en la práctica no registra una sede operativa visible.
La firma del médico Lapetina también aparece en auditorías de Misiones y Paraná. No estuvo presente en ninguna de ellas.
El testimonio clave de un médico
Uno de los ejes de la causa es la denuncia del cardiólogo Leandro Peñaloza, quien aseguró que su firma y su sello profesional fueron usados sin su consentimiento durante las auditorías.
Peñaloza, de 82 años y oriundo de Pergamino (provincia de Buenos Aires), confirmó que no autorizó el uso de su nombre y que las firmas y sellos eran falsos. El médico, de extracción radical, fue concejal y Secretario de Salud Municipal de su localidad. Cuestión de Fondo intentó contactarlo sin éxito: tras la repercusión del caso y por recomendación familiar, decidió no seguir dando entrevistas para cuidar su salud emocional.
Qué son las pensiones no contributivas
Las pensiones no contributivas se otorgan en el marco de la Ley 13.478 y el Decreto 432/97. Están destinadas a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con aportes previsionales. El pago corre por cuenta de ANSES. A marzo de 2026, la Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez asciende a $328.720,62, monto compuesto por $258.720,62 más un bono de $70.000.
En agosto de 2025, el gobierno nacional había dado de baja cerca de 120.000 pensiones no contributivas, en su mayoría por presuntas irregularidades o porque el beneficiario había fallecido o renunciado a la prestación.
A fines de diciembre de 2025, el gobierno nacional disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y creó en su lugar la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. En febrero de 2026 fue designado como secretario nacional Alejandro Vilches, quien ya venía desempeñándose como interventor de ANDIS.
Leave a Reply