El Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó el pedido de excarcelación y prisión domiciliaria de Claudia Patricia Caraballo, imputada en la causa por narcotráfico que tuvo allanamientos simultáneos en marzo de 2025, donde se secuestraron plantas de cannabis, marihuana fraccionada y otras drogas en Paraná y Oro Verde. La defensa había planteado que la elevación a juicio modificaba el escenario procesal y que la imputada tenía arraigo y vínculos familiares en la capital provincial, mientras que la Fiscalía sostuvo que persistían los riesgos procesales. El Tribunal concluyó que “la privación de la libertad de la imputada, dadas las circunstancias del caso, se presenta como la única modalidad idónea para asegurar con efectividad la comparecencia y sujeción de la Caraballo al proceso”.
La causa se inició en 2024 y derivó en allanamientos el 18 de marzo de 2025, donde se secuestraron 1.818 plantas de marihuana, más de 10 kilos de cannabis procesado, semillas germinadas, MDMA, LSD, cocaína y dinero en efectivo, en domicilios de Paraná y Oro Verde. La investigación determinó que los imputados integraban una estructura dedicada al cultivo y comercio de cannabis a gran escala. Uno de los principales imputados es Iván Malajovich, activista por la legalización del cannabis.
El planteo de la defensa
La defensora particular, Corina Beisel, sostuvo que la elevación a juicio modificaba el escenario que justificó la prisión preventiva y pidió la excarcelación o, subsidiariamente, la prisión domiciliaria. En su presentación afirmó que el pedido “se sustenta en una modificación objetiva y sustancial del escenario que fuera tenido en consideración al momento de revisarse la petición, y es que la etapa instructoria ha concluido y la causa se elevó a juicio”.
“La prisión preventiva es una medida provisional, instrumental y esencialmente revisable. (Caraballo) lleva 17 meses privada de su libertad sin condena firme”, afirmó y agregó: “No es una persona sin domicilio, sin vínculos o residencia incierto ya que tiene una historia personal asentada en Paraná”.
La postura del Ministerio Público Fiscal
El fiscal general José Ignacio Candioti rechazó el pedido y sostuvo que la gravedad del hecho y la escala penal mantenían vigentes los riesgos procesales. En su dictamen afirmó: “La elevación del expediente a esta sede plenaria no implica que el riesgo procesal haya menguado, por el contrario lo reafirma”.
Sobre la imputación, señaló: “Se trata del delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, cuya pena va de 6 años de prisión a un máximo de 20 años”.
Respecto al domicilio propuesto por la defensa, el fiscal advirtió: “Se verificó la actividad ilícita que se le atribuye, como actos de intercambio de estupefaciente, la presencia de un invernadero con 88 plantas, entre otros elementos que operan como indicadores de riesgo al pretender regresar a dicho domicilio”.
Los fundamentos del Tribunal Oral Federal
El Tribunal, integrado por Noemí Berros, Jorge Gallino y Mariela Rojas, analizó los antecedentes del caso y resolvió mantener la prisión preventiva. En el fallo se afirma: “Si bien el riesgo ha disminuido en esta etapa plenaria, no significa que se haya eliminado la eventualidad de provocar algún perjuicio en la efectivización de ciertas pruebas”.
Sobre el peligro de fuga, el Tribunal señaló: “La circunstancia y naturaleza del hecho que se le achaca es grave; y, además, también lo es la intervención que ella habría tenido (…) todo lo cual, en caso de arribarse en la instancia oportuna a una condena, no permitiría la condenación condicional”.
Respecto a la prisión domiciliaria, el Tribunal recordó los requisitos legales y concluyó: “No se halla en situación de vulnerabilidad y/o desamparo que necesariamente implique la asistencia por parte de Caraballo para la atención diaria en su domicilio”.
Por esto, resolvió no hacer lugar a los pedidos de la defensa, por lo que la imputada llegará privada de su libertad al juicio oral.
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