El secretario de Obras y Servicios Públicos de La Paz, Nicolás Merlo —de quien depende la Dirección de Ambiente municipal—, brindó la respuesta oficial del municipio tras la denuncia de vecinos autoconvocados sobre la situación del basural ubicado en la Chacra 96, que fue publicada por ANÁLISIS días atrás.
En diálogo con Un martillo para darle forma – Radio Plaza, Merlo confirmó el dato judicial central: “Hace dos días el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una apelación presentada por la municipalidad y revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la acción de amparo”. El funcionario explicó que, más allá de esa resolución, el municipio viene trabajando desde este año con una consultora ambiental —Más Ambiente, integrada por el licenciado en Gestión Ambiental Eduardo Chávez y el técnico superior en Saneamiento Ambiental y Seguridad e Higiene Luis Jauch— con una planificación específica para el saneamiento del vertedero. “El fallo nos permite seguir trabajando y el norte nuestro es una mejor gestión de residuos”, sostuvo.
El plan de saneamiento: de vertedero a planta de transferencia
Merlo detalló que dentro de esa planificación se está trabajando en transformar la actual planta de reciclaje —donde hoy se procesa la recolección diferenciada— en una planta de transferencia y reciclaje, que recibiría el 100% de los residuos como primer eslabón del proceso de disposición final. A partir de ahí, explicó, se desarrollaría compost urbano, dado que, según las estadísticas que maneja el municipio, “el 50% de los residuos prácticamente se puede trabajar con hacer compost” y hasta “un 30% del restante es factible de recuperarlo”. El resto, precisó, es rechazo que debería derivarse a un relleno sanitario, una infraestructura que La Paz no tiene actualmente —a diferencia de Concordia y Gualeguaychú, las únicas dos ciudades de la provincia que cuentan con uno—, y por eso el municipio mantiene un vertedero controlado.
Sobre la posibilidad de contar con un relleno sanitario propio, Merlo explicó que existe una mesa de gobernanza regional conformada junto a otros municipios del departamento para avanzar en esa dirección, aunque reconoció que el proceso todavía no logró destrabarse porque la principal complicación —más allá de lo económico— es encontrar un sitio adecuado. Detalló que una de las condiciones para instalar un relleno sanitario es no tener arroyos cercanos, algo especialmente difícil en la provincia. Contó que el municipio ya se reunió con inmobiliarias de la zona para buscar un predio de aproximadamente 20 hectáreas, que permitiría un relleno con una vida útil de 20 años, y remarcó que este año no registraron focos ígneos en el predio, “que es una de las grandes complicaciones que tienen en la disposición final de los vertederos”.
El uso de los fondos: la respuesta directa a la denuncia vecinal
Consultado puntualmente sobre el reclamo de los vecinos respecto de los fondos previstos en la ordenanza de emergencia ambiental —vinculados a los intereses de los plazos fijos municipales—, Merlo fue categórico en rechazar que se trate de una cuestión de disponibilidad de dinero: “No es así”, respondió. Explicó que la emergencia ambiental ya había sido decretada antes de que se resolviera el amparo, y que en esa ordenanza se establecía que el 20% del presupuesto de obras públicas debía destinarse al tratamiento de residuos. Sin embargo, planteó que ese porcentaje resulta insuficiente frente a la magnitud de la obra necesaria: “La proyección que tiene hacer un relleno sanitario, dentro del presupuesto que tenemos, no me alcanza ni todo el presupuesto, ni siquiera el 20% lo estamos ocupando para hacer el tratamiento, y el presupuesto de toda mi secretaría no alcanza para desarrollar el relleno sanitario”. Por eso, insistió, el primer paso indispensable es conseguir el terreno adecuado, lo que a su criterio habilitaría además una solución compartida con otros municipios de la región, en articulación con la Dirección de Ambiente de la provincia.
El funcionario buscó además explicar en términos sencillos la escala de la obra pendiente: comparó un relleno sanitario con “una fábrica”, que requiere maquinaria pesada —como una topadora—, un cerco perimetral completo sobre 20 hectáreas y un galpón, una infraestructura de costo elevado que, para el volumen de residuos que genera La Paz por sí sola, resultaría ineficiente si no se piensa a escala regional.
“El fallo no nos cambia nada en lo que venimos trabajando”
Consultado sobre cómo continúa la situación de cara a los vecinos preocupados por el tema, Merlo remarcó que la resolución judicial no modifica el rumbo de la gestión municipal: “El fallo no nos cambia nada en lo que nosotros venimos trabajando, es más, nos pone más en foco y nos pone más responsabilidad de que tenemos que seguir en el camino que venimos y tratar de darle respuesta a esos vecinos”.
Reconoció explícitamente la validez del reclamo: “La problemática que ellos viven es real”, dijo, y detalló una serie de acciones ya en marcha para reducir el impacto del vertedero mientras se avanza hacia una solución de fondo: incorporación de más maquinaria, un proyecto para conformar domos que permitan un manejo más controlado de los residuos, la construcción de un cerco perimetral completo —dado que, admitió, hoy el vertedero está abierto—, la instalación de cámaras de vigilancia, la próxima incorporación de un sereno para reforzar el control, y la implementación de una cortina forestal en todo el predio.
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