La diputada Gladys Salinas, del bloque libertario unipersonal Partido Conservador Popular, presentó un proyecto de ley para terminar con la denominada Ley de Enganche, que establece que los aumentos salariales del Poder Judicial entrerriano sean similares a los que otorga la Corte Suprema de Justicia. Desde la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) expresaron que la noticia los tomó por sorpresa y dijeron que generará “un conflicto innecesario”. También lo interpretaron como “una amenaza” derivada de la tensión por el debate sobre la reforma previsional. Todavía no se expresó la Asociación de la Magistratura.
Como coautora de la iniciativa figura la diputada provincial Noelia Taborda, de Juntos por Entre Ríos (JxER), y Salinas viene acompañando proyectos del gobierno. Ambos datos permiten suponer que el texto cuenta con el aval de la gestión de Rogelio Frigerio.
De hecho, en sus redes sociales, Taborda difundió imágenes de reuniones que mantuvo la semana pasada con Frigerio, con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
Los haberes del Poder Judicial fueron tema de debate durante la discusión sobre la reforma previsional, que sí contiene el desenganche de los pasivos, cuyos aumentos ahora se determinarán en línea con las paritarias del sector docente de la provincia.
La norma que se busca derogar es la Ley Nº 10.068, sancionada por la Legislatura el 26 de octubre de 2011 y promulgada en noviembre de ese año, durante la gobernación de Sergio Urribarri.
El artículo 1 establece que a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial entrerriano se les aplique automáticamente todo incremento que, por cualquier concepto, disponga la Corte Suprema para los haberes del Poder Judicial nacional.
La AJER consideró entonces la sanción como una conquista salarial porque permitía que los aumentos judiciales provinciales siguieran porcentualmente los incrementos otorgados por la Corte. Así lo expresó en aquel entonces Fernando Cañete, que era secretario gremial del sindicato de trabajadores judiciales y luego se desempeñó como presidente del desparecido Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Cañete destacó que sistemas similares ya se aplicaban en Córdoba y en Santa Fe.
El proyecto de Salinas y Taborda consta solamente de dos artículos que apuntan a la derogación de la normativa. “Transcurridos varios años desde su sanción, entendemos que corresponde revisar este sistema y recuperar para la provincia la capacidad de decidir sobre la administración y el destino de sus propios recursos”, expresaron las legisladoras en los fundamentos.
Las diputadas remarcaron el incremento permanente del gasto que se produce de manera automática como consecuencia de la norma “sin que esta Legislatura pueda analizar en cada oportunidad su impacto ni su relación con los recursos disponibles”.
“Las decisiones salariales del Poder Judicial nacional se adoptan de acuerdo con su propia realidad, su presupuesto y los recursos con los que cuenta el Estado nacional. Esas circunstancias no son necesariamente las mismas que atraviesa nuestra provincia, que debe atender con sus recursos el funcionamiento de la justicia, la educación, la salud, la seguridad y los demás servicios esenciales”, advirtieron.
También mencionaron que la iniciativa “se encuentra en línea con el cambio de rumbo impulsado por el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, que ha colocado al equilibrio fiscal, el orden de las cuentas públicas y el cuidado de los recursos de los contribuyentes como principios centrales de su gestión”.
Más adelante, advirtieron que “la derogación propuesta no busca afectar la independencia del Poder Judicial ni desconocer la importancia de la función que cumplen sus magistrados, funcionarios y empleados” y que “tampoco implica reducir las remuneraciones actualmente vigentes”.
“Lo que se propone es dejar sin efecto, hacia el futuro, un mecanismo automático que limita la capacidad de la provincia para definir su propia política salarial. Esto no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que procura que esas decisiones sean tomadas en Entre Ríos, de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos”, indicaron.
“Esto parece una amenaza”
El secretario general de AJER, José María Segura, cuestionó el proyecto y aseguró que la noticia tomó por sorpresa al gremio. También dijo ante la consulta de Radio Plaza que no existió ningún contacto previo con las legisladoras.
El dirigente consideró que “es innecesario generar un conflicto” al avanzar con la derogación de la norma y cuestionó el sentido de la propuesta. “Me parece que seguir atacando a los trabajadores públicos no tiene sentido”, expresó, en diálogo con el programa Puro Cuento.
Segura explicó que la Ley de Enganche tiene como fundamento el principio de independencia del Poder Judicial, al establecer un mecanismo de actualización que evita que los salarios queden sujetos exclusivamente a una negociación con el Poder Ejecutivo.
Según señaló, la norma que funciona desde 2011 tuvo un desarrollo “normal” hasta la emergencia económica implementada en 2020. También recordó que durante 2023 y 2024 los trabajadores judiciales sufrieron una pérdida significativa del poder adquisitivo debido a aumentos salariales inferiores a la inflación.
“Hoy está más o menos normalizado, si bien no hemos recuperado lo perdido”, expuso. En ese sentido, rechazó el argumento de que la provincia no pueda quedar sujeta a un aumento determinado por otro ámbito y explicó que se trata de un mecanismo de actualización automática.
El dirigente remarcó además que la ley no solamente alcanza a los trabajadores judiciales, sino que también tiene implicancias para magistrados y funcionarios. Por eso, consideró que su modificación podría generar un conflicto que exceda al ámbito gremial.
Segura vinculó la iniciativa con el conflicto generado por la reforma del sistema previsional provincial. Según relató, desde sectores del gobierno habrían advertido al gremio que, si avanzaban judicialmente contra la nueva normativa, también se impulsaría la derogación de la Ley de Enganche.
“En lugar de un conflicto, en realidad, esto parece como una especie de amenaza”, sostuvo el dirigente, quien anticipó que desde AJER buscarán coordinar acciones con los distintos sectores del Poder Judicial, entre ellos la Asociación de la Magistratura, que todavía no se expresó al respecto.
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