Un grupo de diputados del peronismo federal presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe en detalle sobre el ingreso y el amarre del buque británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, un episodio que suscitó roces entre la administración de Javier Milei y la gestión de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los legisladores Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos impulsan una iniciativa para determinar quién autorizó la operación, bajo qué criterios y qué organismos nacionales y provinciales intervinieron en el amarre del petrolero con bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El reclamo de los diputados peronistas
En el texto, exigen conocer el itinerario del buque, su procedencia, destino, bandera, propietario, operador y agente marítimo, así como también sus posibles operaciones anteriores en Río Cullen u otras instalaciones hidrocarburíferas de Tierra del Fuego.
También piden información sobre las autorizaciones administrativas, marítimas, aduaneras, ambientales y portuarias otorgadas; la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la Prefectura, Aduana y otros organismos.
Asimismo, buscan determinar si la Cancilleria y sus titular, Pablo Quirno, fueron consultados antes de autorizar el ingreso y amarre y si se analizaron las implicancias de la operación respecto de la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.
Por otra parte, el proyecto se pregunta por los antecedentes y eventuales vínculos comerciales del buque y sus empresas relacionadas con actividades en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Además, Olmos y Michel quieren saber si el Gobierno de Tierra del Fuego fue informado o consultado y qué participación tuvo la Dirección Provincial de Puertos.
Cabe recordar que el puerto de Ushuaia fue intervenido por Nación en enero pasado, por lo que su administración actualmente está en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), un frente de conflicto entre Javier Milei y el gobernador austral Gustavo Melella.
El proyecto no afirma que el buque haya cometido una infracción, sino que pide investigar sus antecedentes, propietarios, operadores y eventuales vínculos con actividades no autorizadas por Argentina en los territorios en disputa.
En paralelo, la senadora fueguina Cristina López presentó un proyecto para repudiar el ingreso del petrolero VS Promise.
“Los libertarios tienen que explicar: quién autorizó el ingreso del buque; qué operaciones realizó; quién contrató o fletó la embarcación; qué carga transportaba y cuál era su destino; qué controles se realizaron; por qué no aplicaron la Ley Gaucho Rivero”, apuntó.
El cruce entre Nación y Tierra del Fuego
El amarre del petrolero británico suscitó una queja de la administración fueguina. “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, apuntaron.
A la par, indicaron que Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, “ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral”.
Por el contrario, el vocero presidencial, Adrián Ravier, rechazó la responsabilidad del Gobierno y cargó las tintas sobre la provincia.
“Es un buque petrolero, que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto Cuyén, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para aprovisionarse”, dijo Ravier en su conferencia de prensa.
El funcionario indicó que el barco “no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”. Detalló, además, que la monoboya “es de jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino el que avaló el ingreso del buque”.
El vocero apuntó que la ley Gaucho Rivero “no prohíbe indiscriminadamente el ingreso a puertos fueguinos de todo buque vinculado al Reino Unido” y que alcanza a aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas.
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