El RIGI todavía llega a pocas pymes: el debate sobre cuánto derraman las grandes inversiones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra proyectos multimillonarios en minería, petróleo y gas y promete movilizar nuevos desembolsos durante los próximos años. Pero mientras varios de esos desarrollos recién comienzan a ponerse en marcha, su llegada al entramado productivo local todavía es reducida.

Una encuesta de la Fundación Observatorio PyME reveló que apenas 4,7% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedora directa o indirecta de iniciativas vinculadas con el régimen.

El dato abrió una discusión entre los sectores productivos: para la industria metalúrgica existen condiciones que dificultan una mayor integración nacional, mientras que desde la minería y el petróleo sostienen que todavía es demasiado pronto para medir el verdadero impacto de las inversiones sobre sus cadenas de proveedores.

Dentro de ese reducido universo, la participación directa es aún menor. Solo 1,5% de las pymes relevadas es proveedora directa, mientras que otro 3,2% participa de manera indirecta. Existe, además, un grupo más amplio que permanece afuera pero muestra interés por ingresar: un 3,2% tuvo o tiene intenciones de participar, aunque no cumplió con los requisitos, y otro 11,6% no participa pero manifestó interés por hacerlo en el futuro. El 80,5% restante no participa.

La fotografía actual muestra así una presencia limitada, pero también un universo potencialmente mayor de pequeñas y medianas empresas interesadas en vincularse con los proyectos. Si se suma el 3,2% que tuvo o tiene intenciones pero no cumplió los requisitos y el 11,6% que quiere participar en el futuro, otro 14,8% de las pymes aparece interesado en ingresar. La encuesta no detalla cuáles son los factores que explican que esas firmas todavía permanezcan afuera.

El alcance sobre el entramado productivo cobra relevancia frente al tamaño de las inversiones involucradas. El Comité Evaluador ya aprobó unos 21 proyectos y en conjunto, representan una financiación comprometida de USD 46.708 millones. Además, se prevé que esas iniciativas generarán 95.158 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

En un documento interno de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector plantea reparos sobre cuánto de ese movimiento inversor puede convertirse efectivamente en demanda para fabricantes argentinos. Uno de ellos apunta al compromiso del 20% de compre local. Ese porcentaje no se calcula sobre la inversión total del proyecto, sino sobre el monto destinado al pago de proveedores de bienes y obras.

Según Adimra, esa base surge del plan de cada iniciativa y se informa a la autoridad de aplicación, pero no se publica individualmente, por lo que no puede verificarse externamente cuál es el monto concreto sobre el que se aplica el porcentaje.

A esto se suma que dentro del mismo 20% se computan tanto la adquisición de bienes como la contratación de obras, sin una proporción determinada entre ambas. Para la entidad, actividades como la construcción civil, el movimiento de suelos o el montaje, que por sus propias características tienden a contratarse localmente, pueden cubrir buena parte del compromiso sin que eso implique necesariamente una compra adicional de bienes industriales fabricados en la Argentina. La composición entre bienes y obras de cada plan tampoco se publica.

Otro de los puntos que la entidad metalúrgica incorpora al debate son las compras externas. Entre mayo de 2025 y junio de 2026, ocho VPU (Vehículos de Proyecto Único, es decir, las sociedades o estructuras jurídicas a través de las cuales se desarrolla cada proyecto adherido al RIGI) importaron bienes por USD 284 millones FOB. Y el 87% de ese monto se concentró en tres capítulos relacionados con el núcleo metalúrgico: manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos mecánicos y material eléctrico.

El detalle incluye tanques y cisternas de acero, equipos de filtrado y ósmosis inversa, tubos para oleoductos, transformadores eléctricos, puentes grúa y subestaciones eléctricas. También aparecen tornillos, tuercas y arandelas importados por seis VPU diferentes.

En paralelo, los relevamientos de Adimra muestran que los proveedores metalúrgicos de petróleo y gas acumulan una caída de actividad del 5,4% en el comienzo de 2026, después de retroceder 3,2% en 2025 y 5,4% en 2024. En minería, la baja alcanza el 4,5% este año, tras descensos del 7,5% en 2024 y del 1,9% en 2025. En ambos casos, el nivel se encuentra por debajo del registrado en 2022, remarca el informe al que accedió Infobae.

La visión de la minería y el sector petrolero

Desde la minería, sin embargo, consideran que la foto actual resulta todavía prematura para evaluar cuánto terminará derramando el RIGI sobre las empresas proveedoras. El argumento se apoya fundamentalmente en la etapa en la que se encuentran los grandes proyectos que buscan ingresar o ya ingresaron al régimen.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz, explicó a este medio que alrededor del 75% de las presentaciones mineras realizadas para el RIGI corresponde a proyectos de cobre; otro 18% pertenece a proyectos de litio y el 7% restante a oro y plata. La particularidad del primer grupo, que concentra ampliamente las iniciativas, es que parte prácticamente desde cero en términos de producción: antes de comenzar a producir, los proyectos deben construirse.

“Hay una ansiedad muy grande”, destacó Cacciola. Para el empresario, existe una expectativa elevada respecto del impacto que las inversiones deberían generar sobre los proveedores, aunque todavía no comenzó una etapa fuerte de construcción en buena parte de las iniciativas presentadas. Entre los casos que mencionó aparecen Pachón y Agua Rica, de Glencore, cuyas presentaciones al RIGI todavía están pendientes de aprobación.

Una situación diferente presenta Vicuña, cuyo proyecto (comprende dos yacimientos, Josemaría y Filo del Sol) ya está aprobado y la inversión comprometida es de USD 9.000 millones. La iniciativa atraviesa una etapa inicial de construcción y según Cacciola, actualmente trabajan allí unas 2.500 personas entre personal directo e indirecto del primer anillo de proveedores.

La incorporación de proveedores nacionales también generó controversias en torno a ese proyecto. La decisión de Vicuña de importar módulos habitacionales desde China, pese a que existía oferta local, recibió cuestionamientos. Según trascendió, existía una diferencia de precio de alrededor del 20% en favor del producto importado. Cacciola señaló que en el proceso de construcción existen decisiones relacionadas con la urgencia y los tiempos que requieren las obras.

Desde la minería local también ponen como referencia lo que ya sucede en el litio, un segmento que recorrió una etapa más avanzada. Según Cacciola, una vez que un proyecto entra en operación, entre el 75% y el 80% de sus materiales, insumos y servicios son locales. Las compras externas se concentran en elementos que no se fabrican en el país y en determinados materiales específicos que tampoco están disponibles en la Argentina.

En esa instancia, explicó el presidente de la CAEM: “La metalmecánica, los complejos químicos y otros proveedores de insumos comienzan a ganar participación. En el caso de servicios como catering y transporte, Cacciola señaló que todo se contrata localmente. En cambio, determinados equipos mineros necesariamente se adquieren en el exterior porque no existe fabricación nacional”.

Cacciola resaltó: “El desafío también involucra a las propias pequeñas y medianas empresas. Los proveedores que buscan incorporarse a la minería deben adaptarse a exigencias de seguridad y control ambiental más estrictas, entre otros requisitos. Esa necesidad llevó al desarrollo de programas de formación de proveedores en diferentes provincias”.

El empresario también destacó que el 20% de contratación local previsto por el RIGI funciona como un piso. El sector, además, busca avanzar con una mesa federal minera para ordenar ese proceso.

Como referencia del tamaño que ya tiene la cadena productiva, Roberto Cacciola dijo que a diciembre de 2025 la minería reunía 115.000 empleos en el denominado primer anillo, que incluye los puestos directos de los yacimientos y los correspondientes a proveedores contratados directamente por los proyectos. La expectativa de la actividad es alcanzar 300.000 personas cuando las nuevas iniciativas estén en desarrollo, hacia 2033.

Desde la industria petrolera, en tanto, plantean una lectura similar respecto de los tiempos. Fuentes del sector consideraron que todavía resulta demasiado pronto para evaluar el efecto del RIGI sobre las pymes.

Resalta en el sector que se trata de inversiones multimillonarias y proyectos que demandan como mínimo alrededor de tres años, por lo que esperan que muchas pequeñas y medianas empresas comiencen a beneficiarse a medida que avancen los desarrollos.

También sostienen que el efecto sobre las pymes no debería medirse únicamente por su incorporación directa a un proyecto del RIGI. Desde esa perspectiva, las grandes inversiones funcionan como un acelerador de otras actividades de la economía y pueden generar demanda sobre pequeñas y medianas empresas, aunque estas no formen parte directamente de los proyectos incorporados al régimen.

Como antecedente, las fuentes petroleras mencionan Fortín de Piedra, el yacimiento desarrollado por Tecpetrol, del Grupo Techint. Según contaron, 1.092 pymes participaron en su desarrollo, un ejemplo que utilizan para dimensionar la cantidad de proveedores que puede involucrar un proyecto energético a lo largo de su ejecución. También remarcan que el número de proyectos RIGI aprobados todavía es reducido y esperan que el denominado Súper RIGI acelere las inversiones.

El debate, para la industria petrolera, también pone bajo la lupa la capacidad de la producción nacional para competir por esa nueva demanda. Las fuentes plantearon preguntas sobre qué fabrica actualmente la Argentina, qué características tienen esos productos, cuáles son sus precios y si responden a las necesidades de los grandes proyectos. El caso de los módulos habitacionales importados aparece como uno de los ejemplos que impulsaron esa discusión.

Desde el sector sostienen, al mismo tiempo, que para las compañías resulta conveniente contar con un empresario pyme local cuando puede brindar el producto, el servicio o la solución requerida, entre otros motivos por la cercanía con la operación. Consideran que la magnitud de las inversiones abre conversaciones entre grandes compañías y proveedores nacionales que antes no se producían con la misma intensidad.

Las expectativas sobre el desarrollo de proveedores también aparecieron entre los gobernadores de las provincias que concentran proyectos mineros y energéticos.

Durante el Council of the Americas que tuvo lugar esta semana, Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, defendió el RIGI y afirmó que las inversiones generan “un derrame en nuestros proveedores mineros y de otros sectores también”. Además, señaló que Jujuy produce el 60% del litio que exporta el país y consideró que están dadas las condiciones para una expansión de la producción.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, destacó que su provincia fue la primera en adherir al régimen y precisó que en los tres proyectos que se desarrollan en su territorio se esperan inversiones por USD 12.000 millones en los próximos años. Al referirse al impacto local, pidió a las compañías que prioricen el desarrollo de proveedores de la provincia por su efecto sobre la generación de empleo.

Los dos gobernadores también reclamaron inversiones en infraestructura y plantearon la necesidad de mantener la institucionalidad y la seguridad jurídica.