El kirchnerismo pide en provincia de Buenos Aires un régimen de protección ante la creciente morosidad familiar

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley que busca limitar el endeudamiento de los empleados públicos bonaerenses mediante descuentos sobre el salario, en un escenario de morosidad récord y fuerte presión gremial.

La iniciativa, presentada por el legislador peronista, se convirtió en eje de la discusión interna del oficialismo, ya que llega luego del lanzamiento del programa “Ponete al Día”, lanzado por el Banco Provincia. La iniciativa de la banca pública se da también tras la advertencia de los gremios estatales y municipios del conurbano sobre el impacto del sobreendeudamiento familiar.

La normativa impulsada por Berni establece que las obligaciones voluntarias no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que cada trabajador conserve al menos el 70% de su haber o el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida abarca a la administración pública central y descentralizada, organismos autárquicos y entidades cuyos haberes se liquiden a través del sistema de códigos de descuento de la provincia. El Ejecutivo podrá incorporar de manera progresiva otros regímenes de liquidación.

La presentación del proyecto de Berni no escapa a la discusión interna del peronismo bonaerense. Los canales de diálogo entre el Ejecutivo y la conducción de los bloques legislativos son escasos. Los niveles de morosidad familiar son una agenda que se impuso a la realidad, al punto de que los gremios exigieron respuestas urgentes ante el avance de la deuda familiar. Por primera vez, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, participó del encuentro con los sindicatos y anunció el lanzamiento de un programa especial de desendeudamiento, “Ponete al Día”, que ya alcanzó a 84.000 clientes con planes de refinanciación por un total de $344.800 millones, según datos oficiales.

La crisis de morosidad atraviesa a todos los sectores sociales. En mayo de 2026, 1,84 millones de bonaerenses estaban en mora, según el Mapa de la deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert, con una deuda total impaga de $6,49 billones. El promedio provincial de morosidad es del 20,17%, pero la situación es aún más crítica en el conurbano: José C. Paz lidera el ranking de los municipios más afectados, con una tasa de morosidad de 32,86%, seguido por Presidente Perón (32,73%) y Florencio Varela (32,48%). En José C. Paz, la deuda impaga asciende a $132.955,92 millones y afecta a 45.682 personas. Los más jóvenes presentan los peores indicadores: la tasa de mora llega al 46,17% en el grupo de hasta 25 años.

El fenómeno, lejos de ser homogéneo, muestra diferencias por edad y género, pero atraviesa todos los municipios del primer y segundo cordón del conurbano, muchos con tasas por encima del 30%. La situación no distingue canales: en fintech, cadenas comerciales y tarjetas de consumo, la morosidad supera el 30%.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expuso en su última conferencia de prensa que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años, pasando del 2,5% al 12,8%. La crisis, sostuvo, no es consecuencia de la irresponsabilidad individual, sino de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei.

La respuesta del Gobierno de Javier Milei

El presidente Javier Milei relativizó la crisis de endeudamiento familiar y defendió la no intervención del Estado. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”, afirmó en entrevistas recientes con LN+ y Radio Mitre. Además, sostuvo: “Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. Para Milei, trasladar la responsabilidad al Estado “no está bien” y “es una distorsión del mercado”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó este enfoque: “Es un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

En respuesta, Bianco subrayó que el discurso nacional “niega el problema y responsabiliza a la gente que no llega a fin de mes y se debe endeudar para comprar alimentos”. El funcionario remarcó que el principal detonante de la crisis es la caída real de los ingresos y el aumento del peso de los servicios públicos sobre el salario formal, que pasó del 6% al 15% en pocos meses. “El responsable del endeudamiento de las familias es Milei, que pisó los ingresos, aumentó las tarifas y subió el costo crediticio”, afirmó Bianco.

La ley que el kirchnerismo buscará llevar a debate en el Senado bonaerense incorpora mecanismos de alerta temprana al alcanzar el 20% de afectación salarial y bloqueos automáticos al llegar al tope legal. Prohíbe cualquier intento de eludir los límites y obliga a las entidades financieras, mutuales y cooperativas a informar de manera clara y completa el costo total del financiamiento, además de prohibir el traslado de cargos administrativos a los empleados públicos. El sistema se financiará con una tasa mensual sobre la masa de descuentos, de la cual el 75% nutrirá un fondo especial de protección del ingreso y reordenamiento financiero.

La autoridad de aplicación podrá sancionar con multas, suspensión o baja del registro a las entidades que incumplan los límites o dificulten la cancelación de deudas. Además, el régimen prevé la publicación anual de informes con estadísticas sobre el alcance del sistema, el porcentaje de ingresos afectados, la cantidad de refinanciaciones y las sanciones aplicadas.

Sin embargo, el Banco Provincia, lanzó en julio de este año el programa Ponete al Día. Allí, la banca que conduce el gobierno de Kicillof promueve un plan integral destinado a la refinanciación de deudas para clientes en mora al 31 de mayo de 2026. El programa contempla una reducción significativa de tasas de interés, ampliación de plazos hasta 72 meses y condiciones segmentadas según el perfil del cliente. Entre las medidas, quienes presentan mora temprana (hasta 90 días de atraso) pueden acceder a una tasa del 50% anual si cobran haberes en el banco, y al 39% si perciben ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Para casos de mora avanzada (más de 90 días), la tasa desciende al 31% anual para personas sobreendeudadas, con cuotas mensuales más accesibles.

El plan incluye una opción especial para refinanciar consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, con una tasa del 41% en hasta 60 cuotas y la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el saldo disponible tras la operación. Además se flexibilizó las condiciones para excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares, quienes podrán acceder a tasas preferenciales y plazos extendido.