China tiene un rival económico que aún no despertó. Es la potencialidad conjunta que los países que componen el Indo-Pacífico tienen para hacer frente a la amenaza que representa Beijing para sus intereses. Próximos y lejanos. La expansión del régimen que comanda Xi Jinping no sólo comprende una cuestión regional para esas naciones, sino que trasciende sus propias aguas continentales. Y el papel de América Latina ingresa en ese escenario.
Durante las últimas dos décadas, China construyó en la región latinoamericana una creciente presencia no sólo comercial. Puertos, minería, energía, agricultura, infraestructura, telecomunicaciones, financiamiento y tecnología forman parte de una red de relaciones económicas que le permitió a Beijing ganar profundidad estratégica en una zona que durante demasiado tiempo fue considerada distante por buena parte de Asia.
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El Partido Comunista Chino (PCC) avanzó de manera persistente. Sostenida. Con una estrategia clara de influencia. La presencia china en la región se multiplicó en sectores considerados esenciales y, en algunos casos, llegó a controlar o participar en infraestructuras cuya importancia excede ampliamente el negocio que las originó. Un análisis del CSIS difundido en 2025 identificó participación de compañías chinas en la construcción u operación de decenas de puertos activos de América Latina y el Caribe. Perú y su puerto en Chancay y el conflicto originado en el Canal de Panamá son claros ejemplos.
Chancay es quizás uno de los ejemplos más visibles de esta nueva geografía económica. Su apertura en 2024 convirtió a ese enclave del Pacífico sudamericano en una pieza relevante de las rutas comerciales entre China y América del Sur. Las discusiones posteriores sobre infraestructura ferroviaria que podría conectar Brasil con Chancay muestran, además, que la infraestructura china puede generar corredores económicos que atraviesan fronteras y modifican rutas comerciales tradicionales. Perú ya entregó su estratégico puerto a China, ¿hará lo propio Brasil con sus redes de transporte?
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Pero no toda inversión extranjera es equivalente. Importa cuánto capital llega, pero también quién lo aporta, qué tecnología transfiere, qué valor queda en el país receptor, qué obligaciones asume la empresa inversora y qué relación existe entre esa compañía y el Estado del país de origen. En el caso chino, esa última pregunta merece una consideración especial.
La legislación de la República Popular China establece una relación mucho más estrecha entre las empresas, los ciudadanos y los objetivos de seguridad nacional del Estado que la que existe en las democracias liberales. La Ley de Inteligencia Nacional de 2017, por ejemplo, establece en su artículo 7 que las organizaciones y los ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional. El artículo 14 permite a las autoridades de inteligencia requerir ese apoyo y cooperación.
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¿Qué pasa cuando una empresa china se instala en otro país? Sus ejecutivos están obligados a aportar la información que les sea requerida por las fuerzas de inteligencia del régimen. ¿Qué más están obligados a aportar? ¿Qué otros datos?
El caso Huawei hizo visible esa preocupación: qué grado de autonomía puede tener una compañía cuando el sistema jurídico al que está sometida contempla obligaciones de cooperación con el Estado en materia de inteligencia y seguridad nacional. Lo de la empresa tecnomilitar es más intimidante aún. Un ejemplo insólito lo ilustra a la perfección: en diciembre de 2024 un ciudadano chino hacía tareas de vigilancia frente a una sede diplomática en Asunción, Paraguay. Cuando se identificó al automóvil en el que se movilizaba ese sujeto se descubrió que pertenecía a la empresa Huawei. Servicios 5G… y de espionaje.
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Las nuevas normas aprobadas por el régimen refuerzan esa preocupación. El Decreto 835, vigente desde abril de 2026, regula la respuesta china frente a lo que Beijing considera una “jurisdicción extraterritorial injustificada” de otros Estados. El Decreto 837, vigente desde julio, establece un nuevo marco para las inversiones chinas en el exterior y coloca la seguridad nacional dentro de los principios que deben regirlas. La propia norma contempla revisiones de seguridad sobre inversiones exteriores y obligaciones de cooperación de las empresas y personas alcanzadas.
Estos decretos se conectan con la Ley de Unidad Nacional y con la compleja y discrecional arquitectura jurídica china que busca proyectar hacia el exterior determinadas obligaciones políticas, económicas y de seguridad. Igualmente, esta cooperación -u obligatoriedad- ya estaba vigente aún antes de la formalidad de los decretos recientes del PCC.
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El resultado es una pregunta legítima para cualquier gobierno latinoamericano: ¿qué sucede cuando los intereses comerciales de una compañía china entran en conflicto con una obligación que Beijing considera vinculada con su seguridad nacional? No es un interrogante sólo ideológico. Es una pregunta de seguridad y de previsibilidad económica y jurídica.
Justamente por eso resulta tan importante observar qué está haciendo —o dejando de hacer— el resto del Indo-Pacífico.
Los potenciales competidores del régimen chino en el Indo-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Australia y Filipinas) todavía no han aprendido a combinar las fortalezas que ya poseen.
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Japón tiene tecnología, capital, experiencia industrial y una extraordinaria capacidad para financiar infraestructura. Corea del Sur tiene empresas globales, manufactura avanzada, electrónica, automóviles, construcción naval y tecnología. Taiwán posee uno de los ecosistemas de semiconductores más sofisticados del planeta. India aporta escala, talento, servicios tecnológicos, capacidades digitales y un mercado gigantesco. Australia tiene minerales críticos, energía, capital y una ubicación estratégica. Y Filipinas tiene una ubicación privilegiada, una población joven y una conexión histórica con las principales economías del Pacífico.
No son economías idénticas. Tampoco tienen los mismos intereses en todos los asuntos. Pero precisamente allí reside su potencial. No necesitan ser iguales. Necesitan ser complementarias. Y poseen otra cosa en común: son acosadas permanentemente -de una forma u otra- por Beijing.
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Japón no necesita hacer todo lo que hace Australia. India no tiene que competir directamente con Taiwán. Corea del Sur no necesita convertirse en Australia. Cada país puede aportar aquello en lo que es más fuerte. Uno infraestructura, otro financiamiento y sucesivamente: tecnología, minerales críticos, manufactura, energía, cadenas logísticas, conocimiento digital.
La coordinación de esas capacidades podría producir algo que China ya entendió hace tiempo: una presencia económica se puede convertir en influencia estratégica.
América Latina sería un lugar natural para comenzar. No porque la región deba transformarse en un campo de batalla entre China y sus rivales, sino precisamente porque tiene una necesidad que debería ser atendida por todos: más inversión, más infraestructura, más tecnología, más mercados y más opciones.
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La región tiene recursos energéticos, minerales críticos, producción de alimentos, potencial industrial, mercados digitales y una población superior a los 650 millones de habitantes. Pero durante años recibió menos atención estratégica de la que su tamaño y sus recursos justificaban. China aprovechó ese espacio. Otros lo dejaron vacío.
En varios países latinoamericanos, China se convirtió en un socio comercial fundamental y, en determinados sectores, en un inversor difícil de reemplazar. En Argentina, por ejemplo, el vínculo comercial muestra con claridad la asimetría: China se convirtió en un proveedor central de bienes industriales y tecnología, mientras las exportaciones argentinas hacia ese mercado continúan fuertemente concentradas en productos primarios. Ese tipo de relación no necesariamente es perjudicial. Pero sí puede generar dependencia cuando no existen alternativas.
Y aquí aparece el concepto que considero central: fortaleza económica.
La fortaleza económica de las democracias del Indo-Pacífico no debería medirse solamente por el tamaño de sus PIB nacionales. Su verdadero potencial está en la suma de sus capacidades.
Japón, India, Australia, Taiwán y Corea del Sur no necesitan construir una relación con América Latina idéntica a la de China. Pero juntos pueden ofrecer algo que ninguno de ellos podría ofrecer individualmente con la misma amplitud: una plataforma de inversión, tecnología, comercio y financiamiento capaz de competir por calidad. Eso cambiaría la ecuación.
Hay, además, una diferencia que no debería ser subestimada: los países que podrían constituir esa red de cooperación económica comparten, con todas sus diferencias, buena parte de una tradición política que también está presente en América Latina: democracia, libertad de expresión y respeto por los derechos humanos.
Existe una diferencia abrumadora cuando se compara una relación económica entre democracias con una relación en la que una compañía está sometida a un sistema jurídico que puede subordinar determinados intereses empresariales a objetivos definidos por el Estado y el Partido Comunista.
La confianza no se construye solamente con dinero. Se construye también con instituciones. Y esa podría ser una de las ventajas comparativas más importantes que el Indo-Pacífico democrático puede ofrecer a América Latina.
Una estrategia coordinada de inversión hacia América Latina podría comenzar por sectores donde las capacidades se complementan naturalmente: minerales críticos, energía, infraestructura portuaria, logística, telecomunicaciones, semiconductores, inteligencia artificial, manufactura avanzada, agricultura, biotecnología y cadenas de suministro.
No sería necesario crear una gigantesca institución regional. Bastaría con comenzar a coordinar proyectos.
La expansión de China en América Latina no fue simplemente la consecuencia de que sus empresas buscaran nuevos mercados. Fue también el resultado de una visión de largo plazo del régimen para ganar influencia y generar dependencia.
Ahora existe una oportunidad para que las democracias del Indo-Pacífico hagan algo que hasta hoy han hecho de manera fragmentada: poner en común su fortaleza económica y proyectarla hacia América Latina.
No para formar un bloque contra China ni para impedir que comercie. Tampoco para imponerle a América Latina una nueva dependencia. Sino para que América Latina salga del esquema de opciones limitadas. Si el Indo-Pacífico comienza a ver a esta región como un “socio estratégico” -y viceversa- eso le ayudará a diversificar cadenas de suministro, fortalecer la resiliencia económica y ampliar la cooperación a largo plazo. Y hacer frente a la amenaza china desde otra posición de fortaleza.
Allí está el verdadero rival económico que Beijing todavía no enfrentó: la posibilidad de que Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Australia, Filipinas y otras democracias sean capaces de coordinar sus fortalezas, conectarlas con América Latina y ofrecer algo que el dinero por sí solo no puede comprar: confianza.
X: @TotiPI
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