El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó este mediodía a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión por narcotráfico y le impuso una multa de 118 millones de pesos. Los jueces federales otorgaron 6 años y 8 meses a Juan Andrés Erbes; 6 años a Sebastián Armocida; 5 años a Roberto Coronel; 3 años y 6 meses a Joel Schonfeld; y 3 años de prisión condicional a Soledad Touzet y Walter Olivero. Todos fueron condenados como integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.
Además, el TOF absolvió a Cristian Sánchez y Marino Martínez. Y dispuso la prisión preventiva para Erbes. Por otro lado, el veredicto del tribunal compuesto por Noemí Marta Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello rechazó el decomiso de la estancia.
Cabe recordar que para el productor rural y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, el Ministerio Público Fiscal había pedido 14 años de prisión. Los fiscales lo acusaron de organizar y financiar maniobras de tráfico de estupefacientes desarrolladas entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná, Diamante y otras localidades de la región.
La acusación pública fue llevada adelante en el juicio por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Martín Uriona. Durante su alegato, afirmaron que las pruebas permitieron reconstruir el funcionamiento de una organización integrada por varias personas y dirigida por el principal imputado.
Según la hipótesis fiscal, algunas operaciones se desarrollaban desde campos vinculados al acusado. Allí habría funcionado una pista clandestina utilizada para recibir avionetas con cocaína, mientras que desde sectores ubicados junto al río partían embarcaciones destinadas al traslado y la distribución de la droga.
Una estancia y casi 30 kilos de cocaína
Entre los hechos analizados durante el debate se encuentra el secuestro de 29,5 kilos de cocaína realizado en 2022 dentro de una vivienda de Puerto Gaboto, en Santa Fe. Para la Fiscalía, ese episodio permitió comprobar el funcionamiento sostenido de la estructura investigada.
Los representantes del Ministerio Público también solicitaron el decomiso de la estancia El Mirador. Consideraron que el predio habría sido utilizado como instrumento para cometer los delitos debido a su extensión, su ubicación sobre la costa y las dificultades existentes para acceder al lugar.
Otro elemento valorado fueron las intervenciones telefónicas y los mensajes extraídos de dispositivos secuestrados. La acusación sostuvo que los involucrados utilizaban expresiones como “maples”, “novillitos”, “lomos” y “huevos” para referirse de manera encubierta a sustancias y operaciones ilícitas.
Nota en proceso…
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