El caso contra Naveed Akram, acusado de asesinar a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sídney, incluyó más de 800 declaraciones de testigos y aún restan pruebas por analizar, según informó la Fiscalía este miércoles ante el Tribunal Local de Downing Centre.
Akram, de 25 años, enfrenta 78 cargos relacionados con la masacre ocurrida el 14 de diciembre en Bondi Beach, un ataque que, según la policía, estuvo inspirado por el grupo terrorista Estado Islámico.
La fiscal Danielle New expuso la magnitud de la evidencia durante el proceso de recopilación de datos. Hasta ahora se revisaron más de 800 testimonios, junto a videos, pruebas balísticas y datos de siete dispositivos electrónicos. Falta por examinar información de otros 12 dispositivos y el informe sobre los artefactos explosivos improvisados involucrados.
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De acuerdo con las acusaciones, Akram y su padre, Sajid Akram, de 50 años, iniciaron el ataque lanzando cuatro artefactos explosivos improvisados contra una multitud judía. Aunque ninguno de los dispositivos detonó, la policía los calificó como “viables”: tres bombas de tubo de aluminio y una bomba fabricada con una pelota de tenis, que contenían explosivo, pólvora y rodamientos de acero. La Policía halló un artefacto explosivo de mayor tamaño en el maletero del vehículo de Akram, cubierto con banderas del Estado Islámico.
El padre de Akram murió en un tiroteo con la policía, mientras que Naveed Akram resultó herido. El acusado no presentó declaración de culpabilidad o inocencia frente a los cargos de asesinato, intento de asesinato y comisión de un acto terrorista. La audiencia fue aplazada hasta el 28 de octubre, cuando la fiscalía deberá actualizar al tribunal sobre el avance de la investigación. Naveed está acusado de matar 15 personas durante la masacre.
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El pasado 6 de mayo, se celebró una audiencia procesal en el Tribunal Local de Downing Centre para discutir una orden de silencio que impide revelar la identidad de las víctimas y sobrevivientes que no han optado por identificarse públicamente.
Desde la última comparecencia de Akram, el 15 de abril se añadieron 19 cargos más al expediente judicial, entre ellos 10 por intento de homicidio con arma de fuego y seis por disparar un arma con intención de resistirse al arresto.
La investigación policial es una de las tres pesquisas oficiales que analizan el peor presunto ataque terrorista de Australia y el tiroteo masivo más letal del país en 29 años. Otra comisión, centrada en la interacción entre las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia antes del ataque, publicó en abril un informe preliminar que recomendó endurecer el control de armas. Esta revisión forma parte de una comisión real más amplia, la máxima instancia de investigación pública de Australia, que examina la prevalencia del antisemitismo y las circunstancias del tiroteo de Bondi.
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Australia promulgó leyes que reforzaron el control de armas, endurecieron los controles de antecedentes para la concesión de licencias y establecieron medidas más severas contra los delitos motivados por el odio, en respuesta al tiroteo masivo en Bondi Beach.
Dos proyectos de ley —uno para el control más estricto de armas y otro para combatir el odio— fueron aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado en una sesión extraordinaria del Parlamento. Las reformas sobre armas contaron con el respaldo del partido de los Verdes, pese a la oposición de la coalición conservadora Liberal-Nacional, mientras que las leyes contra el odio recibieron el apoyo del partido Liberal.
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El ministro del Interior, Tony Burke, presentó las reformas señalando que el ataque del 14 de diciembre de 2025, que dejó 15 víctimas fatales, fue perpetrado por personas con “odio en el corazón y armas en las manos”. “Los trágicos sucesos de Bondi exigen una respuesta global por parte del gobierno”, declaró Burke y agregó: “Como gobierno debemos hacer todo lo posible para contrarrestar tanto la motivación como el método”.
Las medidas incluyeron un programa nacional de recompra de armas, controles de antecedentes más rigurosos para otorgar licencias y sanciones más duras para los delitos de odio, en un intento por evitar nuevos episodios de violencia de esta naturaleza en Australia.
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(Con información de Associated Press)
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