Conflicto portuario: el Gobierno oficializó la reducción temporaria del 20% de las tarifas de practicaje

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, una medida que integra el entendimiento alcanzado con el sector para levantar el paro portuario que tuvo lugar esta semana en rechazo al decreto de desregulación de la actividad.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, en el marco del acuerdo que permitió encauzar el conflicto que había afectado la operatoria fluvial y marítima en los últimos días.

La resolución establece la instrumentación del recorte tarifario acordado y determina que la rebaja del 20% se aplicará sobre los valores que surjan del Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018.

La disminución comenzará a regir de manera inmediata y tendrá carácter transitorio, ya que permanecerá vigente únicamente mientras continúe la suspensión temporal del cuestionado decreto con el que el Gobierno intentó modificar el sistema de practicaje.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo indicó: “Como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto N° 690/26, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que concluyeron en una situación excepcional que pone en crisis el normal funcionamiento del sistema de prestación del servicio de practicaje y pilotaje”.

Las medidas acordadas entre el sector y el Gobierno fueron las siguientes:

1. Reactivación de la prestación del servicio de practicaje y pilotaje de manera regular
2. La suspensión de los efectos del Decreto Nº 690/26
3. La conformación de una mesa intersectorial con el objeto de establecer un nuevo reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje
4. La disminución en un 20% de las tarifas vigentes para el servicio de practicaje o pilotaje

El conflicto comenzó el sábado 1° de agosto, luego de la publicación de dicho decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma introdujo cambios en el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991, lo que derivó en el rechazo de los gremios del sector y en medidas de fuerza que afectaron la actividad portuaria.

Entre las principales modificaciones, el decreto creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), permitió a los usuarios elegir libremente a los prestadores del servicio y eliminó restricciones para el ingreso de nuevos operadores. Además, otorgó a la ANPyN la potestad de establecer tarifas máximas y dispuso la publicación obligatoria de los precios con el objetivo de impulsar una mayor competencia.

Según los datos del Ministerio de Desregulación, el practicaje argentino se encuentra entre los más caros del mundo. La tarifa para un buque Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires asciende a USD 16.903, más de tres veces lo que cuesta en Gdańsk (USD 4.729) o Everglades (USD 4.476), y muy por encima de los valores de puertos británicos como Londres, Southampton y Portsmouth. En tanto, los puertos patagónicos cobran USD 11.237 y los no patagónicos USD 9.364, cifras que también exceden ampliamente las de terminales similares en otros países.

La paralización de los puertos argentinos mantuvo a más de 185 buques varados. En respuesta al reclamo que se inició el sábado, el Gobierno intimó a 536 trabajadores a retomar sus tareas y anticipó sanciones por un conflicto que ya comprometía contratos externos, el abastecimiento hacia la Patagonia sur y generaba costos de entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios por cada barco detenido.

Por caso, las operaciones de todas las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Energía (CADE) quedaron interrumpidas en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos desde los que se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país. Entre las operaciones suspendidas figuró la del buque White Marlin, que debía intervenir en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.