El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, resolverá en los próximos días si homologa los acuerdos de juicio abreviado presentados a favor de los acusados de sustraer millones de pesos de la ex Dirección General de Rentas (DGR) y luego Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). La maniobra delictiva consistía en simular compensaciones impositivas con grandes contribuyentes que mantenían deudas con el Estado provincial.
Los fiscales Álvaro Piérola y Patricia Yedro informaron al magistrado los alcances de los acuerdos, los cuales permitirán a la Provincia recuperar 100.200.000 de pesos en concepto de multas, que los imputados abonarán en 10 cuotas consecutivas. Los representantes de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky, acompañaron la presentación.
Tal como adelantó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), todos los imputados reconocieron haber integrado la trama para apoderarse de fondos públicos entre 2004 y 2014.
El detalle de las penas y multas acordadas
- María Estrella Martínez de Yankelevich (77 años): La exjefa del Departamento Despacho acordó tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $30.000.000. Además, deberá realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias fijadas por la Oficina de Medios Alternativos (OMA).
- Abelardo Daniel Gaggión (62 años): El exjefe de Mesa de Entradas aceptó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $20.000.000, junto con 96 horas anuales de trabajos comunitarios.
- Darío Fabián Barreto (61 años): El exdirector del Interior y exjefe de la Representación Territorial en San Salvador acordó tres años de prisión condicional, $30.000.000 de multa y 96 horas anuales de tareas comunitarias. Fue defendido por José Ostolazza.
- Gustavo Alejandro Gioria (62 años): El extesorero de la Provincia acordó una pena de dos años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y el pago de una multa de $10.000.000. (Nota: Martínez de Yankelevich, Gaggión y Gioria contaron con la defensa de Miguel Cullen).
- Julio Schmukler (81 años): El contador público de Concordia acordó, con el patrocinio de Eduardo Martínez, tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y $10.000.000 de multa. Por su edad, se eximió de las pautas de conducta habituales a cambio de abonar $40.000 mensuales durante 36 meses a una institución de bien público.
- Carlos Raúl Castro (72 años): El contador público acordó tres años de prisión condicional, pena que se unifica de manera comprensiva con una condena previa por estafa dictada en Concordia en 2014. Pagará una multa de $200.000 y cumplirá normas de conducta por 24 meses.
Audiencias decisivas y pedidos de probation
Este viernes a las 11:30, el juez Grippo encabezará una nueva audiencia donde se analizarán giros de último momento en la causa. Jorge Martín Zuttión (exdirector de Impuestos y actual auditor del Tribunal de Cuentas) y Luis Alfredo Speroni (integrante de un estudio contable), quienes originalmente se encaminaban al juicio oral, solicitaron la suspensión del juicio a prueba (probation).
La situación de Zuttión genera expectativa jurídica: al haber ejecutado los hechos invocados revistiendo el carácter de funcionario público, el beneficio de la probation le estaría vedado por ley. La posición que adopte la Fiscalía y la posterior decisión de Grippo podrían sentar un precedente clave.
Previamente, a las 10:00, el Tribunal mantendrá una audiencia de visu con los contribuyentes Javier David Kolln, Diego Raúl García, Marta Delfina Ponce y Javier Ramírez. Para resolver su situación legal mediante probation, deberán acreditar el pago actualizado de los impuestos adeudados más la multa fijada por la Provincia.
Una causa impresionante
A 12 años de iniciada la investigación en 2014, el expediente original de 180 imputados quedó reducido al mínimo. La inmensa mayoría de los contribuyentes saldó sus deudas para evitar el fuero penal, mientras que la nómina de exempleados que irán a juicio oral y público se achicó drásticamente.
Hasta el momento, los únicos confirmados para enfrentar el debate oral por no integrar la nómina de acuerdos ni suspensiones son dos excolaboradores de menor jerarquía:
- Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub: Exagente técnico-administrativo de Mesa de Entradas (defendido por Iván Vernengo y Damián Pettenati). Imputado como coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo reiterados.
- Daniela Romina María Miño: Exagente y actual jefa de la División Despacho (patrocinada por Tomás Virgala), quien declaró haber actuado bajo órdenes de sus superiores. Imputada por defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo reiterados.
La maniobra técnica que permitió el desfalco a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) consistió en la alteración del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para cancelar deudas de contribuyentes mediante la carga de compensaciones falsas.
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