Los principales puertos del país permanecen paralizados desde la publicación del Decreto 690/2026, que desreguló el servicio de practicaje y pilotaje en la República Argentina. Gran parte de los prácticos dejó de aceptar nuevos servicios en rechazo a la norma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La Prefectura Naval notificó a más de 500 profesionales, mientras al menos 140 barcos quedaron detenidos en los accesos a terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca y San Lorenzo. El conflicto afecta la entrada y salida de buques, con impacto directo en el comercio exterior y la distribución de combustibles.
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Fernando Morales, perito naval y presidente de la Liga Naval Argentina, sostuvo en Infobae en Vivo que “el conflicto sigue y no hay otra solución que el Gobierno, el ministro Sturzenegger, revise el decreto”.
Morales advirtió que “así como lo hizo es imposible de practicar”, y recordó que la Prefectura Naval recomendó no eliminar a los prácticos, ya que “ningún capitán de ningún barco del mundo va a entrar a aguas restringidas que no conoce sin un práctico, porque si choca el barco con otro o con la costa, lo tiene que pagar”.
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Al mismo tiempo, el especialista resaltó que la protesta no es un paro sindical tradicional: “Esto es un montón de profesionales autónomos que dijeron: en estas condiciones no me interesa más ejercer mi profesión”. Y detalló que la nueva regulación “lejos de desregular, regula más, pero en contra de los profesionales que hacen este trabajo”.
Consecuencias para la operatoria portuaria
El Gobierno nacional, por impulso de Sturzenegger, dispuso la desregulación del sector bajo el argumento de reducir costos y abrir el mercado. Morales expuso que el ministro “no quiere más argentinos en el mar” y busca “extranjerizar la marina mercante y eliminar los prácticos”. Según Morales, la Prefectura ya le advirtió al Gobierno que “no se pueden eliminar los prácticos”.
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El decreto habilita nuevos actores y fija precios máximos para el servicio, pero Morales objetó la medida: “Ya hay un tarifario que el exministro Dietrich aprobó”. Precisó que el costo de los prácticos lo asumen las navieras extranjeras: “Dentro del valor del flete está incluido el peaje y el flete es un commodity. Los fletes no van a bajar o a subir porque el barco entre con o sin práctico”.

El especialista enfatizó que los prácticos cumplen una función insustituible: “Sin los prácticos no pueden entrar los barcos a los puertos”. El rechazo a la nueva norma generó una interrupción masiva de servicios en los principales puntos de ingreso y egreso del país.
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Tensión legal, respuesta estatal y riesgos operativos
La Prefectura Naval Argentina inició un operativo para notificar en los domicilios a los prácticos y exigir el retorno a sus funciones. Morales describió la situación como inédita: “La prefectura les cursó una intimación y un abogado les indicó que no tienen voluntad de trabajar, que no están dadas las condiciones para que se presenten.”
El Decreto 690/2026 prevé que la Armada o la Prefectura puedan reemplazar a los prácticos en caso de ausencia. Morales refutó esa opción: “No hay ninguno capacitado para hacer ese trabajo, porque los oficiales de la Armada y de la Prefectura no tienen idoneidad”.
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Al mismo tiempo precisó que la formación de los prácticos exige una carrera específica y habilitaciones otorgadas por el Estado argentino.
El especialista advirtió que los riesgos operativos aumentan sin la intervención de profesionales experimentados. Morales sostuvo que “es una responsabilidad tremenda y te jugás la vida cada vez que subís o bajás de un barco”.
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Formación, acceso profesional y propuestas de salida al conflicto
Por otra parte, Morales aclaró que el acceso a la función de práctico depende de la formación naval y un examen ante la Armada Argentina: “Después que sos capitán, podés presentarte a rendir un examen para práctico. Ante el Estado argentino. Algunos aprueban, otros no.”
El presidente de la Liga Naval Argentina remarcó que no existen barreras corporativas y que cualquier ciudadano con la experiencia y la aprobación estatal puede acceder a la función. Morales afirmó que la solución requiere “abrir una suspensión administrativa”, armar una mesa de diálogo y “arreglar cuatro o cinco cosas” para devolver la tranquilidad laboral a los prácticos.
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La paralización mantiene al menos 140 barcos detenidos y afecta el movimiento de mercaderías y combustibles, con consecuencias inmediatas para la economía nacional. Morales concluyó que prolongar el conflicto puede tener efectos graves sobre la exportación y la logística interna, y reclamó una instancia de diálogo urgente para destrabar la situación portuaria.
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