Mario Arcusín, el abogado que representa a las familias de las cuatro víctimas del choque provocado por el ex funcionario provincial Juan Ruiz Orrico, calificó como “un éxito rotundo” la condena a cinco años y medio de prisión que se conoció este lunes.
El letrado destacó que la querella había solicitado una pena de seis años para los responsables de la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, y señaló que el tribunal finalmente impuso cinco años y ocho meses porque Orrico no registraba antecedentes penales.
Orrico fue condenado al término del juicio oral y público a una pena que no tiene cumplimiento condicional; es decir, si la sentencia queda firme su destino será la cárcel. Según el querellante, eso podría ocurrir en alrededor de ocho meses. El delito imputado es homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas.
En diálogo con FM Riel, emisora de Basabilvaso —la ciudad donde residían los jóvenes fallecidos—, Arcusín valoró la sentencia y la definió como un “éxito rotundo”.
El abogado explicó que había pedido seis años de prisión, pero aclaró que el magistrado no podía conceder esa pena porque la ausencia de antecedentes constituye una circunstancia atenuante prevista por la ley. En consecuencia, la condena quedó apenas cuatro meses por debajo de lo reclamado.
“Si pretenden menospreciar la sentencia diciendo estupideces es porque no son abogados y no conocen la ley. Primero que estudien. Es como ir al médico y decirle lo que te tiene que dar de medicamentos”, expresó ante algunos cuestionamientos y frente a reclamos que sostenían que debía imponerse seis años por cada víctima o incluso prisión perpetua. Frente a ello, aclaró que el tipo penal aplicado en la causa no lo permite.
“Esto es homicidio culposo con dolo eventual y el Código Penal no habilita pedir perpetua ni seis años por cada víctima”, indicó. Arcusín añadió que la sentencia aún puede ser revisada por la Cámara de Casación en Concordia y, eventualmente, por el Superior Tribunal de Justicia. No obstante, estimó que si Casación confirma el fallo será poco probable que prospere una nueva instancia de revisión; calculó que el proceso podría resolverse en un plazo aproximado de ocho meses.
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