En la etapa de réplicas del juicio contra la organización que tiene como principal acusado al productor agropecuario Leonardo Airaldi, el Ministerio Público Fiscal rechazó los planteos de nulidad formulados por varias defensas, defendió la validez de las intervenciones telefónicas, sostuvo que la investigación corresponde a la Justicia Federal por tratarse de un caso de criminalidad organizada y respaldó el pedido de decomiso de uno de los campos vinculados a la causa. Además, consideró prematuro debatir la constitucionalidad de la ley que restringe beneficios para condenados por narcotráfico antes de que exista una sentencia.
Durante la instancia de réplicas en los minutos finales del juicio que comenzó en marzo, la Fiscalía respondió a los distintos cuestionamientos planteados por los defensores durante sus alegatos finales.
Uno de los ejes estuvo referido al pedido de nulidad de las intervenciones telefónicas. El fiscal general José Ignacio Candioti se opuso a ese planteo y sostuvo que la resolución judicial que autorizó las escuchas se encontraba debidamente fundada por el magistrado federal, Leandro Ríos, que intervino en la etapa de instrucción.
También rechazó el planteo formulado por la defensa de Juan Andrés Erbes respecto de la participación de la Policía de Entre Ríos en la investigación, luego de que el expolicía Roberto Fabián Coronel quedara incorporado dentro de la hipótesis acusatoria. Según expusieron los fiscales, esa situación no constituía una causal de nulidad. Argumentaron que no existió perjuicio concreto para los imputados ni se verificó afectación alguna de garantías constitucionales que justificara invalidar las actuaciones realizadas durante la pesquisa.
Otro de los puntos controvertidos fue el planteo de incompetencia sostenido por algunas defensas, que insistieron en que los hechos investigados debían ser tratados como casos de narcomenudeo y, por lo tanto, quedar bajo jurisdicción provincial. La Fiscalía rechazó esa interpretación y sostuvo que la causa no estaba referida a una simple comercialización minorista de estupefacientes. Por el contrario, afirmó que la investigación permitió acreditar el funcionamiento de una organización criminal, razón por la cual la intervención federal resultaba plenamente procedente. Los fiscales remarcaron que el expediente involucra supuestos hechos de criminalidad organizada y que esa característica es incompatible con una eventual calificación vinculada exclusivamente al narcomenudeo.
Por su parte, el fiscal adjunto Juan Podhainy sostuvo que correspondía avanzar con el decomiso de un campo incorporado a la causa, mientras que el representante de la PROCUNAR, Martín Uriona, respondió a los cuestionamientos dirigidos contra la ley que limita beneficios para condenados por narcotráfico.
En ese punto, entendieron que la discusión sobre la constitucionalidad de esa norma solo puede abordarse una vez que exista una condena penal firme o una situación concreta que habilite el planteo. Consideraron que, en el estado actual del proceso, el debate resulta abstracto.
Además, hicieron referencia a un reciente plenario de la Cámara Federal de Casación Penal que convalidó la aplicación de esa legislación.
En las réplicas también, la Fiscalía subrayó una coincidencia entre las distintas estrategias defensivas. Aunque la mayoría de los abogados solicitaron absoluciones para sus asistidos, prácticamente todos formularon pedidos subsidiarios ante una eventual condena.
En algunos casos solicitaron que sus defendidos fueran considerados partícipes secundarios en vez de autores. Otras defensas reclamaron que no se aplicara la agravante vinculada a la intervención de tres o más personas en la actividad ilícita investigada. También hubo planteos para que las eventuales penas fueran de cumplimiento condicional y no efectivas.
Concluida la instancia de réplicas y dúplicas, el Tribunal Oral Federal de Paraná anunció que dará a conocer el veredicto el próximo 13 de agosto, día en que se conocerá la resolución sobre la responsabilidad penal de los acusados en una de las causas de narcotráfico más importantes que llegaron a juicio en los últimos años en Entre Ríos.
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