La defensa de Juan Andrés Erbes y Marino Martínez pidió la absolución de ambos acusados en el juicio por presunto narcotráfico que tiene como principal imputado al productor rural Leonardo Airaldi. El abogado Fernando Monge, quien actúa en la defensa junto a Leopoldo Meresman, sostuvo que la Fiscalía no logró demostrar la existencia de una organización criminal ni hechos concretos de comercialización de drogas, cuestionó la validez de las escuchas telefónicas y planteó nulidades sobre parte de la investigación.
En el marco de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, Monge sostuvo que la acusación “debía demostrar qué hizo concretamente cada uno de estos imputados, cuándo lo hizo, qué sustancias, qué cantidad, para quién, a cambio de qué precio” y afirmó que esa prueba “no quedó acreditada en lo más mínimo”.
El defensor insistió en que la investigación reunió “una gran cantidad de evidencias o de indicios”, pero que no logró corroborar “ningún hecho de comercialización”. En ese sentido, reclamó la absolución de su asistido al recordar que “gozan del estado constitucional de inocencia” y que era la acusación la que debía probar cada uno de los hechos atribuidos.
La causa tiene como principal acusado a Leonardo Airaldi, productor agropecuario de Diamante, quien llegó a juicio junto a otros imputados luego de una investigación federal que incluyó escuchas telefónicas, allanamientos y derivaciones de otra pesquisa desarrollada en Santa Fe. Tal como ha publicado ANÁLISIS, la acusación sostiene que Airaldi lideraba y financiaba una organización dedicada al tráfico de drogas y que contaba con distintos colaboradores.
Durante su exposición, Monge cuestionó el material probatorio reunido por los investigadores. Citó incluso observaciones realizadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y sostuvo que cuestiones centrales relativas a compradores, proveedores, rutas de abastecimiento y movimientos de dinero “siguen sin respuesta”.
Respecto de Juan Andrés Erbes, la defensa rechazó que pudiera ser considerado coautor de una organización criminal. Monge afirmó que no se acreditó que tuviera control sobre proveedores, campos, aeronaves, embarcaciones o recursos económicos atribuidos a Airaldi. “No se comprobó lo más mínimo que Erbes haya tenido vínculo, haya dominado proveedores, los vehículos o los campos”, aseguró.
El abogado también cuestionó la hipótesis fiscal vinculada al bar Mandela, identificado por la acusación como un punto relevante dentro de la presunta operatoria. Según indicó, los testigos describieron al local como “un comercio gastronómico abierto al público” y ninguno refirió haber observado venta de estupefacientes. “Nunca vio venta”, recordó sobre uno de los testigos que declaró durante el debate.
Monge remarcó además que en los allanamientos no se encontraron elementos compatibles con una estructura de tráfico. “No se encontraron bolsas fraccionadas para la venta, listas de compradores, anotaciones de deuda de drogas, ni dinero organizado por operaciones, ni elementos de corte”, enumeró.
Sobre Marino Martínez, sostuvo que la acusación se basa prácticamente en un grupo limitado de conversaciones telefónicas. “No hay ningún otro elemento de prueba contra Marino Martínez”, afirmó, tras señalar que no hubo seguimientos exitosos, interceptaciones durante presuntas entregas ni secuestros de estupefacientes en su domicilio.
Otro de los ejes del alegato fue el cuestionamiento a las escuchas telefónicas. El defensor afirmó que muchas desgrabaciones fueron parciales, denunció deficiencias en la cadena de custodia y sostuvo que las conversaciones nunca fueron corroboradas mediante tareas de vigilancia o procedimientos de campo. “Si hubiese habido una buena actuación policial, hubiesen asistido en ese momento y hubiesen podido constatar si realmente las escuchas se corresponden con la verdad”, expresó.
Además, promovió la nulidad de actuaciones realizadas por la Policía de Entre Ríos luego de que uno de sus integrantes quedara involucrado en la hipótesis de la investigación. Según planteó, la fuerza debió haberse apartado del expediente y, al no hacerlo, resultan cuestionables escuchas, allanamientos y pericias posteriores.
En la parte final de su exposición, Monge sostuvo que tampoco se acreditó el agravante de una organización integrada por tres o más personas. “Esta organización no puede presumirse por amistad, o por algún trabajo compartido, o porque ambos sean consumidores, o por llamadas telefónicas”, afirmó.
Finalmente, reiteró el pedido de absolución para Erbes y Martínez y, de manera subsidiaria, solicitó que cualquier eventual responsabilidad de Erbes sea analizada como una participación menor y no como coautoría dentro de la estructura atribuida por el Ministerio Público Fiscal.
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