El abogado brasileño que defiende a Cristina Kirchner afirmó que las decisiones de la ONU son vinculantes para el país

El abogado brasileño Rafael Valim, integrante del equipo jurídico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato, cuestionó hoy la atribución de responsabilidad penal a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y advirtió que el criterio aplicado en la condena llevaría a que ningún presidente argentino pudiera quedar en libertad. “Si llevamos en serio ese criterio, ningún presidente de Argentina va a quedarse en libertad”, afirmó el letrado paulista, quien integra la nueva defensa internacional de la expresidenta ante la ONU junto al español Javier Borrego y Carlos Beraldi.

En diálogo con Infobae a las 9, Valim señaló que la condena presenta “un problema técnico muy serio” desde el punto de vista del derecho administrativo, al atribuir a Kirchner, en su rol de presidenta de la Nación, responsabilidad sobre contratos firmados por la provincia de Santa Cruz con la Dirección Nacional de Vialidad, un ente autárquico.

“Desde el punto de vista del derecho administrativo es una barbaridad lo que hicieron”, afirmó, y recordó que en Argentina la administración pública nacional recae sobre el jefe de gabinete y no sobre el presidente, a diferencia de lo que ocurre en Brasil.

El letrado también fue categórico al referirse al alcance de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), ante el cual la defensa presentó una Comunicación Individual para cuestionar el proceso judicial. “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo Valim, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una decisión sobre una comunicación individual ante ese organismo puede ser base para la revisión de una sentencia firme.

En este punto, la defensa solicitó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que actualmente funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Sobre la inhabilitación, Valim fue directo: “El comité rechaza inhabilitaciones perpetuas o inhabilitaciones políticas muy largas. Hay precedentes muy claros sobre eso”, dijo, y citó casos europeos en los que el organismo revisó sanciones de entre cinco y ocho años impuestas a altos funcionarios.

Para explicar la elección del Comité de la ONU por sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Valim destacó que la vía elegida ofrece acceso directo sin necesidad de pasar por una comisión previa, y que no rige un plazo de prescripción comparable. “En el reglamento del comité se dice que no se puede abusar del derecho de acceder al comité, y ponen como plazo que sería un abuso cinco años”, precisó, ante las críticas que apuntaban a que la presentación llegaba tarde.

Sobre el carácter vinculante de una eventual cautelar favorable, Valim admitió que el Estado argentino podría no acatarla, tal como ocurrió en Brasil con el caso Lula, pero advirtió sobre las consecuencias de ese camino. “Se quedó insostenible la situación del propio poder judicial brasileño, porque hubo una presión internacional”, recordó. Aclaró que aquel incumplimiento no tuvo consecuencias jurídicas directas, pero que precipitó la resolución del caso al volver evidente la arbitrariedad del proceso.

Consultado sobre la posibilidad de que Kirchner participe en las primarias del peronismo pese a su inhabilitación, Valim respaldó la tesis de Borrego, que sostiene que la restricción alcanza solo a los cargos públicos electivos y no a la etapa previa de las internas partidarias. “Las restricciones a los derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de una manera restrictiva y nunca ampliativa”, argumentó. Reconoció que la interpretación generó controversia, aunque aclaró desconocer si también dentro del entorno de la expresidenta.

Sobre su vínculo con Lula, Valim precisó que el mandatario brasileño “sabe que estoy trabajando en eso” pero que no discuten estrategia legal. Fue el propio equipo de Kirchner el que lo contactó a principios de año. “Yo no estoy acá como un militante político, estoy como un abogado”, subrayó.

Al ser preguntado por los periodistas Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre si Jair Bolsonaro podría recorrer el mismo camino internacional, respondió que su condena le parece correcta desde el punto de vista jurídico. “Él intentó de una manera comprobada hacer un golpe de Estado en Brasil. Y a golpistas se les reserva la cárcel”, dijo. Sí se mostró crítico de la decisión de la justicia brasileña de impedir al presidente Javier Milei visitar a Bolsonaro: “Desde el punto de vista constitucional, de las libertades, no es correcto eso”.

La próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para octubre, cuando la defensa espera obtener una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.