Crece la preocupación en el sector agropecuario por la falta de una ley nacional que regule el mercado de carbono. En la Sociedad Rural Argentina (SRA) advierten que, mientras el Congreso aún no define un marco normativo, varias provincias avanzan con proyectos propios que, según la entidad, podrían apropiarse de parte del valor económico de los créditos de carbono generados en establecimientos privados. El temor es que, sin una norma que unifique criterios, termine consolidándose una interpretación según la cual los distritos puedan reclamar una participación sobre un activo que los productores consideran propio.
La preocupación no gira únicamente alrededor de una discusión jurídica. Para la dirigencia rural se trata también de un negocio con fuerte potencial de crecimiento, que podría convertirse en una nueva fuente de ingresos para el agro argentino.
El tema quedó expuesto el domingo pasado durante el acto de inauguración oficial de la 138a. Exposición Rural de Palermo. En uno de los tramos de su discurso, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, hizo una defensa explícita de la propiedad de los servicios ecosistémicos y reclamó que una futura ley de carbono garantice ese derecho. “Los servicios ecosistémicos son de propiedad privada y pertenecen al dueño de la tierra”, sostuvo. También afirmó que “en la Argentina no existen lo que se ha dado en llamar bienes comunes; existen bienes públicos o bienes privados”, una frase que para la entidad resume el fondo de la discusión.
Detrás de ese mensaje existe un debate que, según explicó a LA NACION Andrés Costamagna, director de la SRA y coordinador del área de sustentabilidad, ya comenzó a trasladarse a distintas provincias. “Hoy en la Argentina se están discutiendo dos cuestiones: la propiedad del carbono y que existan reglas claras para que los inversores, compradores y todos los actores del sistema tengan seguridad jurídica”, explicó.
Según indicó, el país todavía no cuenta con una legislación nacional que regule el mercado de carbono, lo que dio lugar a interpretaciones diferentes sobre quién es el titular de los créditos que se generan a partir de la captura de carbono mediante el manejo de suelos, bosques o pastizales. “Es algo que hoy no está regulado o tiene interpretaciones diversas y necesita ajustes”, afirmó. Para la SRA, el punto central pasa por la interpretación del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.
Según Costamagna, algunas jurisdicciones consideran que esa disposición también les permite participar de los beneficios económicos derivados de los créditos de carbono. La posición de la entidad, en cambio, es distinta. “Los créditos de carbono son del dueño de la tierra. Así ocurre en cualquier parte del mundo, salvo que exista una regulación específica que diga otra cosa”, señaló.
Por eso, explicó, Pino hizo especial referencia durante su discurso al concepto de propiedad privada y rechazó la idea de los llamados “bienes comunes”. “Cuando Nicolás Pino dice que en la Argentina no hay bienes comunes, sino bienes públicos o bienes privados, lo que está diciendo es que los servicios ecosistémicos tienen un propietario. No es que gratuitamente vamos a ayudar a conservar el planeta. Debe existir una compensación para quien produce ese servicio ambiental”, explicó.
Según sostuvo, esa compensación puede provenir de los créditos de carbono u otros mecanismos, pero siempre debe corresponder a quien genera ese activo. El planteo de la Sociedad Rural se apoya en experiencias que ya comenzaron a desarrollarse en algunas provincias. Como ejemplo, Costamagna mencionó el caso de Misiones, donde se implementó un proyecto de créditos de carbono junto con la empresa Mercuria.
Según explicó, la provincia impulsó un esquema en el que originalmente la mayor parte de los ingresos quedaba en manos del Estado provincial bajo el argumento del dominio originario de los recursos naturales. “Se apropiaban de la mayor parte de los créditos. Después de las discusiones hubo cambios, pero para nosotros el criterio sigue siendo incorrecto. La provincia puede cobrar impuestos, pero no quedarse con el activo”, afirmó.
El directivo agregó que situaciones similares comenzaron a aparecer también en Jujuy, Neuquén, Salta y Chubut, aunque con distintos niveles de avance. “Cuando el gobierno nacional dejó de impulsar esta agenda, las provincias avanzaron por su cuenta”, señaló. En paralelo, el Congreso ya tiene sobre la mesa distintos proyectos para regular el mercado de carbono. Costamagna indicó que actualmente existen tres iniciativas y que la prioridad de la Sociedad Rural no pasa necesariamente por cuál avance, sino por el contenido de la futura norma.
“Nosotros necesitamos que cualquier proyecto reconozca la propiedad privada de los créditos de carbono. Mientras no se metan con la propiedad del productor, estamos de acuerdo”, resumió.
La entidad también impulsa, junto con la Mesa Argentina de Carbono, un proyecto elaborado por el sector privado que busca establecer reglas claras para el funcionamiento del mercado, brindar seguridad jurídica y evitar que cada provincia establezca un régimen diferente. A juicio de la SRA, una ley nacional permitiría ordenar el sistema y fijar un criterio uniforme para todo el país.
Más allá del debate jurídico, Costamagna considera que la Argentina está frente a una oportunidad económica. “El Gobierno todavía no entiende que esto es un negocio, un nuevo producto de exportación”, afirmó. Según estimó, el mercado de créditos de carbono podría generar ingresos por alrededor de US$4000 millones en una primera etapa y alcanzar US$10.000 millones en los próximos años si el país logra consolidar un marco regulatorio confiable. Sin embargo, advirtió que mientras no exista una ley nacional persistirá la incertidumbre sobre quién es el titular de esos activos y cuáles serán las reglas para comercializarlos.
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