Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas pidió este lunes al régimen de Irán revocar las condenas a muerte impuestas a diez jóvenes procesados por su presunta participación en las protestas antigubernamentales registradas en enero. Los especialistas sostuvieron que el juicio incumplió estándares internacionales de debido proceso y reclamaron la suspensión inmediata de las ejecuciones pendientes.
El pronunciamiento se produjo después de que un tribunal iraní condenara a doce hombres, la mayoría de ellos de entre finales de la adolescencia y poco más de veinte años. Dos de los acusados fueron ejecutados el pasado 19 de julio, mientras que los otros diez permanecen bajo sentencia de muerte.
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En un comunicado, los expertos expresaron su preocupación por la forma en que se desarrolló el proceso judicial.
“Condenar a muerte a 12 personas en una misma audiencia, a puerta cerrada y sin claridad sobre la responsabilidad individual de cada acusado, vulnera las normas establecidas para un juicio justo”, afirmaron.
Los firmantes del documento son 13 expertos de la ONU, entre ellos relatores especiales y miembros de grupos de trabajo dedicados a temas como las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias. Aunque forman parte de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, actúan de manera independiente y no representan oficialmente la posición del organismo.
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Las condenas están relacionadas con las manifestaciones que sacudieron varias ciudades iraníes a comienzos de enero. Las protestas comenzaron como una respuesta al aumento del costo de vida y derivaron en movilizaciones contra el régimen persa. La represión desplegada por las fuerzas de seguridad durante los días 8 y 9 de enero dejó un elevado número de víctimas.
El régimen iraní sostuvo que más de 3.000 personas murieron durante esos episodios y atribuyó la violencia a “actos terroristas” organizados por Estados Unidos e Israel. En cambio, organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que miles de personas fallecieron como consecuencia de la respuesta de las fuerzas estatales.
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De acuerdo con los expertos de la ONU, al menos 24 personas vinculadas a las protestas de enero han sido ejecutadas en lo que va de año. Ese dato incrementó la preocupación internacional por el uso de la pena capital en procesos relacionados con las manifestaciones.
Los doce jóvenes condenados fueron acusados de participar en la muerte de cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad, además de presuntos delitos de incendio provocado y actos de vandalismo ocurridos en la plaza Shahid Alikhani, en la ciudad de Isfahán.
Sin embargo, los expertos cuestionaron la transparencia de la causa. “Los cargos en su contra siguen sin estar claros, ya que las audiencias del Tribunal Revolucionario son a puerta cerrada y las sentencias no se publican”, señalaron.
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También indicaron que las condenas se sustentaron en confesiones difundidas por televisión y denunciaron que varios de los acusados habrían sido detenidos de manera arbitraria.
El comunicado añade que algunos de los procesados fueron sometidos a desaparición forzada durante su detención y sufrieron malos tratos antes de comparecer ante la justicia, circunstancias que, según los expertos, comprometen la validez de cualquier prueba obtenida durante ese período.
El caso se suma a las crecientes críticas internacionales por el uso de la pena de muerte en Irán. Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que el país figura entre los que más ejecuciones realizan en el mundo. Además, las organizaciones Iran Human Rights y ECPM informaron que durante 2025 fueron ejecutadas al menos 1.639 personas, la cifra más alta registrada en el país desde 1989.
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