El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 7 de Paraná, Mauricio Mayer, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, las defensas y la Fiscalía de Estado, y condenó a los exfuncionarios Pedro Fernando Gebhart, Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico y a Alejandro David Usatinsky por el desvío de los créditos que debían haber sido destinado a jóvenes entrerrianos para financiar emprendimientos laborales y productivos.
El delito por el cual fueron sentenciados es Peculado. Los tres primeros fueron considerados autores y el último partícipe necesario. Todos recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de reparar económicamente al Estado provincial con 100.886.792 pesos.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado en la audiencia del 29 de junio por el fiscal Gonzalo Badano y los abogados defensores Miguel Ángel Cullen (de Gebhart y Klein), Tomás Vírgala (de Usatinsky) y Luciano Legascue (de Rosas Vico). El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, como actor civil, se manifestó de acuerdo con el mismo.
Luego de aquella audiencia, hubo una ofensiva del Gobierno provincial con fuertes declaraciones, tanto del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, como del gobernador Rogelio Frigerio, instando a la Justicia a recuperar el total del dinero sustraído que estimaron entre 1 y 2 millones de dólares.
En su resolución publicada este lunes, Mayer sostuvo que, tras analizar el acuerdo y las pruebas reunidas durante la investigación, el caso reúne “los elementos de certeza necesarios para arribar a un pronunciamiento condenatorio” y que la evidencia colectada permitió acreditar tanto la materialidad de los hechos como la participación de cada acusado.
La causa investigó el desvío de fondos del programa de promoción del emprendedurismo joven de la provincia de Entre Ríos entre 2018 y 2023. Según la imputación aceptada por los acusados, se sustrajeron 100.886.792 pesos mediante 319 créditos fraudulentos. La maniobra consistía en la utilización de proyectos inexistentes, firmas falsificadas, rendiciones de cuentas apócrifas, simulación de controles administrativos y el reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad para tramitar créditos a su nombre y retirar fondos que luego eran entregados a los organizadores del esquema.
El juez destacó que la investigación produjo un “vasto plexo probatorio” integrado por informes contables, bancarios, peritajes informáticos, allanamientos y cientos de testimonios que permitieron reconstruir el mecanismo utilizado para desviar recursos públicos. Según la sentencia, quedó acreditado que los expedientes de crédito avanzaban con la intervención de funcionarios que otorgaban apariencia de legalidad a proyectos ficticios, mientras que reclutadores captaban beneficiarios nominales para retirar el dinero.
Respecto de las responsabilidades, Mayer consideró probado que Gebhart, Klein y Rosas Vico, en su carácter de funcionarios públicos, tuvieron intervención directa en la administración y aprobación de los créditos cuestionados, mientras que Usatinsky actuó como enlace y coordinador de los reclutadores, desempeñando un aporte indispensable para la concreción de las maniobras.
Al fundamentar la homologación del acuerdo, el juez valoró como atenuantes la confesión de los acusados, la ausencia de antecedentes penales, la etapa temprana del proceso y el compromiso de reparación económica, mientras que consideró agravantes el elevado monto sustraído, la reiteración de las conductas, la cantidad de personas involucradas y el uso de fondos destinados a una finalidad social.
Además, la sentencia impuso a los cuatro condenados, tal como se había acordado, reglas de conducta durante el plazo de la condena, trabajos comunitarios y el pago de 100.886.792 en favor del Estado provincial (en total entre los cuatro), suma que será considerada a cuenta del juicio civil que la Fiscalía de Estado iniciará en el fuero correspondiente.
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