El Gobierno convocó a la Mesa de Enlace y a la industria semillera a una reunión virtual con expertos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), en un nuevo paso dentro del proceso que busca despejar las diferencias en torno a la eventual adhesión de la Argentina al Acta de 1991 del organismo. El encuentro se realizará este miércoles a las 11 y contará con la participación de Yolanda Huerta, vicesecretaria general de la Upov. El Gobierno mantiene su decisión de impulsar la adhesión de la Argentina a ese convenio internacional, tras el compromiso asumido en el acuerdo con Estados Unidos, aunque procura llegar al Congreso con algunos consensos previos entre productores y empresas.
Según pudo reconstruir LA NACION, se trata de una última instancia con la que el Gobierno busca dar por cerrada la etapa de consultas técnicas para que todos los sectores involucrados cuenten con la misma información antes de avanzar en las definiciones sobre el futuro del proyecto. En paralelo, los representantes del campo y la industria semillería deberían llegar a un acuerdo en las próximas semanas para tratar las difencias en los puntos que generan mayor tensión como el uso propio de las semillas autógamas (soja y trigo, fundamentalmente) y la cantidad de hectáreas. Allí se analizarán distintos criterios para determinar qué productores podrían quedar alcanzados por una eventual excepción, entre ellos la posibilidad de fijar un umbral de escala productiva, medido por superficie sembrada u otros indicadores.
La convocatoria fue realizada por el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que depende de la Secretaría de Agricultura, con la intención de que llegue a todo el arco de la cadena agroindustrial: las entidades de la Mesa de Enlace, las cámaras semilleras, obtentores, instituciones técnicas y otros actores interesados en participar. La exposición estará a cargo de Huerta, quien explicará los principales aspectos del Acta de 1991 y responderá las consultas de los asistentes.
Según reconstruyó LA NACION, el objetivo de la reunión es que “no queden dudas conceptuales sobre el alcance de la normativa internacional”. La intención es concluir esta etapa para que el debate pase a centrarse en la unificación de los puntos mencionados que generan diferencias.
“Después de esta instancia alguien podrá decir que está a favor o en contra o que considera que la adhesión es o no conveniente. Lo que ya no podrá decir es que no entiende de qué se está hablando”, resumió una fuente que sigue de cerca las negociaciones.
Incluso, según pudo saber este medio, Huerta manifestó su disposición a responder consultas adicionales por correo electrónico o mantener breves reuniones con quienes aún necesiten alguna aclaración puntual. La intención es que ningún participante llegue a las próximas instancias argumentando desconocimiento sobre los aspectos técnicos de la Upov-91.
La exposición de Huerta estará enfocada en el resto de los conceptos incorporados por el Acta de 1991, como las variedades esencialmente derivadas, el alcance de los derechos del obtentor, la protección sobre el material cosechado y otros aspectos que la Argentina deberá reglamentar si finalmente decide adherir al convenio.
Uno de los puntos centrales entre los productores es que en el acta de la Upov 1978 se permite de manera implícita guardar e intercambiar semilla para uso propio sin prohibición expresa. En tanto que en Upov 1991 deja la excepción opcional a cada país para que autorice el uso propio en sus tierras, prohíba la venta o intercambio libre.
La reunión del miércoles no abordará el punto sobre el uso propio de semillas. Como se dijo, ese tema continúa discutiéndose en una mesa paralela entre representantes de los productores y la industria semillera, con el objetivo de alcanzar una propuesta consensuada.
El encuentro se enmarca en el proceso que el Gobierno de Javier Milei viene desarrollando desde hace más de un año para analizar la modernización del régimen de propiedad intelectual sobre semillas. Durante ese período se realizaron reuniones con productores, entidades rurales, empresas semilleras y especialistas para discutir los alcances de la adhesión a la Upov-91 y su vinculación con una futura reforma de la Ley de Semillas.
Semanas atrás, durante una jornada organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), el presidente del Inase, Martín Famulari, ratificó el compromiso de enviar el proyecto al Congreso antes de fines de 2027. No obstante, aclaró que la prioridad oficial sigue siendo construir el mayor consenso posible antes de avanzar.
La expectativa que tienen en el Gobierno es que productores y semilleros logren acordar una propuesta sobre el uso propio mientras el resto de los aspectos técnicos quede definitivamente esclarecido.
Actualmente, la Argentina integra la Upov bajo el Acta de 1978. La adhesión al Acta de 1991 implicaría actualizar el sistema de protección de las obtenciones vegetales, fortaleciendo los derechos de los obtentores, incorporando nuevas figuras jurídicas como las variedades esencialmente derivadas y ampliando el alcance de la protección, cambios que la industria semillera considera claves para incentivar la inversión y el desarrollo genético. En tanto, algunos sectores de productores mantienen reparos, principalmente por las implicancias que podría tener sobre el uso propio y el alcance de los derechos de obtentor.
Leave a Reply