A 12 días de iniciarse el juicio oral y público contra los 14 acusados en la denominada causa ATER, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y defensores negocian juicios abreviados. Lo que estaría trabando la cuestión es la pena. Además, la sanción penal traería aparejada para los condenados enfrentar una acción civil impulsada por la Fiscalía de Estado para que los entrerrianos podamos recuperar el dinero que se robaron.
El mecanismo que hizo de ATER una caja registradora para sacar plata consistió en la manipulación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la ATER para borrar deudas impositivas mediante falsas compensaciones.
Para lograrlo, María Estrella Martínez de Yankelevich gestionó que se le otorgaran a Abelardo Daniel Gaggión permisos especiales en el sistema que no le correspondían según su cargo. Utilizando el usuario de Gaggión ingresaron datos falsos al SAT haciendo figurar que ciertos contribuyentes tenían créditos a favor contra el Estado provincial cuando en realidad no los poseían.
Al procesar esta información, el sistema marcó automáticamente las deudas impositivas como canceladas por compensación, permitiendo que los contribuyentes figuraran al día sin pagar dinero real y otorgando beneficios económicos a los involucrados, lo que provocó un grave perjuicio económico al erario público provincial.
Para Fiscalía, la Jefa del Departamento Despacho (María Estrella Martínez de Yankelevich) y el Jefe de la División Mesa de Entradas (Abelardo Daniel Gaggión), en connivencia con otros funcionarios y contribuyentes, acordaron la maniobra a cambio de un rédito económico superior a los 40 millones de pesos.
Para ejecutar la maniobra contaron con la incansable labor del extesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria, quien tras la denuncia que realizó Marcelo Cassaretto en 2014 salió eyectado de su lugar de trabajo.
Según reveló Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) entre los fiscales y los defensores hubo charlas para tratar de acercar posiciones y cerrar juicios abreviados que tienen como condición el reconocimiento de la autoría de los hechos.
Hay defensores que prefirieron rechazar los ofrecimientos, porque entienden que sus clientes son inocentes y que lo van a probar en el debate que comenzaría el lunes 3 de agosto y se extendería hasta el 15 de septiembre. Pero otros lo están pensando. Las penas serían condicionales por lo que evitarían la cárcel, pero tendrán que afrontar la cuestión civil.
La mayoría quiere evitar la cárcel y luego pelear el juicio civil que iniciaría la Fiscalía de Estado para que los entrerrianos puedan recuperar el dinero que nos pertenece y que se dice fue a parar a salones de eventos, casaquintas, propiedades e innumerables bienes.
Los fiscales que llevan adelante el caso son: Patricia Yedro y Álvaro Piérola, mientras que los defensores que recibieron la citación para presentarse a debate son: Leopoldo Lambruschini, Damian Petenantti, Iván Vernengo, Miguel Ángel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, José Pérez, Daniel Trillo, José Esteban Ostolaza, Victoria Halle, Gaspar Reca, Raúl Barrandeguy y Cristian Federik.
Según averiguaciones que realizó Cuestión de Fondo así como habría condenas, también habría absoluciones, pero para eso habrá que esperar al próximo mes. Por otra parte, hay cinco contribuyentes que todavía no solucionaron sus cuestiones legales. Estos tienen que pagar la deuda actualizada con la multa que impone ATER, informar a fiscalía y que sus abogados pidan la suspensión de juicio a prueba como han hecho a lo largo de los años los otros implicados.
Cabe recordar que la causa se inició con 180 investigados en 2014 a 128 procesados en 2017 a 61 acusados en 2019. Muchos fueron pagando las deudas más las multas y pidieron probation que ya cumplieron. Ahora solo quedan 14, de los cuales cuatro son contribuyentes.
Los principales imputados
María Estrella Martínez de Yankelevich.: era jefa del Departamento de Despacho de ATER. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.
Abelardo Daniel Gaggión era jefe de la División Mesa de Entradas. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.
Darío Fabián Barreto: era director del Interior, jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, era secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, y dejó su cargo tras la denuncia. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública.
Gustavo Alejandro Gioria (ex tesorero general de la provincia). En 2005 fue denunciado por la Fiscalía de Estado por haber emitido dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda: Surgió del riñón del ex funcionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti.
Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub: era agente técnico administrativo del área Mesa de Entradas de ATER. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.
Daniela Romina María Miño: era agente técnico-administrativo. Actualmente es jefa de la División Despacho de ATER. En la causa, dijo que acataba las directivas de sus superiores. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados.
Jorge Martín Zuttión: era director de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública.
Julio Schmukler: del estudio contable Schmukler y Speroni. En el caso, sostuvo que obró con confianza en Barreto, que le ofreció el sistema de compensación. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.
Jorge Alfredo Speroni: del estudio contable Schmuckler y Speroni. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.
Carlos Castro: contador público de Concordia. Está acusado de partícipe en la causa. Tiene un causa por estafas.
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