Viktor Orbán, ex primer ministro de Hungría hasta mayo, convocó este miércoles a sus seguidores a organizar una “resistencia nacional” frente al nuevo gobierno liderado por Péter Magyar, tras la reciente destitución de altos cargos y una serie de allanamientos judiciales ordenados por el Ejecutivo.
En una rueda de prensa a las puertas de la sede de Fidesz, el partido que encabezó durante 16 años, Orbán denunció la instauración de un “régimen autoritario” y acusó a las nuevas autoridades de haber eliminado las bases democráticas del país. “En Hungría ha empezado de nuevo una época de tiranía”, afirmó, y calificó el sistema político actual de “ilegítimo”.
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La escalada de tensión se intensificó después de que la Fiscalía húngara registrara los servidores de datos de Fidesz en el marco de una investigación por presunta malversación, centrada en el Fondo Nacional de Cultura. Orbán sostuvo que la operación tenía como objetivo bloquear el funcionamiento legal de su partido.
“El Fondo Nacional de Cultura fue solo un pretexto para esto”, afirmó el ex premier. Según sus palabras, las autoridades incautaron bases de datos y correos electrónicos de miembros de Fidesz, una medida que describió como inédita desde la caída del comunismo en 1990.
El nuevo gobierno, que asumió tras las elecciones del 12 de abril, impulsó rápidamente una serie de reformas constitucionales gracias a la mayoría de dos tercios que ostenta el partido Tisza en el Parlamento. Entre las medidas más contundentes, el Parlamento destituyó al presidente Tamás Sulyok, a quien Orbán consideró el último jefe de Estado legítimo, y puso fin al mandato del jefe del Tribunal Constitucional.
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La administración de Magyar justificó estos cambios por la necesidad de limpiar las instituciones de figuras consideradas “títeres” del sistema anterior y prometió erradicar la corrupción atribuida a los años de gobierno de Orbán.
El primer ministro declaró en el Parlamento que su administración examinará “todas las decisiones, negociaciones y compromisos” del periodo anterior, incluyendo subsidios y exenciones fiscales otorgados durante los últimos 16 años. Magyar denunció que el Estado funcionaba como una “mafia” y se comprometió a recuperar bienes públicos “adquiridos ilegalmente”.
La presión sobre los altos cargos ligados a la era Orbán provocó la dimisión del fiscal general Gábor Bálint Nagy, quien justificó su renuncia por la necesidad de proteger la independencia del Ministerio Público ante los ataques políticos. Nagy lamentó que la institución se convirtiera en “objeto de una serie de ataques” y advirtió que la Fiscalía “no puede convertirse en instrumento de las luchas de los actores políticos ni en escenario de intereses políticos cotidianos”.
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El nuevo gobierno también suspendió el servicio informativo de la radio y televisión públicas y cerró la Oficina de Protección de la Soberanía, organismos que, según Magyar, funcionaban como herramientas de propaganda y represión bajo el mandato de Orbán.
Además, la administración húngara abrió una investigación sobre los vínculos entre el exministro de Exteriores Péter Szijjártó y el fabricante chino BYD, tras la decisión del exfuncionario de incorporarse a la compañía después de gestionar desde el gobierno subsidios y permisos para la empresa.
(Con información de AP, EFE y Europa Press)
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