Una respuesta oficial del Ministerio de Justicia de la Nación a un pedido de acceso a la información pública de ANÁLISIS confirmó que los Centros de Acceso a la Justicia de Concordia y Paraná dejaron de funcionar entre 2024 y 2025. Solo sobrevive el de Gualeguaychú, con cuatro agentes contratados para atender a toda la provincia. La cartera que conduce la política judicial nacional admitió, además, que desde diciembre de 2023 no designó un solo funcionario con asiento en territorio entrerriano y que el patrocinio gratuito para niños víctimas de abuso sexual descansa sobre apenas dos abogadas. Ningún área informó los montos de los convenios vigentes con la provincia, pese a que fueron requeridos expresamente.
El Ministerio de Justicia de la Nación funciona hoy en Entre Ríos con una estructura territorial reducida a su mínima expresión. Así surge de la respuesta oficial al pedido de acceso a la información pública que este medio presentó en el marco de la Ley 27.275, firmada por la responsable de Acceso a la Información Pública de esa cartera. La contestación, que reúne informes de cinco subsecretarías y direcciones nacionales, confirma un dato que hasta ahora no había sido oficializado: de los tres Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que la Nación sostenía en la provincia, dos fueron cerrados en los últimos dos años.
Los CAJ son, según la propia definición ministerial, dispositivos territoriales que brindan atención legal primaria, asesoramiento y acompañamiento interdisciplinario para el abordaje de conflictos. Se trata de la primera puerta a la que puede golpear un ciudadano sin recursos para orientarse frente a un problema jurídico: una jubilación trabada, una situación de violencia, un conflicto de alquiler, un documento extraviado. La Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en su nota NO-2026-67822368, reconoció que en la provincia funcionó hasta el segundo semestre de 2024 un CAJ en Concordia, ubicado en Los Mirlos y Los Ruiseñores, en el Barrio Los Pájaros, y hasta junio de 2025 otro en Paraná, en calle Salvador Caputto 2656. Ambos fueron cerrados. La capital provincial y la ciudad con los indicadores sociales más críticos del país quedaron, así, sin ese servicio.
El único centro que permanece activo es el de Gualeguaychú, en Juan B. Justo 525, Barrio La Cuchilla. Cuenta con cuatro agentes: dos abogados -uno de ellos mediador comunitario-, una licenciada en trabajo social y una licenciada en psicología. El equipo concurre además semanalmente a un enlace comunitario en la Parroquia Asunción de María, en Gervasio Méndez 2470 de la misma ciudad. Esa dotación de cuatro personas constituye, en los papeles, toda la presencia territorial del área de acceso a la justicia del ministerio para una provincia de casi 1.400.000 habitantes. El resto de la oferta que la Subsecretaría enumera en su respuesta es de carácter telefónico o virtual: la línea 137, la línea 144, la línea 149 del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, y programas federales sin asiento en la provincia como el ADAJUS, el PRONALCI o el Equipo contra las Violencias Digitales.
La respuesta de la Dirección General de Recursos Humanos aporta otro dato elocuente. Consultado el ministerio por las designaciones de funcionarios con lugar de prestación de servicios en Entre Ríos desde el 10 de diciembre de 2023, la única información que pudo ofrecer fue la nómina de los cuatro contratados del CAJ de Gualeguaychú: Francisco Sobral, María José Marín y Ludmila Núñez, equiparados a un Nivel B Grado 3 del escalafón SINEP, y Agustina Troncoso, equiparada a un Nivel C Grado 4, todos incorporados el 1° de enero de 2025 bajo la modalidad del artículo 9° de la Ley Marco de Empleo Público 25.164, es decir, contratos transitorios sin estabilidad. En dos años y medio de gestión, la cartera judicial nacional no designó un solo funcionario jerárquico con asiento en territorio entrerriano.
En materia de programas, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia informó que el patrocinio jurídico gratuito para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil se sostiene en la provincia con dos abogadas: una con asiento en Paraná y otra en Concordia. Dos profesionales para atender el patrocinio de las víctimas más vulnerables del sistema penal en los diecisiete departamentos. La misma nota menciona actividades de capacitación en mediación realizadas con el Colegio de Abogados de Entre Ríos, sin mayores precisiones de alcance ni continuidad.
La Coordinación de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal, detalló por su parte el derrotero administrativo del programa nacional en la materia: fue creado el 23 de mayo de 2025 por resolución del entonces Ministerio de Capital Humano y transferido a la órbita de Justicia el 26 de junio de ese año. El programa prevé dos líneas de asistencia directa: un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por tres meses, prorrogable por única vez, para la asistencia inmediata de las víctimas, y un acompañamiento para la reinserción social y laboral de medio salario mínimo por tres meses, también prorrogable, lo que permite una cobertura máxima de doce meses. Entre Ríos adhirió al programa recién el 6 de junio de 2026, hace poco más de un mes, según el protocolo IF-2026-45433841.
El tercer punto del pedido apuntaba a la estructura registral del ministerio en la provincia. La Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia acompañó un listado de las Unidades de Expedición y Recepción (UER) que operan en Entre Ríos, del que surge una particularidad: la red descansa casi íntegramente sobre la estructura de la Policía provincial. De las dieciocho unidades habilitadas para tramitar Certificados de Antecedentes Penales solicitados por particulares, diecisiete funcionan en dependencias policiales -las divisiones de Investigaciones de las jefaturas departamentales de Colón, Federal, Ibicuy, Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Diamante, Feliciano, San Salvador, Concepción del Uruguay, Concordia, La Paz, Villaguay y Nogoyá, la comisaría de Chajarí, la División Criminalística de Victoria y el Registro Provincial de Armas en Paraná- y solo una en el Poder Judicial, en Paraná. A ellas se suman ocho unidades que tramitan informes de antecedentes para operadores del sistema penal: el Superior Tribunal de Justicia, los tribunales de Concordia y Gualeguay, las unidades fiscales federales de Concepción del Uruguay, Diamante y Gualeguaychú, el Juzgado de Garantías de Victoria y la Oficina de Gestión de Audiencias de La Paz.
Ese entramado se apoya en convenios que llevan décadas de vigencia y que el propio ministerio remitió escaneados como respaldo documental: el acuerdo de cooperación firmado en Paraná el 19 de septiembre de 2000 entre la entonces secretaria de Política Criminal Patricia Bullrich y el presidente del Superior Tribunal de Justicia Julio César Berlari (ya fallecido), que creó las primeras cuatro UER en Paraná, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Concordia; el convenio del 24 de abril de 2009 entre el ministro Aníbal Fernández y el entonces gobernador Sergio Urribarri, que extendió el sistema a la órbita del Ejecutivo provincial; y el convenio marco del 26 de junio de 2015 entre el ministro Julio Alak y la entonces presidenta del STJ Claudia Mizawak, que habilitó el intercambio digital de información registral entre el Poder Judicial entrerriano y los registros nacionales del automotor, de la propiedad inmueble de la Capital Federal, de armas y de reincidencia.
La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en cambio, eligió un camino menos colaborativo: en lugar de entregar la nómina de registros seccionales que funcionan en la provincia, derivó al solicitante a consultar el sitio web del organismo, con instrucciones sobre qué botones presionar. Tampoco respondió sobre los eventuales cambios de funcionamiento producidos desde diciembre de 2023, que integraban expresamente la pregunta. Sí precisó que no posee convenios vigentes con el gobierno de Entre Ríos.
El quinto punto del pedido requería los convenios vigentes entre el ministerio y la provincia con su objeto, su plazo y su monto. Las distintas áreas enumeraron los acuerdos: el convenio con la Municipalidad de Larroque de 2025 para integrar la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria, el convenio de 2019 con el Ministerio Público entrerriano para el patrocinio de víctimas de violencia de género en el marco de la Ley 27.210, el convenio de 2018 -con actas complementarias de 2022- para el sistema de dispositivos duales de monitoreo de agresores y víctimas de violencia doméstica, y la reciente adhesión al programa de trata. Pero ningún organismo informó los montos, el único de los tres elementos requeridos que permite dimensionar el compromiso presupuestario real de cada acuerdo. La omisión, transversal a todas las áreas que respondieron, deja el punto contestado apenas a medias y habilita un pedido complementario.
El cuadro que emerge del expediente se inscribe en un patrón que esta serie de investigaciones sobre la presencia del Estado nacional en Entre Ríos viene documentando organismo por organismo: la delegación del ENACOM cerrada en marzo de 2024, la Dirección Nacional de Vialidad sin obras nuevas iniciadas desde diciembre de 2023, las vacantes sin concursar en la justicia federal. El Ministerio de Justicia suma ahora su capítulo: dos centros de atención cerrados, cuatro contratados transitorios como única dotación territorial, dos abogadas para el patrocinio de niños abusados en toda la provincia y una red de antecedentes penales que funciona, en los hechos, gracias a la estructura de la Policía entrerriana y a convenios firmados hace un cuarto de siglo.
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