Empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) analizan una fórmula para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.
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Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones la semana que viene.
Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.
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De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.
El objetivo es actualizar los salarios de la actividad, que están desfasados ante la inflación de los últimos meses ya que el último aumento fue firmado en noviembre de 2025 y contempló mejoras hasta marzo pasado, con un aumento acumulado del 14 por ciento a través de sumas no remunerativas que totalizaron 160 mil pesos, que no se integraron al sueldo básico y lo dejaron rezagado.
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Hoy, calculan que hay unos 13 o 14 puntos de pérdida salarial en la UOM respecto del costo de vida del período mientras el Gobierno no homologa las paritarias que se pactan por encima de una inflación de alrededor del 2%, en un contexto del sector metalúrgico marcado por la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de fábricas en distintas provincias
En medio de este cuadro, la situación se complicó luego de que el titular de la UOM, Abel Furlán, fue desplazado de su cargo por un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por serias irregularidades.
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El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de esa seccional, en las que Furlán compitió contra una lista opositora, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González también dejaron sin efecto la elección nacional de autoridades de la UOM, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio a cargo de Biglieri por un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.
En una de sus primeras decisiones, Biglieri, un abogado que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios para negociar salarios, que son dirigentes distanciados de Furlán.
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Sin embargo, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo advirtió en un dictamen que la definición sobre las atribuciones de Biglieri para designar delegados paritarios y conducir las negociaciones salariales debe ser “determinada exclusivamente por el juzgado que dispuso su nombramiento“.
En la resolución oficial se afirmó que la facultad del interventor designado respecto a la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no puede ser confirmada ni ampliada por dictamen administrativo, ya que esas funciones dependen del alcance del mandato dictado por la Justicia.
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En ese sentido, Trabajo recomendó que el sector correspondiente solicite al juzgado interviniente la aclaración específica sobre el alcance de las facultades otorgadas al interventor Biglieri para evitar interpretaciones por fuera de la autoridad judicial.
Esa respuesta finalmente la brindó la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que este lunes rechazó el pedido del Gobierno a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y consideró que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.
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Con la firma del camarista Víctor Pesino, el oficio judicial ratificó el alcance de las funciones del interventor de la UOM al asegurar que “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización y que la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas”.
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