La Fiscalía Federal pidió una pena de cinco años de prisión para una pareja de Villa del Rosario por haber gestionado y financiado, de forma ilegal, la llegada a su hogar de dos niñas oriundas de la República Dominicana. La pareja —que quería ser madre y padre— evitó los canales legales de adopción: viajó a Centroamérica, contactó a una persona que los vinculó con el padre de las hermanas de 9 y 11 años, regresó al país, envió dinero para los pasajes y las trasladó en bote desde Paraguay hasta Misiones. Intentaron atajos dentro de los dispositivos institucionales para legalizar la situación de las menores, hasta que el Copnaf intervino y presentó la denuncia.
El objetivo de la pareja era adoptar y criar a las dos hermanas, pero el delito por el que fueron juzgados y para el que la Fiscalía solicitó la condena es “facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros” (las dos niñas y su padre), agravado en doble instancia por haberse aprovechado de la necesidad de tres personas migrantes y por la minoría de edad de dos de las víctimas.
Este expediente se inició a partir de esa denuncia y sigue tramitándose en el Juzgado Federal de Concordia. Allí también se investiga, por una denuncia de un abogado de Paraná, a la diputada provincial de la UCR Gabriela Lena, quien en su rol de escribana certificó un poder del padre de las niñas a favor de la pareja, con amplias facultades para conducir la vida de las menores.
Juicio y pedido de condena
El juicio se celebró en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Noemí Berros. Declararon numerosos testigos que participaron en la investigación, entre ellos profesionales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y del Programa Nacional de Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata; estos equipos entrevistaron a las niñas y a otras personas y permitieron reconstruir la secuencia de hechos. También prestaron declaración allegados y conocidos de la pareja que aportaron elementos en su defensa.
En los alegatos, el fiscal auxiliar Dardo Barreto describió el contacto inicial de la pareja con una persona en República Dominicana, que los puso en comunicación con el padre de las niñas. Conocieron a la familia en un resort de Punta Cana y comenzaron a gestionar su traslado a la Argentina.
Barreto sostuvo que la pareja intentó primero vías legales mediante cartas de invitación, las cuales fueron rechazadas en dos oportunidades por la falta de solvencia económica del progenitor. Ante esa negativa, se planificó un ingreso ilegal: las niñas y su padre viajaron de República Dominicana a Colombia, luego a Paraguay y finalmente cruzaron el río Paraná en bote para ingresar a la Argentina. Una vez en Villa del Rosario, la pareja alquiló una casa para el padre a cuatro cuadras de su domicilio, aunque las niñas quedaron viviendo con ellos.
La acusación del Ministerio Público Fiscal se basó en registros migratorios y pericias telefónicas. Se constató que la pareja cruzó varias veces a Paraguay entre el 28 y el 30 de abril de 2022 para coordinar el ingreso. El fiscal citó mensajes de WhatsApp comprometidos, como uno en el que la mujer decía estar “esperando al pasador”, y otro en el que consultaban qué decir si los detenía Gendarmería, proponiendo la coartada de que estaban “de paseo”.
También se describieron gestiones irregulares para documentar a las niñas. Barreto leyó mensajes en los que la mujer planeaba gestionar trámites en la Municipalidad de Mocoretá (Corrientes), y sugería decir que las niñas “eran de Chaco” o incluso que eran “NN”, ocultando su nacionalidad extranjera.
El fiscal cuestionó el supuesto altruismo de la pareja, que había alegado en República Dominicana que los trámites legales de adopción resultaban “muy engorrosos”. En el celular de la mujer aparecieron conversaciones con un tercero que decía haber encontrado a una mujer embarazada dispuesta a dar a su hijo en adopción; ese hombre era llamado por las niñas “maestro Landy”. Se trata, según la acusación, de un docente de la escuela que, al parecer, ofrecía niños y niñas a turistas.
En la audiencia se reprodujeron audios que la madre de las niñas le envió a la mujer entrerriana, en los que le afirmaba que se había llevado a sus hijas sin su consentimiento y anunciaba que lo denunciaría por secuestro.
Barreto remarcó que la permanencia irregular se extendió por meses y que las niñas vivían en un domicilio distinto al declarado a nombre del padre. Si bien el fiscal dijo comprender el “sentimiento de maternar” de los acusados, subrayó que eso no justifica eludir las leyes de adopción y los registros que muchas familias respetan al afrontar el proceso burocrático.
Los defensores, Pablo Moyano Ilundain y Brenda Víttori, pidieron la absolución. Afirmaron que la conducta de la pareja no encuadra en el delito imputado por la Fiscalía y que no quedó probada la existencia de un beneficio directo o indirecto. Sostuvieron que su único objetivo fue satisfacer las necesidades materiales, afectivas y morales de las niñas, ofreciéndoles un centro de vida armónico y cuidadoso, y compararon esa situación con las condiciones de extrema vulnerabilidad (salud, escolaridad e higiene) en las que las menores se hallaban en República Dominicana.
También intervino la defensora pública oficial Gisela Cancellieri, en representación del Ministerio Pupilar, a fin de comunicar posteriormente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) de República Dominicana el trámite de la causa, ya que en ese país se investiga la salida de las niñas sin el consentimiento de la madre con la posible finalidad de una adopción ilegal.
Informes, Cámara Gesell y entrevistas
La causa se inició el 15 de enero de 2024 con la denuncia de los directores de Protección Integral de Adolescentes del Copnaf ante la Fiscalía Federal de Concordia. Antes, en el marco de una causa en el Juzgado de Familia de Chajarí, el defensor auxiliar interino del Departamento de Federación había informado al organismo sobre las dos menores dominicanas que habrían ingresado de forma irregular al país con su padre, quien fue expulsado del territorio nacional el 19 de diciembre de 2023; y que las niñas estaban con una pareja de Villa del Rosario.
Los denunciantes señalaron que las menores habían quedado en Argentina con la pareja, que contaba con un poder especial para realizar todos los trámites necesarios para que obtuvieran la ciudadanía argentina y para ejercer actos relativos a la vida de las hermanas.
La Fiscalía Federal de Concordia inició la investigación. Por decisión de las autoridades del Copnaf y resolución del Juzgado de Familia de Chajarí, las niñas fueron alojadas provisoriamente en la Residencia San José, en la localidad de Feliciano, y se prohibió a la pareja cualquier contacto con ellas.
La Dirección Nacional de Migraciones remitió tres expedientes que indican que en mayo de 2023 se declaró irregular la permanencia del padre en la Argentina, se le impidió reingresar al país por cinco años y se constató que sus dos hijas menores permanecían en territorio nacional, habiéndose designado como tutora, ante ese organismo, a la mujer acusada.
El 5 de febrero de 2024 se allanó la casa de la pareja y se secuestraron los teléfonos celulares.
Según el informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en una de las entrevistas una de las niñas relató: “una vez estando en la escuela, un maestro que se llamaba Landy le dijo a su padre que había una mujer que quería conocerlas a ella y a su hermana. Explicó que por este motivo ella y su hermana comenzaron a tener conversaciones con (la mujer de Villa del Rosario) a través del celular de su padre por medio de videollamada, que mantuvieron una relación de amistad de forma virtual durante un tiempo. Refirió que antes de que comience la pandemia conoció personalmente (a la pareja) en un hotel ‘muy lindo’. Manifestó que los invitaron a pasar unos días en el hotel ubicado en la ciudad de Bávaro junto a su hermana, su padre, su tía y la hija. Refirió que estando en el hotel la mujer les ofreció que si querían podrían irse a vivir a la Argentina con ella. Les dijo que quería adoptar a dos mujeres de piel morena y poder ayudarlas”.
La niña también contó que “viajaron con su hermana y su padre a la Argentina, pero tuvieron que ir primero en avión desde República Dominicana hasta Colombia y desde Colombia a la República de Paraguay. Al llegar a este país la pareja los estaba esperando en Paraguay. Explicó que ella, su hermana y su padre cruzaron en bote a la República Argentina, ya que no tenían los papeles para pasar”.
En agosto de 2024, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó a la pareja por “haber facilitado la permanencia ilegal (de las niñas y el padre) en el territorio nacional, con la finalidad de adoptar ilegalmente a las dos menores oriundas de la República Dominicana, evitando así cumplir con la normativa vigente que regula la materia (…) Concretamente (…) entre los años 2019 y 2023, (aprovechando de la especial situación de vulnerabilidad socio económica en la que se encontraban inmersas las personas) colaboraron con la gestión de los documentos de viaje (pasaportes) de los migrantes, enviando dinero a su país de origen a tales fines; y asistieron a los nombrados en el curse migratorio ilegal –presuntamente desde la República del Paraguay hacia el territorio nacional en el año 2022, por un paso fluvial no habilitado; trasladándoles luego – a bordo de su vehículo y una vez efectuado el cruce – desde la frontera hacia la ciudad de Villa del Rosario… para finalmente acoger en su domicilio particular a las dos menores”.
La situación de Lena
La diputada Lena fue denunciada por el abogado paranaense Agustín Artibano Planiscg, a partir de una publicación en el sitio Diario Junio, por las escrituras en las que se otorgó el poder especial del padre a favor de la pareja de Villa del Rosario para que asumieran la responsabilidad parental y para que pudieran trasladarse por el país y el exterior, lo que el denunciante considera un acto ilegal.
La fiscal federal Josefina Minatta delegó la investigación al fiscal federal de Concordia, Francisco Bernhardt. Según supo ANÁLISIS, en ese desprendimiento del expediente principal por el cual se juzga a la pareja se practicaron varias medidas: se allanó el estudio de Lena y se secuestraron los libros de protocolo, no sólo respecto de las dos escrituras cuestionadas sino todo el libro de protocolos de la escribanía.
La diputada y escribana Lena sostiene su inocencia y se presentó en el Juzgado Federal con sus abogados para ponerse a disposición de la Justicia. Restan medidas e informes por recibir —como uno solicitado al Colegio de Escribanos de Entre Ríos— y pedidos de información a distintos organismos, por ejemplo a la Dirección Nacional de Migraciones, para determinar si esos poderes fueron presentados en algún momento. Por ahora, la Fiscalía no está en condiciones de afirmar si Lena cometió o no un delito.
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