Un proyecto de ley que comenzó a discutirse en la Legislatura de La Pampa desató un fuerte rechazo entre productores, cabañeros y las principales entidades agropecuarias de la provincia. La iniciativa reemplazaría una vieja ley de 1970 y propone crear un Sistema Provincial de Certificación Digital, Trazabilidad Sanitaria y Control de Reproductores Animales, pero desde el sector aseguran que, lejos de modernizar los controles, generará más burocracia, duplicará funciones que hoy cumple el Senasa e incrementará los costos para la actividad.
El malestar fue inmediato. Más de 40 cabañeros y criadores comenzaron a analizar el articulado apenas trascendió el proyecto y coincidieron en que amplía significativamente el alcance de los controles, incorpora nuevas certificaciones y crea una estructura administrativa que consideran innecesaria. La iniciativa fue presentada por legisladores del Frejupa, Comunidad Organizada y un diputado de la Unión Cívica Radical.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es reemplazar el régimen vigente mediante una plataforma digital única para registrar la trazabilidad sanitaria, reproductiva y documental de los animales, incorporar certificados digitales con código QR, interoperar con los sistemas del Senasa y extender el control a todas las modalidades de comercialización, incluidas las ventas directas y las operaciones realizadas por plataformas digitales. Sus impulsores sostienen que la propuesta busca actualizar un esquema de fiscalización, fortalecer la sanidad y la calidad genética de los rodeos y facilitar el cumplimiento de los estándares que exigen los mercados internacionales.
Sin embargo, los productores sostienen que la iniciativa modifica de manera sustancial el sistema vigente. Explican que la legislación actual alcanza únicamente a reproductores Puro Pedigree (PP) y Puro Controlado (PC), mientras que el nuevo texto habla simplemente de “reproductores”, lo que, según advierten, terminaría incluyendo prácticamente cualquier animal destinado a reproducción.
Según pudo saber LA NACION, mientras el proyecto del Poder Ejecutivo para derogar la actual Ley Provincial 1489 ya cuenta con dictamen de comisión, la nueva iniciativa recién comenzó su recorrido parlamentario y deberá atravesar el tratamiento en las comisiones antes de llegar al recinto.
En ese contexto, Albino Cao, productor agropecuario y delegado de la Sociedad Rural Argentina (SRA), explicó cómo fueron los hechos hasta llegar a la presentación de este nuevo proyecto.
“Todo comenzó cuando las entidades del campo pedimos al gobierno provincial, particularmente a la ministra de Producción, Fernanda González, la derogación de la Ley de Admisión”, señaló a LA NACION.
Según recordó, esa norma fue creada en la década del 70, cuando el Senasa todavía no tenía las funciones actuales. Con el desarrollo posterior del organismo nacional, explicó, comenzaron a duplicarse los controles, razón por la cual las entidades solicitaron eliminar esa legislación.
Remarcó que fue el propio Colegio Médico Veterinario quien impulsó una nueva propuesta. “Prácticamente implica crear en la provincia un Senasa paralelo, generando muchísimas distorsiones dentro del mercado ganadero”, afirmó.
Para Cao, uno de los principales problemas radica en que el proyecto crea una estructura administrativa adicional. “Primero dicen que es gratuito, pero estipulan aranceles que se van a cobrar para bancar todo ese andamiaje administrativo”, sostuvo.
También advirtió que la iniciativa podría transformarse en una barrera para el ingreso de reproductores provenientes de otras provincias. Según explicó, los veterinarios externos deberían matricularse en La Pampa, realizar cursos y revalidar periódicamente esa habilitación para poder certificar los animales.
“Se quiere crear una burocracia paralela a la que ya existe a nivel nacional para darle un negocio al Colegio Veterinario cuando eso no ocurre en ninguna parte del país ni del mundo. Quieren generar barreras paraarancelarias, aduanas internas que implican que cualquier reproductor que venga desde afuera tiene que cumplir con esas exigencias, o sea, pasar por el Colegio Veterinario o el profesional tiene que matricularse, hacer los cursos y todo para poder emitir ese certificado”, resumió.
Una visión similar expresó Gustavo Cappello, titular de la cabaña Doña Angélica, de Guatraché, dedicada a la raza Shorthorn. “Cada cabaña en La Pampa tiene sus profesionales veterinarios, pero el trabajo que realizan después debería ser auditado por el Colegio Veterinario, restándole importancia a su tarea”, explicó.
Para el productor, si prospera, el nuevo proyecto profundiza ese esquema. “No estarían dejando ingresar animales de otras provincias porque los veterinarios tendrían que matricularse acá. Es una ley hecha para el Colegio Médico Veterinario de la provincia”, afirmó.
A su juicio, la iniciativa avanza en sentido contrario al proceso de desburocratización que reclama el sector. “En vez de facilitar a los criadores de cabañas, complejiza el sistema y genera mayores costos. Los controles ya existen; para eso está el Senasa. No tenemos por qué volver a revalidar todo cuando el Senasa es la autoridad nacional”, sostuvo.
Las críticas también fueron plasmadas por la Mesa de Enlace provincial, integrada por la SRA, Coninagro, Federación Agraria y Carbap, que envió una nota a los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Pampa.
En ese documento, las entidades respaldaron “decididamente la derogación de la obsoleta Ley Provincial N°1489”, pero rechazaron el nuevo proyecto porque, afirmaron, “lejos de simplificar, agrava la burocracia, duplica controles y encarece los costos de producción en un momento crítico para el campo pampeano”.
Además, cuestionaron que la iniciativa impulse una plataforma provincial propia cuando otras provincias ya operan de manera integrada con el Senasa mediante el Documento Unificado de Tránsito (DUT). “La Pampa no debe crear un sistema paralelo que obligue al productor a duplicar trámites ante la provincia y la Nación”, advirtieron.
En el tramo final del documento, las entidades señalaron que “la ganadería pampeana necesita simplificación, conectividad y verdadera unificación de trámites con los organismos nacionales”, y remarcaron que no permitirán que “bajo la loable bandera de la modernización tecnológica, se apruebe una ley que añade costos encubiertos y desalienta el comercio”.
Por su parte, Maximiliano Aliaga, diputado provincial del bloque Comunidad Organizada y uno de los autores del proyecto, defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo no es sumar burocracia sino modernizar el sistema de control.
“El proyecto de derogación que ingresó desde el Ejecutivo venía con un acuerdo cerrado con los cabañeros y proponía eliminar totalmente la norma. Desde Comunidad Organizada mantuvimos una posición distinta porque consideramos que ni la burocracia de hoy ni el desentendimiento estatal son el camino. Abandonar la trazabilidad provincial pone en riesgo la calidad genética y la sanidad lograda en estos años. La Pampa no debe delegar toda la salud de su rodeo en organismos nacionales”, afirmó a LA NACION.
Según explicó, el nuevo escenario político abrió la posibilidad de discutir otra alternativa. “Nuestra idea era modernizar el sistema con un QR identificatorio por toro, reemplazando el actual control físico. Después se sumó el proyecto impulsado por el Colegio de Veterinarios, que decidimos presentar junto con diputados del PJ y la UCR para debatirlo en comisión”, señaló.
La discusión continúa abierta en la Legislatura provincial. Según pudo saber LA NACION, el proyecto del Poder Ejecutivo para derogar la actual Ley de Admisión figura en el orden del día para ser tratado, mientras que la nueva iniciativa recién ingresó formalmente y deberá iniciar su recorrido en las comisiones correspondientes. Este medio se contactó a un teléfono del Colegio de Veterinarios, pero hasta el momento sin respuestas.
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