La Argentina ya asumió el primer compromiso internacional de su historia para reducir los derechos de exportación. Ese compromiso quedó plasmado en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea concluido en junio de 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri.
La discusión sobre las retenciones ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate económico. Comparto la idea de que, en la medida en que la situación fiscal lo permita, la Argentina debe avanzar hacia su reducción y, en el largo plazo, hacia su eliminación.
Lo importante es recordar que ese camino no comenzó ahora. Comenzó hace siete años, cuando nuestro país decidió incorporar esa visión en uno de los acuerdos comerciales más relevantes de su historia.
Mucho se escribió sobre la apertura del mercado europeo y la reducción de aranceles de importación. Sin embargo, el acuerdo incluyó otra innovación de enorme trascendencia: por primera vez, la Argentina aceptó un compromiso jurídicamente vinculante para reducir los derechos de exportación aplicables a las ventas destinadas a la Unión Europea.
¿Por qué fue tan importante? Porque los derechos de exportación constituyen una excepción en el comercio internacional. Son muy pocos los países que gravan de manera permanente sus exportaciones. En la práctica, desalientan la inversión, reducen la competitividad y limitan la capacidad de crecer en los mercados internacionales.
Es cierto que la Argentina recurrió durante años a este instrumento por razones fiscales. Pero una necesidad fiscal no debería convertirse en una característica permanente de nuestro sistema tributario. Un país que aspira a exportar más, atraer inversiones y generar empleo debe proponerse, gradualmente y con responsabilidad fiscal, dejar de gravar aquello que más necesita promover.
La relevancia de este compromiso también se explica por el destino al que está dirigido. La Unión Europea es el tercer socio comercial de la Argentina: reúne cerca de 450 millones de consumidores y constituye uno de los principales mercados para nuestras exportaciones agroindustriales. En 2025 representó el 12,4% del comercio total argentino y aproximadamente dos tercios de nuestras exportaciones a ese mercado correspondieron a productos agrícolas.
El acuerdo estableció un cronograma por el cual la gran mayoría de los productos argentinos exportados a la Unión Europea convergen gradualmente hacia derechos de exportación del 0%. La principal excepción fue el complejo sojero, para el que se acordó una reducción gradual compatible con su importancia económica y fiscal.
Lo verdaderamente trascendente no son los porcentajes ni los plazos. Es la dirección. Por primera vez, la Argentina incorporó en un tratado internacional la convicción de que el crecimiento de las exportaciones requiere reducir, y no consolidar, los impuestos que recaen sobre ellas.
El Acuerdo Mercosur-Unión Europea fue mucho más que una negociación para abrir mercados. También representó una visión de largo plazo sobre el lugar que la Argentina debía ocupar en el comercio internacional.
Hoy, que vuelve a discutirse cómo impulsar las exportaciones y recuperar competitividad, vale la pena retomar esa visión. La mejor política para un país que necesita vender más al mundo no es gravar sus exportaciones de manera permanente, sino crear las condiciones para que, con equilibrio fiscal y reglas previsibles, esos impuestos puedan quedar definitivamente atrás.
El autor fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Asesor del Presidente de la Nación (2015-2019); se desempeña como director de Inversiones y Comercio Exterior de la Fundación Argentina Global
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