Más de un mes después del cierre de la planta La China, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), la crisis de Granja Tres Arroyos permanece sin una salida visible. Sin anuncios concretos sobre el futuro del establecimiento, la empresa mantiene un fuerte hermetismo mientras cientos de trabajadores esperan definiciones sobre sus puestos laborales y el cobro de los salarios adeudados. Esa planta se cerró en medio de un conflicto gremial.
En el medio, la comunicación entre las partes aparece prácticamente interrumpida. Los sindicatos sostienen que no reciben respuestas concretas y los pocos productores integrados que quedan afirman que tampoco existen novedades sobre una eventual reactivación de la actividad.
La China emplea a unas 700 personas y permanece paralizada desde su cierre total el 26 de mayo pasado. Mientras la actividad permanece detenida, en Granja Tres Arroyos dijeron que continúan negociando, junto con la consultora Valo Columbus, en un acuerdo privado con sus acreedores para reestructurar un pasivo superior a los US$350 millones. El objetivo es reordenar la deuda comercial, bancaria y financiera de la compañía. La propuesta elevada a los acreedores contempla distintos esquemas de recuperación según el tramo de deuda. En algunos casos prevé quitas de hasta el 75% y plazos de pago que pueden extenderse hasta siete años.
En los últimos días trascendió en el sector que esa propuesta habría perdido respaldo. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa rechazaron esa versión y aseguraron que el proceso continúa abierto. Según indicaron, el plan “está en plena vigencia y avanzando” y ya obtuvo adhesiones “de distintos acreedores entre bancos y proveedores”, mientras continúan las conversaciones con otros acreedores de mayor peso.
Por su parte, los productores integrados describieron un escenario de incertidumbre. “No hay novedades, no hay ni un movimiento porque la compañía no ha conseguido plata”, señalaron.
Agregaron que recientemente hubo una reunión entre representantes del Gobierno entrerriano, el sindicato y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), aunque “no salió nada en claro”. Según dijeron, “ellos [GTA] piden plata pero quién se las va a dar”.
Quienes atraviesan con mayor preocupación este escenario son los trabajadores, según indicaron. Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) local, describió una situación social cada vez más delicada.
“Desde la empresa sigue un religioso silencio, por el momento no hemos tenido respuestas a nuestra necesidad de cuándo van a efectuar los pagos que nos adeudan y qué van a hacer con este establecimiento”, afirmó a LA NACION.
El dirigente explicó que hasta el momento ya se realizaron cinco reuniones con distintos organismos, tanto provinciales como nacionales, sin resultados concretos. “Como comunicación directa siguen guardando silencio. ¿Qué va a pasar?, ¿va a haber quiebra? En fin, todas las incertidumbres de estar en la nada, sin ningún interlocutor de parte de la empresa”, sostuvo.
Según Chamorro, la propuesta que la empresa les transmitió hasta ahora contempla conseguir un inversor que aporte US$10 millones para recomponer el capital de trabajo y luego esperar alrededor de 60 días para reconstruir el activo biológico, es decir, volver a disponer de aves listas para faena.
Aun en ese escenario, advirtió, La China solo podría volver a operar inicialmente con unos 300 trabajadores. Frente a ello, el sindicato acercó una alternativa. “Hay empresas que se dedican a vender las aves vivas, entonces la empresa podría pedir un poco más de dinero y en vez de tener 80.000 pollos puede tener 110.000 y podríamos estar todos trabajando, aunque sea en un turno reducido”, explicó.
Mientras tanto, los trabajadores sobreviven con ayuda del Estado provincial y municipal. Chamorro detalló que el gobierno de Entre Ríos comenzó a otorgar un subsidio extraordinario de $200.000 por única vez, además de beneficios para aliviar el costo de la energía eléctrica y refinanciar deudas.
Sin embargo, sostuvo que la asistencia resulta insuficiente frente a la falta de ingresos: “Hace dos semanas se nos hizo un depósito simbólico entre $40.000 y $60.000; hay empleados que cobraron $12.000 de lo que se adeuda de abril. Estamos en una emergencia total”.
El dirigente incluso alertó sobre el agravamiento de la situación social. “Ya estamos entrando en una emergencia social y humanitaria porque hay trabajadores que necesitan medicación, sus familias e incluso tenemos casos oncológicos”, señaló.
Pese a ese panorama, aseguró que el empresario Joaquín De Grazia les manifestó en distintas reuniones que su intención es conservar tres plantas estratégicas del grupo. “Lo que él expresó es que quiere conservar Wade, la planta de Capitán Sarmiento y planta La China en Concepción del Uruguay. De esas tres no se iba a deshacer”, indicó.
Según explicó, esas instalaciones cuentan con habilitaciones sanitarias para exportar a mercados de alto valor como la Unión Europea y China, además de certificación halal para abastecer países islámicos.
Las fuentes consultadas cercanas a la firma insistieron en que mantienen contacto con el gobierno de Entre Ríos, el municipio de Concepción del Uruguay y los sindicatos para intentar acercar posiciones. No obstante, reconocieron que “por el momento, va a continuar cerrada; las demás plantas siguen funcionando, con restricciones y con problemas, pero continúan teniendo la cadena de producción vigente”.
Explicaron que hoy la principal dificultad radica en que “la cadena de producción en Entre Ríos está cortada y no hay pollos en producción que permitan abastecer a La China para su reactivación en el corto plazo”.
En ese sentido remarcaron que siguen “buscando alternativas para superar este momento complejo, recomponer el circuito biológico y así poder arrancar de a poco con la producción local”. También descartaron que esté en estudio la venta de establecimientos fabriles. “Lo de la venta de plantas no es una cosa que estén trabajando”, finalizaron.
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