El Gobierno respondió a un informe de la AGN sobre irregularidades en el Tren San Martín y defendió la Emergencia Ferroviaria

El Gobierno defendió la Emergencia Ferroviaria que se declaró en el año 2024 después de un accidente entre trenes en Palermo. Justamente, las formaciones involucradas en aquel siniestro eran del ramal San Martín, que recientemente fue objeto de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en donde se ponía en foco las irregularidades que tenía esta línea.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, señaló en un comunicado difundido en los últimos días que la medida impuesta por el Decreto 525/2024, publicado en junio del 2024, está “orientada a priorizar inversiones y acelerar intervenciones sobre los componentes más sensibles para la seguridad y la confiabilidad de los servicios”.

En ese sentido, describieron que se realizaron más de 300 acciones en el sistema ferroviario, “concentrando los recursos en infraestructura crítica, material rodante, señalamiento, comunicaciones, sistemas de seguridad y mantenimiento”. Luego tomaron un punto sobre el informe de la AGN y respondieron: “Las cuestiones difundidas públicamente coinciden, en gran medida, con los problemas estructurales que la actual gestión identificó desde el inicio y que motivaron la implementación de este programa integral de recuperación ferroviaria”.

Según el informe que publicó el organismo estatal, se detectaron deficiencias en los mecanismos de fiscalización del mantenimiento y las prácticas operativas del Tren San Martín.

Desde la Secretaría sostuvieron además que las acciones impulsadas avanzan en el mismo sentido que muchas de las recomendaciones formuladas por la AGN, orientadas a fortalecer los mecanismos de control, el mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, la actualización de la normativa técnica y la modernización de los sistemas de seguridad y señalamiento.

En ese marco, el organismo concluyó que las observaciones del ente de control “no contradicen el rumbo adoptado por esta gestión, sino que reafirman la necesidad de continuar profundizando las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria”.

En el caso particular de la Línea San Martín, durante este período se impulsaron distintas acciones orientadas a fortalecer la operación y mejorar las condiciones de mantenimiento. Entre ellas se destaca la adquisición de tres nuevas locomotoras, la primera compra de este tipo realizada para la línea desde el año 2015, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de material tractivo y brindar un servicio más confiable. Actualmente, dos de esas unidades ya fueron incorporadas a la operación.

Asimismo, se avanzó en los procesos de adquisición de repuestos críticos y equipamiento técnico destinado al mantenimiento ferroviario. En paralelo, se ejecutan intervenciones vinculadas a la implementación del sistema de frenado automático ATS, la modernización de sistemas de señalamiento, la recuperación de material rodante y la ejecución de obras prioritarias sobre infraestructura ferroviaria.

Respecto de algunos indicadores difundidos públicamente, la Secretaría aclaró que los mismos comprenden distintas categorías de eventos operativos y que su evolución “no implica necesariamente un incremento de los eventos de mayor gravedad para la seguridad ferroviaria, como choques o descarrilamientos”.

También señalaron que parte de las variaciones registradas responden a hechos externos a la operación ferroviaria y que gran parte de las inversiones en curso comenzaron a desarrollarse a partir de la declaración de la emergencia, por lo que sus resultados deberán analizarse a medida que avance el proceso de recuperación.

Las observaciones de la AGN surgen de una auditoría realizada sobre la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), focalizada en la Línea San Martín durante el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Entre sus conclusiones, la AGN determinó que las medidas ejecutadas para revertir los incumplimientos detectados tuvieron una efectividad limitada.

El escrito reconstruyó el funcionamiento del sistema sancionatorio vigente hasta 2023 y destacó que las observaciones formuladas por la CNRT no lograban generar cambios efectivos en la conducta de los operadores ferroviarios estatales. El propio organismo regulador había advertido que el régimen de control constituía “un monótono y constante proceso administrativo que culmina en ‘Llamados de atención’ semestrales por cada especialidad y por cada línea ferroviaria”, medidas que en la práctica “no permiten la configuración de datos objetivos concretos en los que puedan sustentarse políticas públicas, ni decisiones regulatorias válidas”.

La CNRT también sostuvo que el procedimiento representaba “un dispendio administrativo”, y concluyó que el sistema impulsado por la Resolución 2210/15 “no resultaría eficaz para la fiscalización y control de cuestiones referidas al mantenimiento, seguridad y accidentes del sistema ferroviario nacional”. La auditoría reveló además que el cambio normativo introducido en 2023 dejó sin efecto expedientes sancionatorios acumulados durante varios años: en la Línea San Martín quedaron archivados 43 expedientes vinculados con sanciones impuestas entre 2017 y 2022 que habían sido recurridas por la operadora ferroviaria estatal.

El régimen sancionatorio fue reemplazado por un esquema denominado Control Evaluativo Integral, que eliminó las penalidades previamente dictadas y pasó a centrarse en mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño. La AGN observó, no obstante, que la nueva normativa tampoco establece consecuencias concretas cuando las anomalías detectadas durante las inspecciones no son corregidas, y que el régimen vigente se limita a indicar que “se promoverán las medidas que se consideren necesarias para lograr la regularización de las mismas o las medidas de mitigación que correspondan”.

La AGN concluyó que persisten debilidades regulatorias e institucionales que limitan la capacidad del Estado para asegurar que las observaciones de los organismos de control se traduzcan en mejoras concretas sobre la operación ferroviaria. El ente auditor advirtió que las herramientas disponibles para corregir irregularidades continúan siendo insuficientes para garantizar cambios efectivos en la conducta de los operadores y fortalecer la seguridad del servicio.

Sin embargo, desde la Secretaría de Transporte, concluyeron: “Hoy existe un plan de acción concreto, obras en ejecución y una estrategia integral orientada a recuperar infraestructura crítica, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. La Emergencia Ferroviaria no fue una reacción ante un hecho puntual. Fue una decisión estratégica para reordenar las prioridades de inversión del sistema ferroviario argentino, concentrando los recursos disponibles en lo más importante: garantizar la seguridad, mejorar la operación de los trenes y recuperar la infraestructura ferroviaria”.