Este miércoles a las 9 está prevista la audiencia para dar a conocer la resolución y los fundamentos sobre la remisión a juicio de la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura. La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, comunicará los fundamentos sobre cada planteo de las partes, es decir sobre el pedido de remisión a juicio del Ministerio Público Fiscal (MPF), como los reclamos y enfoques de las defensas.
La determinación llega un año después de que se iniciara formalmente la discusión sobre el requerimiento de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Tras un proceso marcado por suspensiones y planteos defensivos que escalaron en la jerarquía judicial, la instancia de debate se reabrió en mayo de este año y entra ahora en su etapa conclusiva.
La causa investiga una sofisticada estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, ocurrida entre los años 2008 y 2018. Según la investigación fiscal, la maniobra consistía en la utilización de contratos truchos en ambas cámaras legislativas.
El esquema delictivo habría contado con la intervención de funcionarios públicos y empleados de jerarquía de la Legislatura; dos estudios contables encargados de la ingeniería financiera; y ciudadanos externos dedicados a reclutar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques.
Se estima que la millonaria suma sustraída de las arcas públicas fue desviada hacia inversiones privadas, principalmente en los sectores inmobiliario y agropecuario.
Además de la resolución principal sobre el juicio oral, la justicia también fijó una nueva instancia para el tratamiento de las medidas cautelares. El jueves 2 de julio, también a las 9, se llevará a cabo una audiencia para tratar el pedido de levantamiento de restricciones patrimoniales solicitado por la defensa, específicamente por el abogado y exvocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías. El letrado defiende a Jorge De Breuil.
La elevación a juicio comenzó ante la jueza de Garantías N°1 hace un año y casi dos meses. Pero al poco tiempo, la marcha se frenó por planteos defensivos. Se atravesó un impasse de varios meses entre 2025 y 2026, hasta que volvió a reactivarse.
Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Leave a Reply