Después del fallo que absolvió a los productores, al ingeniero agrónomo y el aplicador juzgados por la causa de las aplicaciones de fitosanitarios en Pergamino, un grupo de productores de ese distrito bonaerense decidió avanzar con una nueva estrategia judicial. El objetivo será intentar que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 restringe las aplicaciones de fitosanitarios y fertilizantes en un amplio sector periurbano del partido y, según afirman, mantiene unas 6000 hectáreas con severas limitaciones productivas.
La iniciativa será analizada este jueves durante una reunión convocada por productores e instituciones de la ciudad, donde buscarán definir los pasos a seguir para solicitar una revisión de la cautelar que continúa vigente.
Según los impulsores de la iniciativa, el reciente fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario abre un nuevo escenario para volver a plantear la discusión sobre una medida que consideran excesiva y carente de sustento técnico.
Vale recordar que, a principios de septiembre de 2019, el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás dispuso una medida cautelar que prohibió las pulverizaciones terrestres con fitosanitarios dentro de un radio de 1095 metros de las zonas pobladas y fijó una restricción de tres kilómetros para las aplicaciones aéreas.
La resolución fue consecuencia de la causa iniciada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, quien denunció aplicaciones de agroquímicos en cercanías de distintos barrios de la ciudad y sostuvo haber sufrido, junto con su familia, consecuencias sobre la salud. Meses antes, el magistrado había impuesto una restricción de 600 metros que alcanzaba únicamente a tres barrios. Posteriormente amplió el alcance de la medida a todo el ejido urbano de Pergamino.
La semana pasada, tras un proceso judicial que se extendió durante siete años, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió a los productores, al ingeniero agrónomo y el aplicador que llegaron acusados por las aplicaciones de fitosanitarios. En cambio, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que existieron deficiencias en los controles.
Para el Tribunal no se acreditó el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal individual a los productores, pese a que consideró probados los daños denunciados por los vecinos. La Fiscalía había solicitado penas de entre tres y cinco años de prisión, según cada imputado. Ese pronunciamiento es el que ahora los productores consideran un antecedente relevante para insistir con la revisión de la cautelar.
Andrés Pereyra, ingeniero agrónomo e integrante de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Aianba), explicó que el trabajo institucional comenzó incluso antes de ese juicio oral. “La movida viene de antes, no es que fue luego de conocerse la sentencia que absolvió a los productores. Hay un grupo de productores que, motivado por Aianba, nos hemos juntado con la Sociedad Rural de Pergamino, Coninagro, Federación Agraria y la Cámara de Comercio de Pergamino para empezar a trabajar”, señaló a LA NACION.
Según indicó, antes del inicio del juicio ya habían elaborado un documento respaldando el trabajo realizado por el municipio que fue incorporado al expediente. Ahora, explicó, la intención será definir nuevas acciones. “El jueves nos estamos juntando para ver cómo seguimos y qué podemos sumar para acelerar la caída de la cautelar porque es una medida que continúa hasta que la sentencia quede firme”, afirmó.
Pereyra sostuvo que la preocupación continúa siendo importante porque numerosos establecimientos permanecen afectados por las restricciones. “Hoy en día esta movida se generó porque hay muchos productores que todavía están complicados e impedidos de producir. Son casi 6000 hectáreas que están afectadas por la medida cautelar”, indicó.
El propio ingeniero describió el impacto que la medida tiene sobre el establecimiento donde trabaja. “En mi caso, trabajo en un semillero de Pergamino y de las 120 hectáreas tenemos la mitad atrapada dentro de la medida cautelar. Esas 60 hectáreas están empastadas con festuca, de la que sacamos una cosecha por año, y el resto permanece en descanso”, explicó.
Recordó, además, que intentaron desarrollar producción orgánica, aunque finalmente abandonaron esa alternativa. “En unas 30 hectáreas hicimos módulos de producción orgánica, pero se dejaron porque era inviable por antieconómica”, sostuvo. Según relató, la situación también afecta a numerosos pequeños productores. “Hay gente que no está haciendo nada y esas hectáreas quedaron abandonadas. Son lotes chicos donde muchos no consiguen quién les haga los trabajos porque hay que producir como hace más de 50 años, con muchas labores y sin herramientas modernas”, afirmó.
Pereyra advirtió sobre otro fenómeno que comenzó a observarse en la periferia de la ciudad. “Al quedar improductivos, empiezan a aparecer desarrollos inmobiliarios y muchos productores, sin otra salida, se sienten tentados a vender. Trabajar sin insumos implica perder entre un 30% y un 50% del rendimiento que tendría un planteo con tecnología”, señaló.
Reunión
La reunión prevista para este jueves buscará definir si existen elementos suficientes para solicitar formalmente una revisión de la medida cautelar. “La idea es ver si hay lugar para pedir la revisión de la cautelar que establece que a 1095 metros del ejido urbano no se pueden utilizar fitosanitarios ni fertilizantes”, remarcó.
El ingeniero recordó que durante estos años distintas instituciones presentaron documentación técnica para intentar modificar la resolución judicial. “El municipio implementó buenas prácticas y también se adhirió al sistema de Aapresid [Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa]. Hubo un intento para reducir la restricción de 1095 a 600 metros, pero no hubo una respuesta positiva”, indicó.
Ahora aguardan que el reciente fallo de Rosario modifique el escenario. “Esperemos que ahora, luego de la sentencia del Tribunal de Rosario que absolvió a los productores, el juez de San Nicolás tenga a bien revertir la cautelar. Son otros tiempos políticos, sin tanta movida mal llamada medioambientalista porque es muy cómodo hablar de ambientalismo cuando uno está sentado en un escritorio”, expresó.
Pereyra también señaló que representantes de distintas entidades mantuvieron reuniones con el magistrado durante estos años. “Hemos tenido conversaciones con el juez Villafuerte Ruzo. Siempre tuvo buena escucha para con nosotros, pero es el juez. Ahora veremos cómo retomamos esta lucha”, afirmó.
Desde una mirada técnica, Guillermo Tempone, ingeniero agrónomo y productor de Pergamino, evitó opinar sobre la sentencia judicial, aunque cuestionó el criterio utilizado para fijar restricciones generales. “Priorizamos la salud de la gente, la de nuestros empleados, familias y la nuestra. Es imprescindible considerar cada producto, las condiciones de aplicación y controlar las pulverizaciones para evitar daños a la salud de las personas y al ambiente”, sostuvo.
No obstante, agregó que “desde el punto de vista agronómico, el criterio de prohibiciones generales o absolutas junto con las distancias fijas, creando amplias zonas de exclusión, es claramente anticientífico y genera diversos problemas”.
En ese sentido, consideró necesario avanzar hacia un marco regulatorio diferente. “Debe haber una legislación basada en criterios agronómicos probados, que contemple todos esos aspectos y garantice un control eficaz de las pulverizaciones en todo el territorio. El marco legal actual es contradictorio, con escasa base científica y tan diverso que llega a ser contradictorio entre las distintas jurisdicciones”, concluyó.
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