La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se reunió este viernes en Paraná con una gran concurrencia de jueces, fiscales y defensores oficiales de todo el país. El encuentro tuvo dos ejes de discusión: por un lado, la implementación del Código Procesal Penal Federal que se implementó en algunas jurisdicciones del país pero en otras, como Entre Ríos, aún no; por otro, la seguridad de jueces y fiscales en un contexto donde crecen las amenazas, sobre todo por parte del crimen organizado. En este sentido, abordar esta problemática y hacerlo en Paraná, se entendió como un fuerte posicionamiento ante lo sucedido en febrero de este año, cuando se denunció un presunto plan criminal supuestamente pergeñado por Leonardo Airaldi de contratar sicarios para atentar contra las vidas del juez federal Leandro Ríos, del fiscal general José Ignacio Candioti y del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
El presidente de la AMFJN, el juez federal Andrés Basso, dialogó con ANÁLISIS luego del encuentro. En primer lugar, acerca de la Asociación que preside y su función, dijo: “La asociación que representa a magistrados (jueces, fiscales y defensores oficiales) de la justicia federal de todo el país: de las 23 provincias y de la Justicia Federal de Capital Federal. También representa a la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. Por eso se trata de la institución que representa los intereses de magistrados y funcionarios más importante del país, por la representación que tenemos y por las funciones que cumplimos. Hay todo tipo de funciones. Además de las funciones de tinte gremial y la defensa en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas jubilatorios y el régimen de retiro de magistrados y funcionarios. Obviamente nos ocupamos de estas cuestiones de asistir a magistrados y funcionarios que tenga algún inconveniente en el ejercicio de su función. Pero, más allá de esas funciones gremiales y corporativas siempre digo que la función más importante que tiene la Asociación de Magistrados y Funcionarios es defender a ultranza la independencia judicial.
¿Y esto qué significa? Para decirlo en forma concreta: que cada magistrado y cada funcionario pueda desempeñar su rol judicial sin ningún tipo de interferencia de los otros poderes políticos que conforman el sistema republicano de gobierno que nos rige, como así también de poderes fácticos, de los poderes permanentes que existen en toda sociedad. Que no haya ningún tipo de presiones. Y ante cualquier afectación a la independencia judicial, nosotros tenemos un peso institucional muy importante y salimos en defensa de ese magistrado.
—En este aspecto ¿cómo está hoy la situación? ¿Tienen que intervenir o manifestarse en muchas ocasiones a nivel nacional?
—Sí. Te voy a dar primero una mirada más macro, porque como presidente de la Asociación de Magistrados también integro la Federación Latinoamericana de Magistrados, que reúne a todas las asociaciones de jueces de Latinoamérica. Entonces conozco bien cuál es la realidad de los poderes judiciales de toda la región. Si comparo la situación argentina con la que ocurre en muchísimos países de Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, digo que estamos en una situación mucho más favorable en cuanto a las presiones y a los obstáculos para desempeñar fielmente nuestra función judicial. No obstante, sí hay casos. Sobre todo, cuando tenemos que llevar adelante nuestra actividad judicial en investigaciones donde están implicados, por ejemplo, funcionarios públicos, son causas de muchísima relevancia institucional. Me refiero puntualmente a casos de corrupción, pública y privada. Ese tipo de investigaciones siempre genera ciertas tensiones y ahí nosotros estamos muy alertas para sostener y defender que el fiscal, el defensor oficial, el funcionario y el juez que intervienen en esos casos, en todas las instancias, tengan nuestro apoyo y respaldo institucional para que no haya ningún tipo de presión de los otros poderes.
Y también se da mucho en los casos de investigaciones contra el crimen organizado. Ya no solamente en los casos de corrupción, de funcionarios públicos sospechados de actos de corrupción, sino también en causas de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o trata de personas. En esas causas del crimen organizado, en muchas ocasiones hay amenazas e intimidaciones a los funcionarios judiciales que les toca intervenir. Ahí estamos muy alertas y atentos para salir en defensa inmediata, para que esos funcionarios judiciales puedan cumplir su rol con las mayores garantías posibles.
—¿Es por esto que uno de los ejes del encuentro de la Asociación fue la seguridad de fiscales y jueces?
—Sí. De hecho, nosotros ya realizamos una actividad, una jornada, en la sede institucional de la Asociación, que está en Capital Federal. Ahora replicamos la actividad con un panel que hicimos en la ciudad de Paraná, organizado por la Comisión de Fiscales y la Comisión de Provincias de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Hubo una participación y una convocatoria muy importantes de asociados y asociadas de todo el país, y tratamos la cuestión de la seguridad y la protección de magistrados y funcionarios que intervienen en causas, especialmente, de crimen organizado.
En el panel intervinieron especialistas invitados del Ministerio de Seguridad, con quienes debatimos los protocolos de actuación que aplica ese Ministerio cuando detecta que hay un fiscal, un juez o un funcionario amenazado. Entonces se activa inmediatamente un protocolo, se hace una evaluación de riesgo y se determina qué tipo de medidas de protección y de custodia se solicitan. Acá tenemos un caso muy grave y reciente de un juez federal y un fiscal federal que, en el marco de una investigación muy importante de narcotráfico, tuvieron una amenaza y un intento de atentar contra sus vidas. Hay una causa penal actualmente en trámite donde se está investigando para esclarecer el hecho. Es un caso que entiendo que acá tuvo muchísima repercusión. Como presidente de la Asociación, de inmediato me comuniqué con el doctor Ríos y con el doctor Candioti, y articulé desde la Asociación de Magistrados con el Ministerio de Justicia de la Nación y con el Ministerio de Seguridad, debo resaltar que actuaron en forma muy responsable y rápida para ponerse a disposición y desplegar este protocolo de protección y custodia especial para los magistrados afectados. Ese es un ejemplo cercano de lo difícil que es llevar adelante la función judicial en este tipo de casos.
Es importante que desde el Estado, desde las distintas agencias del Estado y desde la sociedad civil —en este caso, a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal y la Asociación de Magistrados— se pueda actuar de manera rápida y firme, porque estas organizaciones también leen si hay un Estado fuerte o débil que pueda salir en defensa de los funcionarios afectados. Lamentablemente, en Argentina están sucediendo cada vez más seguidos casos de este tipo. Si lo miramos en el plano regional, esto es algo que lamentablemente se da en varios países de Centroamérica. Podemos citar los casos de México, Ecuador, Bolivia o Colombia. Hemos tenido casos realmente lamentables, en los que se ha atentado contra la vida de funcionarios judiciales. Yo siempre digo lo mismo: en Argentina la situación no es la misma…
—Pero empiezan a pasar cosas que antes no pasaban.
—Yo soy juez federal penal, así que conozco la temática. En el fuero donde me desempeño es habitual llevar adelante este tipo de investigaciones. Si a mí me preguntaban hace diez años sobre esta cuestión, yo decía: no, todavía estamos lejos; no hemos tenido inconvenientes, no nos podemos comparar con lo que ocurre en otros países de la región. Bueno, esto cambió. Tenemos los casos que tomaron relevancia pública de lo ocurrido en Rosario, en algunos lugares de frontera del país y también el caso que afectó a los colegas de esta jurisdicción. Es decir, empiezan a ocurrir amenazas e intimidaciones que vienen de parte de estas organizaciones del crimen organizado, y eso genera que estemos alertas para que la situación no escale.
—El otro aspecto tiene que ver con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. En Entre Ríos todavía estamos a la espera ¿Cómo lo vienen observando a nivel nacional? Sobre todo porque, si bien ha creado Juzgados y algunas Fiscalías, uno ve en algunos casos que tienen la misma estructura de personal y de recursos desde hace muchos años.
—Nosotros, como institución, apoyamos la decisión del actual Gobierno nacional de empezar a implementar el nuevo Código en todas las jurisdicciones del país, porque se estaba dando una situación anómala: solamente en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy se aplicaba el Código, mientras que en el resto del país nos guiábamos por un ordenamiento procesal distinto. Eso no es adecuado para un buen servicio de administración de justicia. Lo primero que tengo para responder es que celebramos y apoyamos esta política de empezar a implementar de manera progresiva el Código. Ahora bien, nuestro acompañamiento y respaldo institucional no es acrítico. Cada vez que detectamos fallas o falencias en el proceso de implementación en alguna jurisdicción, nos expresamos públicamente a través de comunicados institucionales y también nos reunimos con las autoridades para marcar ciertas observaciones en el proceso de puesta en vigencia del código.
Una de las cuestiones que más señalamos es que podemos tener un muy buen digesto procesal, pero si nos faltan los recursos humanos, cualquier reforma procesal seguramente está destinada al fracaso. Como institución, hace tres años venimos reclamando enfáticamente la cobertura de las vacantes judiciales, que en promedio, entre el Poder Judicial de la Nación y los ministerios públicos, alcanzaban un porcentaje inédito del 40%. Entonces nosotros decíamos: no podemos estar aplicando el Código si no hay jueces y fiscales para aplicarlo, porque iba a redundar en un fracaso. Esa fue una de las cuestiones que más remarcamos y, afortunadamente, este año esa situación se empezó a destrabar. Hubo una tanda muy importante, justamente esta semana se terminaron de firmar todos los decretos de designación, con lo cual la cobertura de vacantes, aunque todavía sigue siendo alta, está en vías de solucionarse.
Otra cuestión que marcamos y que generamos a través de la Asociación, mediante una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Justicia, fueron las observaciones que el Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Eduardo Casal, viene realizando en cuanto a la falta de personal y a las falencias edilicias. Recordemos que con el nuevo Código se produce un cambio de paradigma: el protagonismo de las investigaciones va a estar en manos de los fiscales. Por eso respaldamos la postura de Casal, porque si vamos a ir a un procedimiento penal donde el protagonismo y la carga de llevar adelante la persecución penal, realizar toda la actividad probatoria y desarrollar toda la investigación estarán en manos de los fiscales, tienen que contar con los recursos humanos y materiales pertinentes para hacerlo de manera correcta. Generamos una mesa de diálogo. Muchos puntos que solicitaba el Ministerio Público Fiscal se han ido solucionando y en otros todavía estamos a mitad de camino. Pero, por lo menos, advertimos que hay voluntad de todas las partes para ir solucionando en el andar, a medida que se pone en vigencia el Código, las cuestiones que todavía faltan cumplir.
—Esta semana hicieron una charla de la Asociación con ADEPA sobre libertad de expresión, responsabilidad editorial e inteligencia artificial ¿Qué le preocupa a la Justicia en relación con estos temas?
—Fue un seminario que organizamos en forma conjunta la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Realmente tuvo una muy buena convocatoria. Yo siempre digo que en un Estado de Derecho como el que nos rige hay dos pilares fundamentales: el Poder Judicial (el servicio de administración de justicia) y la prensa. Se necesita un Poder Judicial independiente de toda interferencia política y se necesita libertad absoluta de prensa. Esas son como las dos vigas, los dos pilares que fortalecen un sistema republicano de gobierno, con división de poderes, con organismos de control de la gestión pública que funcionen correctamente y con respeto a las decisiones judiciales.
Esto está muy claro: siempre los poderes políticos, los gobiernos de turno, de cualquier color que sean, generan tensiones frente a ese control. En el caso del Poder Judicial, además de resolver los casos sometidos a nuestra jurisdicción, tenemos como una función central controlar a los otros dos poderes de la República. Eso genera tensiones y situaciones de presión. Para que el Poder Judicial y los ministerios públicos puedan cumplir su rol, y puedan soportar y superar esas presiones, necesitamos instituciones fuertes: un Poder Judicial absolutamente independiente que pueda resolver de determinada manera, aunque sea de disgusto para el poder político de turno, y una prensa que visibilice los problemas, que los denuncie y que también haga su labor periodística. Fue una sinergia muy positiva entre la Asociación de Magistrados y ADEPA, porque sabemos que representamos instituciones que, en un Estado de Derecho, cumplen funciones esenciales.
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