La investigación del Ministerio Público Fiscal sobre la denuncia formulada por las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, tras detectar maniobras de sobreprecios y posibles retornos entre funcionarios y empresarios, tuvo un avance en los últimos días cuando se modificó la apertura de causa y se ampliaron los hechos imputados a los acusados. Las defensas cuestionaron esta medida.
La causa se originó en septiembre del año pasado, en octubre se hicieron los allanamientos en los domicilios de los acusados y se secuestró documentación, computadoras, celulares y otros elementos. Del análisis de la prueba secuestrada, surgieron 18 presupuestos, licitaciones y contrataciones apuntadas por sobreprecios y dádivas, entre otras contrataciones, con la intervención de los departamentos Suministro, Gestión de Contrataciones y Técnico de la DPV.
No obstante, aún restan producirse medidas claves como las pericias de los celulares secuestrados, cuya puesta en marcha se encuentra en discusión por la oposición manifestada por abogados defensores y que próximamente se tratará en la Cámara de Casación Penal de Paraná.
El fiscal Gonzalo Badano informó a las partes la modificación de apertura de la causa caratulada “NN S/ Fraude a la Administración Pública (denuncia de Donda Exequiel Matías)”, donde se apunta que “en la Dirección Provincial de Vialidad se habrían tramitado distintos expedientes en violación de la normativa de contabilidad pública ley Nº 5140 y su decreto reglamentario. Se habrían omitido los pasos establecidos, direccionado las contrataciones a determinados oferentes y elaborado presupuestos oficiales con valores superiores a los de mercado. Todo ello habría facilitado que aquellos oferentes que se encontraban en connivencia con los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones cotizaran precios elevados que luego eran aprobados, ocasionando un perjuicio a la administración pública. Posteriormente, un porcentaje de dichas contrataciones habría sido entregado por los contratistas a los funcionarios. Estas acciones habrían dificultado que las maniobras sean detectadas”.
Respecto de los funcionarios públicos implicados, la Fiscalía sostiene que “intervino Ignacio Difiori, jefe de Departamento I Suministro, quien como autoridad máxima del Departamento Suministro dio curso a las contrataciones, dando directivas sobre el trámite y estableciendo las personas invitadas”.
“Para llevar adelante esta tarea -afirma la acusación- contó con la colaboración imprescindible de Julián Gervasoni, jefe Departamento II Gestión de Contrataciones, quien participaba en las decisiones de las contrataciones y selección de oferentes”. En este sentido, apunta además a “Raúl Caraballo, jefe del Departamento II Técnico, quien acompañaba los presupuestos mayores a los de mercado”.
En la lista de contrataciones enumeradas por la Fiscalía se señalan al menos 18 operaciones diversas, detalladas con número y fecha de expedientes, de licitaciones públicas y privadas y de solicitudes de cotización.
Por ejemplo, el 18 de septiembre de 2019 se inició un expediente para adquirir lubricantes por licitación pública. El 6 de marzo de 2020, Difiori dio trámite y remitió la contratación a Caraballo, quien elaboró un presupuesto de los productos que estimó en $26.413.750 correspondiente a 20 ítems que contenían un sobreprecio. Se presentaron a la oferta: Roberto González presidente de la firma Arcrosa SA, y Meynet Gustavo, titular de Agrovial Paraná. Se adjudicó a Arcrosa SA site los ítems por $17.714.600, cuya oferta contenía un sobreprecio de $13.798.103,25, y a Agrovial SA otros 12 ítems por $15.380.040, monto que sobrepasaba el valor de mercado en $11.997.183,03, según lo observado por los auditores de la DPV.
Otro caso muy llamativo es un proceso de contratación directa con la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda., representada por Diego Gómez, para la adquisición de 2084 camisas, 2084 pantalones y 1059 botines. Difiori dio trámite, sin intervención previa de la Contaduría General, y la Cooperativa ofertó $91.740.360. Caraballo, sin justificación según la Fiscalía, indicó que los valores ofertados se encontraban dentro de los valores de mercado. El cálculo realizado por los auditores sostiene que se terminó abonando “un precio superior al de mercado estimado provisoriamente en la denuncia en un 635,76%”.
Otra situación sorprendente sucedió con el caso de los “botines de oro” por los cuales, de no ser por la advertencia de una contadora, Vialidad habría pagado un monto sideral por calzado de seguridad. En el expediente iniciado en septiembre de 2024, Difiori dio curso a la contratación para comprar 1.068 pares de esos elementos por medio del proceso de excepción de contratación directa. Caraballo indicó que el presupuesto estimado, previa consulta a comercios, era de $154.860.000. La contadora delegada, Luciana Sciascia, recomendó no continuar con la compra atento al cierre del ejercicio. Se pasó para el año siguiente, pero debía hacerse mediante licitación pública. Entonces, el 3 de enero de 2025 Caraballo estimó el presupuesto de los mismos productos en $59.595.000, casi un tercio menos. Frente a una observación de la contadora de esta incongruencia, posteriormente se agregó un presupuesto de septiembre del año anterior de la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda. por el monto de $160.200.000 por la totalidad de los botines. Más rara se volvió la situación cuando, en el marco de la licitación realizada en 2025 para esa compra, se presentó Diego Gómez, apoderado de la Cooperativa, y realizó una oferta por el monto de $49.166.490. Finalmente, la licitación no fue finalizada, ni pagada.
Otro caso fue para la compra de repuestos de la unidad retroexcavadora New Holland. Vialidad efectuó un presupuesto de $27.502.200. Se llevó adelante licitación pública en la que ofertaron: Horacio Fernández, presidente de Equivial Sudamericana SA, y Gustavo Meynet, por Agrovial Paraná, “cuyos precios cotizados con sobreprecios fueran previamente acordados entre ellos simulando una competencia inexistente”, afirma la Fiscalía. Y agrega: “Todo ello con el aval de Difiori quien acordó previamente con ambas partes. Se adjudicó a Equivial Sudamericana SA, la suma total de $15.590.163,80 y a Agrovial $22.062.800”.
El caso de una compra de 2.000 caños de hormigón armado quedó bajo la lupa de los auditores: Caraballo estimó el presupuesto en $388.000.000. El procedimiento se encuadró en la contratación directa y se adjudicó a la firma Daniel Antonio Forlin, de Córdoba, por el monto de $344.001.653,18. “Conforme a la denuncia se habría ocasionado un perjuicio al erario público de $68.144.643,10 atento a que según presupuesto de los mismos productos con fecha julio 2025 acompañados en la denuncia se obtendrían a menor valor”, se describe en la causa.
Luego siguen en la lista licitaciones públicas de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, cuatro licitaciones privadas de 2024 y tres solicitudes de cotización de 2021 y 2024. Se buscaba la adquisición de una desmalezadora, una desmalezadora hidráulica, repuestos varios para cargadoras New Holland, repuestos para motoniveladora New Holland, repuestos para motoniveladora Fiat Hitachi, desmalezadora de ala rebatible, articulada, repuestos para retroexcavadora New Holland, entre otras maquinarias y mercadería.
En estos casos se menciona que “habría participado Gustavo Meynet como oferente y acordando un pago de dádivas con funcionarios de Vialidad”, y que “se habría acordado el pago de sobreprecios y dádivas con otros oferentes”.
Por último, la apertura de causa modificada señala que además hay “distintas contrataciones llevadas a cabo entre abril y diciembre de 2021”, donde se sospecha que se aplicó el mismo modus operandi. Por esto, el fiscal solicitó a la Dirección Provincial de Vialidad los expedientes originales de los trámites de licitación y contrataciones enumeradas.
Los imputados por la Fiscalía, entre empresarios y funcionarios, siguen siendo las mismas nueve personas: Ignacio Agustín Difiori (jefe del Departamento I Suministro), Julián Efraín Ascaino Gervasoni (jefe del Departamento Gestión de Contrataciones), Raúl Andrés Caraballo (jefe del Departamento Técnico), Natalia Ileana González (segunda jefa del Departamento Técnico), Gustavo Horacio Meynet, titular de Agrovial SRL, Carlos Diego Gustavo Gómez, titular la Cooperativa de Trabajo del Centro, Roberto Osvaldo Gonzalez, titular de Arcrosa SA, de Santa Fe, Horacio Alfredo Fernández, titular de Equivial Sudamericana, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Daniel Antonio Forlin, titular de Premoldeados Forlin.
Las defensas de los acusados cuestionaron formalmente la modificación de apertura de causa.
La polémica sobre la prueba digital
En las últimas causas, sobre todo en aquellas resonantes por corrupción, las defensas se oponen a las pericias de los celulares secuestrados a los acusados. Aunque los jueces de Garantía disponen avanzar igual con esta medida clave de una investigación, se presentan recursos de apelación y casación que impiden realizarlas. Uno de los argumentos que se vienen planteando tiene que ver con la cadena de custodia al momento del secuestro de celulares y otros elementos informáticos. Otro apunta a los límites de la extracción de los datos de un celular: qué se busca, de qué lapso temporal, etc.
Se trata de uno de los 20 puntos que fueron puestos en discusión a inicios de septiembre del año pasado para una nueva reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos. Bajo el título “Regulación de la prueba digital”, la iniciativa del Gobierno provincial buscaba legislar en forma clara cómo debe proceder la Policía y la Fiscalía al momento de secuestrar y peritar un elemento informático. Luego del impulso que tuvo la propuesta en septiembre, previo a las elecciones nacionales, el asunto no obtuvo impulso en el ámbito legislativo.
En la causa de los sobreprecios en Vialidad, sucede algo similar: los celulares se encuentran secuestrados pero la Fiscalía no puede avanzar en su apertura en busca de pruebas sobre las maniobras investigadas debido a la oposición de las defensas. Próximamente el asunto será debatido en la Cámara de Casación Penal de Paraná.
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