Redes sociales y menores: por qué las nuevas prohibiciones en Reino Unido y Canadá generan más preguntas que respuestasMientras algunos países imponen límites a plataformas como TikTok y Facebook para adolescentes, especialistas alertan sobre la efectividad real de estas medidas, los desafíos en la aplicación y el riesgo de que los jóvenes migren hacia entornos digitales menos seguros

Las prohibiciones de redes sociales para menores de 16 años avanzan a la vez en Reino Unido y Canadá, con Australia como primer ensayo ya en vigor, mientras crecen las dudas sobre si estas restricciones pueden aplicarse de verdad o si los adolescentes las sortearán con facilidad.

Las prohibiciones pueden limitar el acceso formal de menores de 16 años a redes sociales, pero no está claro que ofrezcan una protección real. Australia obliga a las plataformas a bloquear esas cuentas bajo amenaza de multas de hasta AUD 49,5 millones por infracción, aunque ya se detectaron vías de evasión y persisten objeciones sobre privacidad, desigualdad y desplazamiento hacia servicios menos regulados.

Según informó The Hollywood Reporter, el lunes de esa semana Reino Unido presentó planes para imponer una restricción amplia al uso de TikTok, Facebook y plataformas similares por parte de menores de 16 años, mientras Canadá avanza en paralelo con legislación propia en el Parlamento. Ambas iniciativas siguen el modelo australiano, que entró en vigor en diciembre como la primera prohibición de este tipo en el mundo.

Seis meses después, ese país sigue como referencia para gobiernos de distintos lugares que estudian medidas parecidas para apartar a los niños de las redes sociales y reducir daños vinculados con salud mental, imagen corporal, ciberacoso y alteraciones del sueño.

La enmienda australiana de seguridad en internet obliga a las plataformas a bloquear cuentas de menores de 16 años o afrontar sanciones millonarias, aunque la comisionada de seguridad en internet del país ya reconoció que algunos jóvenes encuentran formas de eludir las restricciones.

En ese contexto, Canadá sigue adelante con el proyecto de ley C-34, que limitaría riesgos para menores de 16 años en redes sociales, chatbots y otros servicios en línea, impondría obligaciones directas de seguridad a los operadores y crearía una Comisión de Seguridad Digital para hacer cumplir ese marco.

Las dudas sobre la eficacia y los efectos no deseados

Michael Geist, profesor de Derecho de la Universidad de Ottawa, cree que la propuesta canadiense fracasará y traerá efectos no deseados. Sostiene que las prohibiciones pueden esquivarse con redes privadas virtuales, dispositivos prestados y el paso de los menores a plataformas más arriesgadas y menos reguladas. Advierte además que verificar quién tiene menos de 16 años equivale en la práctica a verificar la identidad de toda la población, lo que convierte la medida en un mandato de identificación a escala nacional.

Geist cuestiona también que la aplicación de la ley quede en manos de un nuevo regulador y no del organismo canadiense ya existente para telecomunicaciones y radiodifusión, el Consejo de Radiodifusión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC). A su juicio, esa nueva autoridad tendría un alcance excesivo sobre la vida cotidiana y concentraría funciones normativas, sancionadoras y de representación de usuarios en un solo cuerpo.

Catherine Warren, presidenta de FanTrust, coincide en que la respuesta canadiense debe ser efectiva y no solo parecer contundente. Para ella, el problema central no es que los niños estén en internet, sino que las plataformas están diseñadas para generar adicción mediante funciones como el desplazamiento infinito y los chatbots de inteligencia artificial. Warren añade que una prohibición general puede agravar la desigualdad social: las familias con más recursos pueden pagar redes privadas virtuales y burlar más fácilmente las restricciones, mientras otras quedarían excluidas de espacios de conexión, comunidad y educación.

Stephan Dreyer, investigador principal del Instituto Leibniz de Estudios de Medios, también cuestiona la utilidad de las prohibiciones generales. Desde el punto de vista legal, sostiene que implican más riesgos que beneficios y que no existen estudios que prueben que vetar redes sociales mejore la salud mental. Restringir el acceso, advierte, puede empujar a menores hacia otros servicios en línea con menos control y potencialmente más peligrosos.

El choque entre nuevas prohibiciones y marcos regulatorios existentes

En Europa, varios parlamentos impulsan versiones propias de una prohibición al estilo australiano, aunque sin un criterio uniforme: Francia fija el umbral en 15 años, Austria en 14, y Grecia y España en 16. Para Dreyer, esa diferencia de edades importa menos que un problema jurídico más profundo: la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea ya regula cómo deben proteger las plataformas a los menores y prevalece sobre las normas nacionales que entren en conflicto con ella. Varios países, sostiene, no han resuelto ese choque en sus planes.

Cita el caso francés, donde la regla que impide el acceso a menores de 15 años no especifica quién debe hacerla cumplir, dado que señalar directamente a las plataformas abriría un conflicto con la normativa comunitaria. La Comisión Europea intenta demostrar que la Ley de Servicios Digitales puede aplicarse con fuerza: TikTok está bajo investigación por supuestas funciones de diseño adictivas, entre ellas el desplazamiento infinito, y Meta por una protección insuficiente de menores frente al ciberacoso y la captación con fines sexuales.

Si se confirma un incumplimiento permanente, las plataformas pueden afrontar multas de hasta el 6% de su facturación anual global. Aun así, Dreyer sostiene que muchos padres y dirigentes europeos se muestran frustrados por la lentitud de la aplicación y ven en las nuevas prohibiciones una forma de presionar a Bruselas para fijar una edad mínima común.

Las alternativas que ponen el foco en las plataformas

Frente a una prohibición general, Dreyer propone otro camino regulatorio: identificar y restringir funciones concretas de riesgo, como el desplazamiento infinito, los algoritmos de recomendación y los sistemas que empujan contenido inadecuado para la edad. Warren formula una idea parecida, al sostener que la prioridad debe ser fijar límites a las plataformas y no levantar barreras rígidas que los menores con más conocimientos técnicos pueden