En Entre Ríos existe medio centenar de expedientes abiertos por causas por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, la enorme mayoría todavía se encuentra sin imputados formales después de años de instrucción, y tribunales orales que deberían juzgarlos funcionando con cargos vacantes y jueces prestados de otras ciudades, pero no se concreta porque el sistema está colapsado. A cincuenta años del golpe, la maquinaria que debe condenar a los responsables del terrorismo de Estado avanza en la provincia a paso de tortuga y desde el poder central no se resuelven los innumerables reclamos que se hacen hace ya varios años, según un relevamiento de ANALISIS.
La Unidad de Derechos Humanos y Género del Consejo de la Magistratura de la Nación respondió un pedido de acceso a la información pública que este medio presentó en el marco del expediente AIP 24/2026. El relevamiento, ordenado por la directora de esa unidad, Virginia Croatto, reconstruye el estado de todas las causas por delitos de lesa humanidad que tramitan ante la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos. La estructura federal entrerriana que interviene en estos delitos es amplia. La Cámara Federal de Paraná cuenta con una Secretaría de Derechos Humanos y de ella dependen dos tribunales orales, el de Paraná y el de Concepción del Uruguay, además de siete juzgados federales repartidos en Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria y Concordia. Pero el peso de la causa de lesa humanidad recae casi por completo sobre un solo despacho. El Juzgado Federal N° 1 de Paraná, a cargo del juez Leandro Daniel Ríos, concentra cuarenta y dos expedientes en trámite, mientras que su par, el Juzgado Federal N° 2 de Paraná, directamente carece de competencia en la materia y así lo hizo constar mediante oficio. Los demás juzgados aportan números menores: Concordia informó tres causas, Concepción del Uruguay suma tres entre sus dos juzgados, y el resto, como se verá, registra apenas una o ninguna.
Fue desde el juzgado de Paraná, bajo la firma del juez Ríos, que se instruyeron las megacausas conocidas como Área Paraná, el corazón del juzgamiento del terrorismo de Estado en la capital entrerriana. Por su volumen y por su historia, el Juzgado Federal N° 1 funciona como el verdadero centro de gravedad de la memoria judicial de la provincia y siempre con una estructura mínima (la misma que heredó de su padre, el exjuez federal Aníbal María Ríos), que debe llevar adelante cientos de expedientes mensuales por diferentes causas.
Fuera de Paraná, el resto del territorio aporta un goteo de expedientes. El Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay tramita dos causas vinculadas a privaciones ilegales de la libertad, y el de Concordia, tres, entre las que figura una investigación por desaparición forzada de persona y otra por tortura. Son números pequeños que, sin embargo, mantienen viva la causa en el sur y el norte de la provincia, lejos del foco de la capital. En todos los casos, las investigaciones permanecen en su etapa inicial, sin acusados formalizados.
Lo que ya se juzgó
El cuadro permite distinguir con claridad lo poco que llegó a destino. De las cuarenta y dos causas de Paraná, apenas un puñado alcanzó sentencia firme. Figuran allí las condenas dictadas en las causas Área Paraná, en las que la Justicia federal sancionó a los responsables de los crímenes cometidos en la ciudad durante la última dictadura. Entre los condenados con sentencia firme aparecen José Anselmo Appelhans, director de la Unidad Penal N° 1 de Paraná al momento de los hechos, y el militar Naldo Dasso, ambos sentenciados a prisión perpetua por la desaparición del militante peronista Jorge Emilio Papetti, además de Jorge Humberto Appiani, exauditor militar, y Carlos Luis Carvallo, cuya condena se encuentra en etapa de ejecución. También quedó firme la sentencia contra el médico Jorge Horacio Capellino, una causa desprendida de Área Paraná que investigó su participación en torturas y desapariciones.
Esas sentencias llegaron tarde y tras enormes dificultades. El primer fallo de Área Paraná se dictó a fines de 2015 y el segundo recién en mayo de 2020, más de cuatro décadas después de los hechos y luego de que el proceso estuviera más de dos años paralizado por la recusación del juez. Ambos juicios se tramitaron además de manera escrita, bajo el viejo Código de Procedimientos en materia penal, sin la instancia de un debate oral y público, una rareza procesal que arrastran las causas más antiguas de la provincia.
El contraste con el resto del cuadro es brutal. La amplia mayoría de los cuarenta y dos expedientes de Paraná figura en etapa de investigación previa a la imputación, es decir, causas que llevan años abiertas sin que se haya formalizado siquiera un acusado. Muchas investigan algunos de los delitos más graves del repertorio represivo: desapariciones forzadas, como la de Ramón Nemesio Aguilar; la sustracción de menores de diez años y la supresión de su identidad; apremios ilegales y privaciones ilegítimas de la libertad. Varias permanecen reservadas en Secretaría a la espera de que aparezcan nuevos elementos probatorios.
En ese universo se inscribe una de las heridas más profundas de la provincia: la búsqueda de los restos y de las identidades robadas. El relevamiento deja constancia de labores periciales de excavación encaradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el cementerio de San Benito, con resultado negativo, y de varias pruebas de ADN ordenadas para determinar apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio. Una de esas causas se vincula con el caso emblemático de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, militantes secuestrados cuya historia atravesó a Paraná, donde ella fue trasladada para dar a luz en un hospital militar. La aparición con vida de una de las mellizas, Sabrina Gullino, fue uno de los hitos de esa larga búsqueda, que aún continúa en los tribunales.
Por respeto a la garantía de inocencia, el cuadro mantiene a numerosos imputados en etapas tempranas del proceso, algunos con declaración indagatoria pero sin elevación a juicio. Solo una causa registró en el último período un avance hacia el debate oral, con auto de elevación a juicio dictado en abril de 2024, mientras otra se cerró por la extinción de la acción penal a raíz del fallecimiento del imputado, la forma más cruda en que se manifiesta lo que los organismos llaman impunidad biológica.
La causa contra Isabel Perón
Entre los expedientes informados sobresale uno por su resonancia nacional. En el Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Analía Graciela Ramponi, tramita desde 2025 una causa caratulada contra María Estela Martínez de Perón y otros, por los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad. La expresidenta, conocida como Isabel Perón, de más de noventa años y radicada en España desde hace décadas, figura así mencionada en una investigación entrerriana que todavía se encuentra en su etapa previa a la imputación.
La causa se inscribe en una línea jurídica que la Justicia argentina viene explorando: la de los crímenes cometidos por el aparato estatal antes del golpe de 1976, durante el gobierno constitucional que Martínez de Perón encabezó entre 1974 y 1976. Fue en ese período cuando se firmaron los decretos que ordenaron a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar subversivo y cuando operó la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A. Distintos tribunales del país ya consideraron que aquellos secuestros y asesinatos, perpetrados en democracia, constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. La causa de Concepción del Uruguay se suma a esa corriente, aunque su avance, como el de tantas otras, dependerá de tiempos judiciales que rara vez juegan a favor de la verdad.
Acaso el dato más revelador del informe no esté en las causas, sino en quiénes deben juzgarlas. Los dos tribunales orales que tienen a su cargo los debates de lesa humanidad en la provincia funcionan con cargos vacantes cubiertos por magistrados de otras jurisdicciones. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná arrastra dos vacantes de juez de cámara (como los casos de los ya jubilados Roberto López Arango y Lilia Montefiore), suplidas por los vocales del tribunal oral de Concepción del Uruguay, Mariela Emilce Rojas y Jorge Sebastián Gallino. A su vez, el tribunal oral de Concepción del Uruguay tiene una vacante propia, cubierta por una vocal de Paraná. Y el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay quedó acéfalo por el fallecimiento de su titular, Pablo Andrés Seró, y desde entonces es subrogado en forma alternada, por períodos de seis meses, por la jueza de Concordia Analía Ramponi y el juez de Gualeguaychú Hernán Sergio Viri.
Ese sistema de subrogancias cruzadas (la titular del Tribunal Oral de Paraná, Noemí Berros, ha tenido que suplir a otros vocales ausentes en Rosario o Resistencia, por ejemplo), en el que los mismos jueces se prestan entre ciudades para cubrir agujeros, no es un detalle administrativo. Es exactamente el cuello de botella que los especialistas señalan como una de las principales causas de la lentitud de estos juicios en todo el país. Cuando un magistrado debe inhibirse por haber intervenido antes en la instrucción de una causa, hay que rearmar el tribunal, y cada reintegración suma meses o años de demora. El informe entrerriano muestra ese problema en estado puro: los tres órganos que deberían sostener los debates orales de la provincia están incompletos al mismo tiempo.
Las consecuencias se ven en los pocos juicios orales que efectivamente avanzan. Ante el Tribunal Oral de Paraná hay una causa lista para fijar fecha de audiencia de debate, demorada por medidas de prueba pendientes, y otra que aguarda un pronunciamiento tras sucesivas apelaciones. En Concepción del Uruguay, en cambio, un juicio se encontraba en pleno debate al momento del relevamiento, una de las pocas señales de movimiento real en todo el cuadro.
El panorama entrerriano replica el cuadro nacional. Según los informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el país permanecen abiertas más de trescientas causas por estos delitos y más de mil doscientos de los casi cuatro mil investigados murieron sin condena desde 2006, lo que la fiscalía describe como impunidad biológica. El año 2025, además, fue señalado como el de mayor cantidad de absoluciones desde la reapertura de los juicios, con más absueltos que condenados entre quienes recibieron sentencia por primera vez, en un contexto de recorte de las áreas estatales dedicadas a estos procesos. Las demoras de la Corte Suprema en confirmar las sentencias completan el cuadro de un proceso histórico que se acerca a su límite biológico.
Los juzgados que dijeron no tener causas
El relevamiento dejó también dos respuestas llamativas. El Juzgado Federal de Gualeguaychú había informado en 2025 la existencia de una causa caratulada contra autores a determinar, con la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo como querellante, en la que ya se había realizado un estudio pericial genético con resultado negativo. Sin embargo, al pedírsele la actualización, el mismo juzgado respondió en mayo de 2026 que no registra causa alguna en trámite vinculada con delitos de lesa humanidad, una variación que el informe no explica. El Juzgado Federal de Victoria, por su parte, comunicó tanto en 2025 como en 2026 que en su secretaría no tramitan causas de esta naturaleza.
El cuadro contiene, además, una omisión deliberada. La Unidad de Derechos Humanos y Género aclaró que no cuenta con datos sobre los fiscales que actúan o intervienen en cada expediente, porque el Ministerio Público Fiscal no pertenece al Poder Judicial de la Nación y se rige por su propia estructura. Quien quiera reconstruir el rol de la acusación pública en estas causas deberá, por lo tanto, golpear otra puerta.
El pedido de ANALISIS incluía también un punto sobre las inversiones en infraestructura tecnológica realizadas en las dependencias federales entrerrianas desde el 10 de diciembre de 2023. La Dirección General de Tecnología respondió con un cuadro que enumera trescientos cincuenta y un elementos entregados al fuero federal de la provincia en ese período. La cifra suena abultada, pero su composición relativiza el dato. El grueso de esos ítems son insumos de impresión -toners, fotoconductores, kits de mantenimiento- y componentes informáticos sueltos, no equipamiento de capital. De hecho, la mayor parte, ciento treinta y ocho unidades, fue a parar al Depósito Paraná, es decir, a stock todavía sin asignar a ninguna dependencia. Las computadoras nuevas propiamente dichas, entre notebooks y equipos de escritorio, no superan la quincena en toda la provincia.
El reparto entre las dependencias confirma la lectura. Por detrás del depósito central, las entregas más voluminosas fueron al Centro de Cómputos de Paraná, a los juzgados federales de Concordia y de Concepción del Uruguay N° 2 y al de Gualeguaychú, todas en buena medida bajo el rótulo de insumos de impresión. Los tribunales orales, que son los que sostienen los juicios de lesa humanidad, recibieron sobre todo discos externos, toners y alguna notebook. Es la radiografía de un mantenimiento mínimo antes que de una modernización: se repone lo que se consume, pero no se renueva el parque informático de fondo.
En materia edilicia, en cambio, la respuesta fue más austera aún. La Dirección General de Infraestructura Judicial no aportó un detalle de obras concretas en Entre Ríos y se limitó a remitir a los portales oficiales del Boletín Oficial, los presupuestos del Poder Judicial y el registro de proveedores, donde, según afirmó, podría reconstruirse la información mediante el cruce de fuentes. La traducción es sencilla: para saber qué se construyó o refaccionó en los tribunales federales entrerrianos, el ciudadano deberá hacer el trabajo por su cuenta. Mientras tanto hay lugares específicos que siguen paralizados como hace ya varios años, cuando el poder central optó por entregarlo: el caso más saliente es la sede del exComando de Brigada del Ejército Argentino, frente al edificio del Juzgado Federal de Paraná, que tiene una amplitud que llega hasta la cuadra de calle Urquiza. Pero nunca hubo mayores avances, salvo algunas cuestiones menores que sirvieron para archivo de expedientes judiciales de larga data, cuando podría tener un uso más operativo, con salas más amplias para juzgar a imputados y mayores comodidades para quienes trabajan en el edificio histórico, donde casi no tienen margen para moverse en las oficinas en que se encuentran y aparecen tapados de expedientes todo el tiempo.
Otro punto del pedido reveló un dato de fondo sobre el funcionamiento de la Justicia. Si bien el sistema de gestión electrónica Lex 100 ya rige en toda la jurisdicción, con expediente y notificación digitales, el Código Procesal Penal Federal, el que instaura el sistema acusatorio con su lógica de juicios más ágiles, todavía no fue implementado en Entre Ríos. Se sigue aplicando el viejo código, el mismo cuya rigidez ayuda a explicar por qué las causas más antiguas, incluidas varias de lesa humanidad, se arrastran durante décadas.
Buena parte del resto de la solicitud, por lo demás, no recibió respuesta directa sino una colección de hipervínculos. Para conocer la guía judicial, el estado de los concursos para cubrir vacantes, las estadísticas del fuero, los cuadros de denuncias contra magistrados y juicios políticos, el portal de auditorías y la nómina de personal, el Consejo de la Magistratura remitió a sus distintos sitios oficiales. Es una forma legítima de cumplir con la ley de acceso a la información, en la medida en que esos datos están efectivamente publicados, pero traslada al solicitante la tarea de hilvanarlos. El patrón se repite en casi todas las respuestas que excedieron el relevamiento de causas: mucho enlace, poca síntesis.
Leído en conjunto, el informe del Consejo de la Magistratura dibuja una fotografía incómoda. Entre Ríos hizo su parte en el juzgamiento del terrorismo de Estado: tiene condenas firmes, perpetuas dictadas, responsables tras las rejas y una causa que incluso alcanza a una expresidenta de la Nación. Pero el motor que debería sostener ese proceso muestra signos de fatiga. La mayoría de las causas duerme en la etapa de instrucción, los tribunales orales funcionan con jueces prestados, los restos de los desaparecidos siguen sin aparecer y el reloj de la impunidad biológica corre más rápido que el de la Justicia. Cada año que pasa sin sentencia es un imputado que muere, una víctima que no llega a ver la condena, una identidad que queda sin restituir. El relevamiento, frío y administrativo, termina siendo un recordatorio de una deuda que la democracia entrerriana todavía no terminó de saldar.
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