Los trece ex empleados del sindicalista Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege apelaron ante el Tribunal de Apelaciones la resolución que suspendió el remate de la chacra El Gran Chaparral, en el Cerro de los Burros, después de que la jueza laboral de 7° Turno de Maldonado, Ecatherina Cardozo, suspendió la subasta prevista para el 8 de junio a instancias de un exhorto del juez federal argentino de La Plata Ernesto Kreplak. Los trabajadores, que reclaman casi 2.000.000 de dólares en créditos laborales adeudados desde 2018 —y en algunos casos desde antes—, ven en la medida una postergación indefinida del único mecanismo concreto con el que contaban para cobrar sus acreencias.
Los abogados de los demandantes calificaron la decisión de la jueza Cardozo como “inoportuna” por haber sido adoptada a siete días hábiles de la fecha del remate, cuando las publicaciones legales ya estaban realizadas y el martillero Gabriel Etcheverry había solventado los gastos de publicidad.
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El primer argumento de la apelación apunta a la competencia: los abogados sostienen que un exhorto de cooperación internacional en materia penal solo puede ser recibido por un juez penal, no por un tribunal laboral. “El juez penal es el natural para recibir ese tipo de cooperación y no un juez laboral”, remarcó el abogado Guillermo Ahlers. En el escrito, también firmado por su colega María Eugenia Nocetti, señalaron que el Juzgado de Crimen Organizado de Uruguay ya había planteado esa misma posición en ocasiones anteriores, sin que Cardozo modificara entonces su criterio.
En este punto vale recordar que el ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación fue detenido el 4 de enero de 2018 en El Gran Chaparral en un operativo coordinado entre la justicia argentina y uruguaya.
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Sucede que el juez Ernesto Kreplak ya investigaba al ex secretario general del SOEME en la causa FLP 2436/2015/22, en la cual está acusado de liderar una organización destinada a cometer delitos, lavar activos y desviar fondos sindicales para beneficio propio.
El expediente de Kreplak —donde ya fueron condenados ex colaboradores de Balcedo— sostiene que el sindicato funcionaba como base de esa estructura y que parte del dinero habría provenido del vaciamiento de las arcas gremiales.
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En el allanamiento a la finca del también ex empresario de medios, se secuestraron 500.000 dólares en efectivo, cerca de 4,5 millones de pesos argentinos, euros, armas largas y cortas con municiones, una flota de vehículos de alta gama —Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz— y animales exóticos. La fiscalía uruguaya calificó el procedimiento como la mayor incautación de dinero en efectivo registrada en ese país.
En un proceso abreviado en Uruguay, Balcedo y Fiege admitieron su responsabilidad por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas. La condena del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno quedó firme el 1 de octubre de 2020.
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Tras cumplir el régimen de libertad vigilada, la pareja volvió a residir en la mansión. En Argentina, la extradición solicitada en 2018 permanece sin resolución. La Cámara Federal de Casación de La Plata rechazó en marzo de 2026 el pedido de Balcedo de garantías de no detención en caso de regresar al país.
El segundo argumento de los abogados de los ex empleados de Balcedo para recurrir la resolución de la magistrada de suspender el remate de El Gran Chaparral cuestiona la fundamentación de la resolución: los letrados entienden que la jueza “no explica en forma suficiente las razones por las cuales se remitió al pedido que recibió de Argentina mediante la autoridad central”. A su entender, la magistrada no analizó si el exhorto cumplía los requisitos para ser acogido por un juzgado laboral ni si correspondía suspender un proceso de ejecución con sentencias firmes a favor de los trabajadores.
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El argumento de fondo, no obstante, es el que los abogados consideran de mayor peso. Los trabajadores tienen fallos firmes a su favor y su embargo en el registro —anotado como “Camacho, Luis y otros. Ejecución de sentencia. N° 17.734, 26/10/2022”— es anterior al cautelar argentino. “La Justicia uruguaya no debe paralizar un remate por el pedido de un juez argentino cuando ni siquiera hay sentencia en ese país”, plantearon en el escrito. El Estado argentino, en cambio, solo cuenta con un embargo preventivo en el marco de una causa que, ocho años después de iniciada, aún no tiene condena para Balcedo. Para los demandantes, la decisión de la justicia uruguaya “solo beneficia a Balcedo y Fiege, quienes no perderán su residencia en El Gran Chaparral mientras se sigue discutiendo el tema en Argentina”.
La apelación también recurrió a los propios antecedentes de Cardozo. Años atrás, la misma jueza había resuelto seguir adelante con los embargos contra los bienes de Balcedo cuando el juzgado penal sostenía que no podía afectarlos por el pedido argentino, en una contienda de competencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, señalan los abogados, la magistrada adoptó la posición contraria.
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Tal como informó este medio, el exhorto que motivó la suspensión provino del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata. Ernesto Kreplak actuó a instancias de la fiscal federal María Laura Roteta y del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quienes tomaron conocimiento del remate a través de medios periodísticos y verificaron el edicto en el Diario Oficial uruguayo.
El Estado argentino había solicitado el embargo de El Gran Chaparral mediante exhorto del 15 de junio de 2018, reiterado en septiembre de 2019 y ampliado en diciembre de 2022 por un monto total de 26.000.000 de dólares.
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La postura de Kreplak va más allá de preservar los activos: su criterio es que, de producirse eventualmente una subasta, el producido sea girado a su juzgado para resarcir a las víctimas argentinas del vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), del que Balcedo era secretario general. Los fiscales sostuvieron en su dictamen que el remate era “a todas luces, improcedente” dado que sobre el inmueble pesan medidas cautelares vigentes desde 2018 y que un informe del Equipo Multidisciplinario uruguayo, creado por el Decreto N° 1786/2024, reconoció en mayo de 2025 la preferencia del Estado argentino sobre el bien.
La causa argentina avanza sin Balcedo y su pareja, ya que hasta ahora no fueron extraditados. El 18 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó a Mauricio Yebra —mano derecha de Balcedo en el gremio— y a varios exfuncionarios del SOEME por haber desviado más de 2.500 millones de pesos de los afiliados.
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La Cámara Federal de Casación de La Plata rechazó en marzo de 2026 el pedido del ex sindicalista de garantías de no detención en caso de regresar al país, y la extradición solicitada en 2018 permanece sin resolución.
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