Los abogados defensores abrieron la audiencia oponiéndose a la remisión a juicio de la causa que investiga los “contratos truchos” de la Legislatura. Cristian Panceri reclamó que se unifiquen las causas “contratos uno y contratos dos”. “No podemos juzgar primero a los partícipes y luego a los autores de una supuesta misma organización”, sostuvo.
—Vengo a oponerme a la elevación a juicio de esta causa—adelantó el abogado apenas reabierta la audiencia de remisión, este martes.
—Ya atravesamos esa etapa, doctor —le respondió la jueza de Garantías, Marina Barbagelata.
El abogado continuó. Dijo que rechaza la elevación a debate de la causa actual porque hubo una modificación de la plataforma fáctica, y porque está en marcha la causa “contratos truchos dos”. Por lo tanto, reclamó la unificación de ambas. “Estamos ante un hecho nuevo que nos obliga a reordenar”, apuntó y preguntó: “¿Son posibles dos juicios con la misma prueba?”.
Barbagelata rechazó la iniciativa de Panceri. “Esto no es un hecho nuevo. Es una conducta propia del Ministerio Público Fiscal (MPF), una decisión de seguir investigando. Además, todo esto ya fue tratado, la oposición de la remisión a juicio ya fue resuelta. Más adelante podrá verse el tema de la unificación, pero esta no es la instancia de resolverlo. Por economía procesal, vamos a continuar, no puede suspenderse esta remisión para ver qué pasa con la otra causa. Avanzamos”, comunicó.
Pese al rechazo, otros defensores adhirieron al planteo de Panceri. Emilio Fouces y Miguel Cullen. Pero sólo el primero pudo sumar argumentos. Dijo que más allá de la postura de la jueza, “es importante para el ejercicio de la defensa” la oposición al requerimiento de elevación a juicio. Sostuvo que el rechazo a la oposición que hicieron los defensores el año pasado, de alguna manera se diluyó. “Estando esta audiencia en cuarto intermedio, se publicaron noticias que estaría abierta la investigación penal preparatoria desde noviembre de 2025 de la causa Contratos dos. Sí es un hecho novedoso es que haya habido una apertura de causa, no el hecho que se investiga en la causa, que es el mismo que se investiga acá referido a otras personas. Esa circunstancia es gravitante para estrategia defensiva de nuestros pupilos. Entendemos que, en base a este hecho novedoso, creemos que debe ser reeditado su rechazo, porque cuando resolvió esa cuestión, no existía esta investigación que viene a variar la situación de esta causa”, expuso.
Quieren citar a un ex intendente destituido que ganó una demanda por daños y perjuicios
Los abogados ofrecieron algunos testimonios y desistieron de otros propuestos por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. También sugirieron la incorporación de prueba nueva, que no tiene que ver con el requerimiento de elevación a juicio.
Panceri pidió que se cite como testigos a Walter Maximiliano Clivio; José María Kramer; Ana María Kramer; Xiomara Battisti Orsich; y Milsiades José Zuluaga, ex intendente de Rosario del Tala.
Zuluaga fue destituido en dos ocasiones por supuestos hechos de corrupción, incluso fue detenido. Sin embargo, en 2016 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le dio la razón en una demanda por daños y perjuicios. Un informe de aquel momento que publicó Página Judicial y reprodujo El Entre Ríos, recuerda que el ex intendente accionó contra el Estado por las dos causas, por daños y perjuicios, y con un pronunciamiento de los vocales Leonor Pañeda, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, ganó la demanda.
“… Los vocales expresaron que la medida cautelar había sido declarada nula, lo que permitía al intendente seguir en el cargo mientras se avanzaba con la acción penal. Por lo tanto, existió ‘responsabilidad por error judicial’”. De modo que, para los vocales “la separación del cargo y por ende la detención, procesamiento y condena por continuación ilegítima en la función, fue manifiestamente ilegítima al desconocerse la vigencia de la medida de no innovar dictada por la Cámara”. Así se lee en las publicaciones de hace diez años atrás.
Por su parte, la abogada Victoria Halle hizo propia la prueba ofrecida por los fiscales, excepto la que fue rechazando en las audiencias pasadas. Y pidió que se incorpore y remita a juicio el reglamento interno del Tribunal de Cuentas. “Si bien es una norma, a esta defensa le sirve y lo mencionamos en distintas oportunidades”, marcó. Barbagelata aceptó la solicitud.
Iván Vernengo, abogado del imputado Alfredo Bilbao, también ofreció documental y testimoniales. Propuso que en un futuro juicio oral, se acerque a declarar José Eduardo Lauritto; Raúl Taleb; Héctor Strassera; Hernán Vitulo; José Cáceres; Soledad Pruzzo; Enrique Cresto; Aldo Ballestena; Ángel Giano; José Allende; Juan Carlos Navarro; Pablo Mendoza; Rosario Romero; Seguir Cornejo; Juan José Bahillo; Diego Lara; Sergio Urribarri; Casalongue Carlos; Daniel Ruberto; Antonio Alizegui; Alberto duro, Micaela Duro, Carlos Moya; Walter Clivio; José María Kramer; Ana María Kramer; Orsich Batisti Xiomara; Boss Gustavo Francisco; López Guillermo; Taylor Miño; Zalazar Estefanía; Quinteros Sandra; Secheto Maia Ibel; Muñoz Oscar; y Paulo Nicolás Ferreyra.
Por otro lado, Germán Fouces, codefensor junto a su padre Emilio, sugirió que se remitan a juicio contratos suscritos por los legisladores María del Carmen Toller; Silvio Valenzuela; 13 contratos suscriptos por Marcelo Bisogni; contratos suscriptos por Gustavo Guzmán; 10 suscriptos por diputado Ángel Vázquez; 14 contratos suscriptos por Daniel Ruberto; 18 contratos suscriptos por Leticia Angerosa; 14 contratos suscriptos por Juan Carlos Darrichón; 23 contratos suscriptos por Pedro Báez; 27 contratos suscritos por Diego Lara; 49 contratos suscriptos por diputado Juan José Bahillo; 28 contratos suscriptos por Juan Reynaldo Navarro; y 12 contratos suscriptos por Juan Reynaldo Navarro como presidente de bloque. Además de la documental, los abogados sugirieron que se cite a declarar a los legisladores.
Defensores ofrecieron prueba que a los fiscales se les negó
Además, los defensores Fouces ofrecieron todos los decretos legislativos emitidos cada seis meses con la renovación de contratos de obra, durante el período investigado (2008-2018), con sus anexos respectivos. Esto quiere decir que en la documenta figura el detalle de los contratados.
“Son los decretos que emitía semestralmente la Cámara de Diputados aprobando los contratos de obra, contienen el anexo con listado de todos los contratos incluidos en cada aprobación”, aclaró Fouces.
“Esa es la documental que requerimos a la Cámara de Diputados cuando estábamos investigando, y nunca nos fue remitida. No nos oponemos a que se incorpore”, dijo la fiscal Patricia Yedro.
Los abogados pidieron, también, la citación para el juicio de Nicolás Pierini, Carlos Pugliese (director de Resoluciones de la Cámara de Diputados); y que se incorporen informes de los ejercicios de cuentas del organismo, suscriptos por Luis Emilio Ramos y Raúl Rodolfo Rode. Asimismo, reclamaron que se incorpore una historia clínica del imputado Sergio Cardoso, que prueba que estuvo de licencia médica en algún momento del período investigado.
Y por último, solicitaron que se incorpore y remita a juicio un informe completamente nuevo, producido por el contador Cristian Dumé. Los abogados contaron que, dada la modificación de la plataforma fáctica que ocurrió hace pocas semanas, con la unificación de un listado de contratados legislativos sospechados, compuesto por más de 700 personas, el contador Cristian Dumé produjo un nuevo informe. El documento contrasta ese listado de más de 700 personas incorporado a la investigación con los decretos de cámara y sus anexos.
“Nos vamos a oponer a la incorporación de ese informe, porque Dumé es un perito de parte. Si bien es uno de los dos firmantes de la pericia oficial y está citado como testigo, este nuevo informe se produjo después, por propio interés de la defensa. Es una pericia de parte”, recalcó Yedro. Aramberry sumó: “Aparece esta actividad nueva que Fiscalía no pudo controlar ni conocer su producción”.
“No pudimos hacer antes esta prueba. Una vez que obtuvimos esos listados (los decretos de cámara con sus anexos), recién ahí pudimos avanzar con esto. Creemos que corresponde y es importante para el ejercicio de esta defensa”, pidió Fouces.
“La defensa justificó debidamente, quedó claro que es un informe novedoso para Fiscalía, lo produjo la defensa con información nueva”, adelantó la jueza.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio. Las partes estudiarán la documentación nueva, plantearán más adelante una postura al respecto.
Causa
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
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