El Gobierno dictó un protocolo para proteger la propiedad intelectual de la semillas y espera un salto exportador

A través de una resolución conjunta de la secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de las Semillas (Inase) el Gobierno estableció un protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas y con ello reducir su uso no autorizado.

En base a lo dispuesto por la ley de Semillas N° 20.247, el nuevo protocolo tendrá como objetivo “el control de la identidad varietal en grano” para proteger “los derechos de los obtentores sobre las variedades vegetales registradas” y establece mecanismos destinados a asegurar “la propiedad intelectual sobre las creaciones fitogenéticas”.

Con esta regulación publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno estima que se generará un salto exportador para el sector agropecuario.

“Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”, señaló en la red social X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los considerandos de la norma señalan que a los fines de garantizar el correcto uso de variedades protegidas, resulta necesario impulsar la suscripción de acuerdos con entidades privadas especializadas que puedan colaborar activamente, aportando capacidad técnica, infraestructura y métodos específicos.

“La articulación entre el sector público y el sector privado permitirá optimizar los procesos de control, garantizando una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado de semillas, así como la adecuada protección de los derechos de los obtentores, lo que a su vez constituye un incentivo clave para la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial”, sostiene la resolución oficial.

El control de la identidad varietal en granos funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega, realizado únicamente en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

La toma de muestras sigue procedimientos técnicos específicos y solo pueden analizar las muestras las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que tengan convenio o estén habilitadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

El análisis se realiza utilizando métodos reconocidos por el INASE. Luego, los laboratorios deben remitir los resultados de forma inmediata y simultánea al titular de la variedad registrada y al titular de la muestra.

El propietario de la tecnología dispone de 60 días corridos desde la emisión del certificado de análisis para presentar una denuncia si detecta un uso irregular. Durante ese plazo, las muestras se conservan en un sobre cerrado. Si se inicia una acción legal, el plazo de conservación se suspende hasta que la muestra sea remitida al INASE.

Si el titular de la variedad presenta una denuncia, solicita que la entidad que hizo el análisis envíe la muestra de respaldo y la porción analizada al INASE, que luego da curso a las acciones administrativas correspondientes.

El protocolo se aplica a los cultivares inscriptos a partir de la publicación de la norma y el incumplimiento puede ser sancionado según la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247. El procedimiento busca garantizar trazabilidad y transparencia en el mercado.

La medida surge al mismo tiempo que se espera el debate de una actualización de la Ley de Semillas. Cabe recordar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el director del INASE, Martín Famulari, se reunieron a fines de abril con entidades agropecuarias y representantes del sector semillero para analizar un nuevo proyecto orientado a fortalecer el control sobre el uso de semillas.

Entre los principales ejes del nuevo proyecto se destacan el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos; este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión.

“La iniciativa presentada por el Gobierno nacional busca equilibrar la protección efectiva de los derechos de los obtentores, que resulta clave para incentivar la inversión en innovación, con el respeto de los derechos de los productores establecidos en la normativa vigente”, habían asegurado fuentes oficiales.