El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa judicial al ex gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, sumó este jueves un nuevo capítulo de alto impacto político y judicial.
Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantías, en el marco de la investigación impulsada por el fiscal José Arias, quien busca reconstruir presuntos movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por el ex mandatario provincial.
Los procedimientos se desplegaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Concordia y apuntaron principalmente a comercios vinculados al rubro pinturería y a una residencia ubicada en el exclusivo barrio privado Altos de Zorraquín, en la zona Norte de esa ciudad. Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, los operativos tuvieron como objetivo el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y cualquier elemento considerado de interés para profundizar la pesquisa.
Dos de los allanamientos se realizaron en sucursales de la firma “Colorshop”, una emplazada sobre avenida San Lorenzo Este al 21 y otra en la intersección de Urquiza y Salta. El tercer procedimiento tuvo lugar en el comercio “Super Color”, situado sobre avenida Independencia al 350, en inmediaciones del barrio La Bianca. El cuarto operativo -considerado el más sensible desde el punto de vista investigativo- se concretó en una vivienda del barrio Altos de Zorraquín perteneciente al empresario Salvador Carubia.
El nombre de Carubia aparece en el expediente como uno de los presuntos testaferros vinculados al entorno económico de Bordet. Los investigadores sospechan que podría haber actuado como intermediario o titular aparente de bienes y movimientos patrimoniales que serían objeto de análisis judicial. El dato adquiere además un peso institucional significativo debido a que Salvador Carubia es sobrino del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Daniel Omar Carubia.
Las medidas adoptadas durante el allanamiento en el barrio privado revelan la orientación que tomó la investigación en esta nueva etapa. De acuerdo con la información difundida por el portal Concordia Policiales, la policía secuestró el teléfono celular del empresario, dos notebooks y un pendrive. Todo ese material tecnológico será sometido a pericias informáticas y de extracción de datos, una instancia considerada clave para determinar eventuales vínculos financieros, comunicaciones, transferencias o registros documentales que permitan seguir la ruta del dinero investigado.
En los restantes procedimientos, los efectivos buscaron documentación comercial, registros contables y otros elementos susceptibles de aportar evidencia sobre posibles maniobras económicas irregulares. La hipótesis de la fiscalía apunta a determinar si existió una estructura destinada a ocultar o disimular bienes mediante terceros, una modalidad que suele ser objeto central en las investigaciones por enriquecimiento ilícito.
La causa ya había tenido movimientos de fuerte repercusión pública a comienzos de mayo, cuando la Justicia ordenó allanamientos en propiedades directamente vinculadas al ex gobernador. En aquella oportunidad, los operativos incluyeron la vivienda de Bordet sobre calle Urquiza, en cercanías del numeral 800, además de una propiedad lindera y otra residencia ubicada en Villa Zorraquín. Aquellas medidas marcaron el inicio visible de una investigación que desde entonces comenzó a expandirse hacia personas y ámbitos comerciales ligados al círculo de confianza del ex mandatario.
El expediente judicial se desarrolla en un contexto político particularmente sensible para el peronismo entrerriano. La figura de Bordet conserva peso dentro de la estructura partidaria provincial y su situación judicial genera atención tanto en ámbitos políticos como institucionales. Cada nuevo procedimiento ordenado por la Fiscalía incrementa la expectativa sobre el volumen de pruebas que podrían surgir en torno al patrimonio acumulado durante los años de gestión.
Fuentes judiciales señalaron que las pericias sobre los dispositivos secuestrados podrían demandar varias semanas debido al volumen de información a analizar. En investigaciones de esta naturaleza, los mensajes, archivos digitales, movimientos bancarios, correos electrónicos y registros contables suelen transformarse en piezas determinantes para reconstruir relaciones comerciales y posibles triangulaciones patrimoniales.
Mientras tanto, el avance de la causa vuelve a colocar en el centro de la escena el debate sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos y el alcance de las investigaciones por corrupción en Entre Ríos.
En Concordia, los allanamientos de este jueves dejaron una postal contundente: móviles policiales frente a comercios céntricos, efectivos retirando material informático y una investigación que continúa avanzando sobre el entramado económico que rodeó al ex gobernador.
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