Empezó el control de prueba colectada en el marco de la investigación por la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura. Así estaba previsto para este jueves, según había adelantado la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Se mencionaron numerosas personas para llamar a declarar, pero resaltaron los nombres del ex vicegobernador, Adán Bahl; los ex senadores nacionales Sigrid Kuntah y Pedro Guastavino; el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas; los ex secretarios de las dos cámaras legislativas, Natalio Gerdau y Nicolás Piernini; el ex contador General de la provincia, Aurelio Miraglio; la contadora Adjunta del Gobierno, Claudia Kelly; y el actual contador General de la provincia, Rodrigo Andrés Zabala.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, encargados de la investigación, enumeraron actas de allanamientos, secuestros y requisas de distintas personas, inmuebles y vehículos, además de informes telefónicos, redes sociales y elementos informáticos. De este modo, se ordenaron testimoniales de numerosos oficiales de policía, peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal, delegados judiciales, funcionarios empresariales, dirigentes políticos, funcionarios legislativos y testigos civiles, entre otros. En algunos casos puntuales, las defensas hicieron reservas o advirtieron que, determinada evidencia, se encuentra controvertida a la espera de resoluciones judiciales en instancias superiores.
Entre los testigos que se citarán en un futuro juicio, se mencionó a:
- Blanca Ramírez;
- Cinthia Criscione Londero;
- Clarisa Aiello;
- Fernando Ariel Villaverde;
- Fabián Edgardo Candapay;
- Constanza Bessa;
- Fernando Ferrari (ingeniero del Gabinete de Informática del MPF);
- Diego Alberto Almada;
- Héctor Rubén Aguiar;
- Martín Pablo;
- Juan Eduardo Lederhos;
- Sofía Patat;
- Alejandro Vitas (Gerente de Asuntos Legales del Banco de Entre Ríos);
- Sigrid Kunath (ex senadora nacional 2013-2019);
- Pedro Guastavino (ex senador nacional 2007-20199;
- Federico Tomas (ex presidente interino del Tribunal de Cuentas 2016-2020);
- Natalio Gerdau (ex secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos 2015-2020);
- Nicolás Piernini (ex secretario de la Cámara de Diputados de la provincia 2011-2019);
- Zulma Argañaráz;
- Walter Gabriel González;
- María del Huerto Felgueres;
- Fernando Villaverde;
- Mariela Romero;
- María Florencia Baigorria;
- María de las Mercedes Nin; Eduardo Martín Tórtul;
- Carlos De Angeli (Escribano);
- Aurelio Miraglio (ex contador General de la provincia 2011-2023);
- Claudia Kelly (miembro de la Contaduría General de Entre Ríos);
- Rodrigo Andrés Zabala (Contador General de Entre Ríos);
- León Albornoz (jefe de Asuntos Legales de Enersa);
- Consuelo Vigo (apoderada de la empresa Pilay);
- Roberto Oscar Actis (jefe de División Jurídica de la Regional Paraná de AFIP –actualmente ARCA);
- Adán Bahl (ex Vicegobernador 2015-2019).
(NdR: por decisión editorial, no se nombraron testigos civiles. Sí a quienes son policías, delegados judiciales, tienen algún cargo jerárquico o función en la administración pública o empresarial).
Durante la jornada se llegó a ofrecer la mitad de la evidencia documental y testimonial. La audiencia de remisión a juicio del legajo continuará este viernes. Está previsto que se avance con el resto de la prueba que guardan los fiscales para sostener las acusaciones.
Investigan una asociación ilícita
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Todos constituyeron, según la hipótesis de la acusación pública, una asociación ilícita. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
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